El Leviatán desarmado: el monopolio de las armas
en las provincias del Cauca, 1830-1855*
The Unarmed Leviathan: The Arms Trade Monopoly
in the Provinces of Cauca, 1830-1855
O Leviatã desarmado: o monopólio das armas
nas províncias do Cauca, 1830-1855
Luis Ervin Prado Arellano
Universidad del Cauca (Colombia)
luisprad30@yahoo.es
DOI: http://dx.doi.org/10.29078/rp.v0i49.732
Fecha de presentación: 30 de marzo de 2018
Fecha de aceptación: 16 de julio de 2018
Artículo de investigación
Procesos: revista ecuatoriana de historia, n.º 49 (enero-junio 2019), 11-38. ISSN: 1390-0099; e-ISSN: 2588-0780
* El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación doctoral titulado
“La organización de los ejércitos republicanos en la Nueva Granada: provincias del Cauca
(1830-1855)”, que ha contado con el apoyo de una beca de estudios de la Universidad An-
dina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en el Área de Historia (2014-2015), y una comisión de
estudios al exterior de la Rectoría y Vicerrectoría Académica de la Universidad del Cauca.
RESUMEN
El artículo estudia el monopolio de las armas del Estado de la Nueva
Granada en la primera mitad del siglo XIX, como parte de la política
de uso exclusivo de la fuerza y la violencia legítima del régimen
ocial. Aunque el objetivo de las autoridades era mantener
el material bélico bajo su control, al promover la organización
de Guardias Nacionales en los distritos parroquiales tuvieron
que distribuir armas entre los milicianos para mantener el orden
y la disciplina de las compañías. Además, las guerras
de Independencia y los conictos civiles contribuyeron a una mayor
dispersión del material bélico, que terminó en manos
de grupos que desaaron al Estado.
Palabras clave: historia latinoamericana, Nueva Granada, Cauca,
ejército, formación del Estado, milicias, guerras de independencia.
ABSTRACT
The article examines the State’s arms trade monopoly in New Granada
in the rst half of the nineteenth century as part of the ofcial regime’s
policy of exclusive use of force and legitimate violence. Although the
goal of the authorities was to keep control over warfare materials,
when they promoted the organization of the National Guards in parish
districts, they had to distribute arms among the militiamen in order to
uphold law and order, as well as discipline in the companies.
In addition, the wars of Independence and the civilian conicts
contributed to a wider dispersion of these warfare materials, which
ended up in the hands of groups who were challenging the State.
Keywords: Latin American history, New Granada,
Cauca, army, formation of the State, National Guard,
militiamen, wars of Independence.
RESUMO
O artigo estuda o monopólio das armas do Estado da Nova Granada
na primeira metade do século XIX, como parte da política de uso
e aplicação exclusiva da força e da violência legítima do régime
ocial. Embora que o objetivo das autoridades fosse manter
o material bélico no seu controle, ao promover a organização de
Guardas Nacionais nos distritos paroquiais, tiveram que distribuir
armas entre ás milícias como condição para conservar á ordem e á
disciplina das companhias. Além disso, ás guerras de independência
e os conitos civis contribuíram para uma maior dispersão
do material bélico que, nalmente, cou nas maus dos grupos
armados que desaarom frente o Estado.
Palavras chave: História Latino-americana, Nova Granada, Cauca
exército, formação do Estado, milícias, guerras de independência.
introduCCión
Como consecuencia del cese de alarma de guerra contra los facciosos, el
9 de abril de 1840 el gobernador de Popayán Manuel José Castrillón soli-
citó al comandante del medio batallón de Guardia Nacional Auxiliar de la
parroquia del Tambo, Benito María Beltrán, recoger las armas que entre los
milicianos se habían distribuido y entregarlas al teniente coronel Jacinto Cór-
dova Muñoz. Al día siguiente, desde Popayán, Beltrán contestó que, debido
a que su nombramiento no obtuvo “el cúmplase del jefe militar de esta pla-
za”, se desentendió de la comandancia de dichas compañías. Además, para
evitar recelos acerca de que estaba organizando y disciplinando tropas para
favorecer la facción, optó por retirarse a su casa. De esta manera el ocial
concluía que ignoraba: “cuál sea el número de armas que haya en los indivi-
duos en cuyo poder existan”. Así mismo, agregaba, que no podía exigírsele
la responsabilidad de las armas, pero señaló que, si se mejoraba su salud, ha-
ría de buena voluntad la comisión, siempre y cuando se le reconociesen los
bagajes para trasladarse a la parroquia de El Tambo y al sitio de Quilcacé.
1
Las indagaciones posteriores señalaron que la administración militar y
la tesorería de hacienda, particularmente, invalidaron el nombramiento de
Benito María Beltrán de comandante del medio batallón de El Tambo, pues
según el tesorero Rafael Irurita, el general Pedro A. Herrán no estaba auto-
rizado para levantar más compañías de Guardia Nacional, como tampoco
para nombrar nuevos ociales en servicio. Independiente del conicto de
papeles
2
suscitado entre el comandante de operaciones sobre Pasto y el teso-
rero de hacienda de Popayán, el hecho fue que Herrán, al nombrar a Beltrán
para organizar las compañías de milicianos, entregó armas para su forma-
ción y disciplina, pero como nalmente dichas compañías nunca fueron ins-
titucionalizadas las bocas de fuego quedaron en poder de los parroquianos.
El acontecimiento pone en evidencia uno de los retos y paradojas que en-
frentó la formación del Estado de la Nueva Granada: el monopolio de las ar-
mas, uno de los pilares fundamentales para la efectiva retención del legítimo
monopolio de la fuerza y la violencia. Durante la primera mitad del siglo XIX,
el Estado republicano se vio abocado a la organización de cuerpos armados,
1. Archivo General de la Nación (AGN), Secretaría de Guerra y Marina, t. 245, ff.
566-567.
2. El conicto de papeles es un tecnicismo utilizado en la sociología de la organización
que alude al momento en que un miembro de la organización debe cumplir órdenes de
varias personas, cuyas expectativas son diferentes. Renate Mayntz, Sociología de la organi-
zación (Madrid: Alianza Universidad, 1980), 109-110.
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ya fueran estos regulares (el ejército permanente) o milicianos (las guardias
nacionales), para enfrentar las diversas conmociones internas que se presen-
taron de 1830 a 1855. Pero organizarlas implicaba la entrega de equipo militar
para el entrenamiento y disciplina de los hombres, en un período donde el
proceso de organización de varias entidades estatales y la institucionaliza-
ción de prácticas administrativas se construía sobre la marcha y, por ende, no
tenían la ecacia suciente de control y cumplimiento de las normas.
3
El presente artículo intenta identicar las políticas que durante los años
treinta hasta los cincuenta del siglo XIX, promovieron las autoridades estata-
les neogranadinas en las provincias del Cauca respecto al monopolio de las
armas. Señala, además, la incoherencia que el Estado republicano enfrentó y
que distó de ser resuelta en el período de estudio, ya que, si bien era necesario
la organización, el adiestramiento y el equipamiento de cuerpos armados, la
distribución y la inspección del equipo bélico fueron un constante problema
para el Estado naciente. Distribuir las armas era una cosa, pero controlarlas
otra; allí se manifestó su fragilidad, ya que un alto porcentaje de la población
nalmente se quedó con ellas, y en muchos casos fueron usadas en su contra.
En efecto, parte de la contradicción radicó en que, durante esos años,
la fuerza armada terrestre de la Nueva Granada se dividió en dos grupos:
el ejército permanente y la Guardia Nacional. El primero era un cuerpo re-
gular con vocación profesionalizante, el cual fue ubicado en los principales
puntos estratégicos de la geografía del país, pero, por su reducido tamaño
3. Para los términos expositivos del presente artículo asumo la existencia de un Estado
en formación que, como todo proceso social, es contingente y accidental, con sus ascensos
y regresiones. En efecto, desde el momento en que las huestes libertadoras ocuparon el al-
tiplano cundiboyacense se hizo evidente que los esfuerzos de la alta ocialidad del ejército
por organizar diversas instancias y prácticas administrativas se fueron institucionalizando
con el objetivo de extraer recursos para nanciar las siguientes campañas militares en Ve-
nezuela y en el sur. Dicho proceso continuó con altibajos a lo largo de los veinte y en las
décadas siguientes, cuando a partir de la Constitución de 1832 se formalizó el Estado de
la Nueva Granada. En este sentido, asumo la presencia de una organización estatal que, a
pesar de sus precariedades, logró hacer cierta presencia en el ámbito rural y se convirtió
en un actor en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres neogranadinos. Sobre la
centralidad del Estado se pueden consultar los trabajos: Malcolm Deas, “La presencia de
la política nacional, en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el primer
siglo de la república”, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura
colombianas (Bogotá: Tercer Mundo, 1993), 175-206; Juan Maiguashca, “El proceso de inte-
gración nacional en el Ecuador: el rol del poder central, 1830-1895”. En Historia y Región en
el Ecuador, 1830-1930, ed. por Juan Maiguashca (Quito: Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, FLACSO Ecuador / York University / CERLAC / IFEA, 1994), 355-431; Juan
Maiguashca, “Dirigentes, políticos y burócratas: el Estado como institución en los países
andinos, entre 1830-1890”, Historia de América Andina. Creación de las repúblicas y formación
de la Nación, vol. 5 (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2003), 211-273.
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(osciló en una media de 3.000 hombres en el período de estudio), se hizo
necesario constituir un cuerpo de reserva, la Guardia Nacional. Este último,
se constituyó en todas las provincias, a partir de enrolar a los vecinos de las
parroquias en compañías de infantería o caballería, los cuales debían asistir
los nes de semana al adiestramiento, para estar preparados en el momento
en que se le llamara al servicio activo. Empero, en el proceso de cristalización
de este tipo de unidades de combate, a sus miembros se les entregaban las
armas, las cuales debían mantenerlas y presentarlas durante los ejercicios de
entrenamiento o cuando entraban en servicio activo. Esta política de promo-
ción de una fuerza de reserva para ser llamada al servicio por conmoción
interior o invasión extranjera promovió, a su vez, la pérdida de control del
Estado de sus bocas de fuego y con ello contribuyó a militarizar la sociedad
y hacer más volátil el orden público.
En buena medida, la elaboración del texto se hizo con base en los depó-
sitos documentales sin catalogar existentes en el Archivo Central del Cauca
(ACC) en Popayán, denominado Archivo Muerto, entre los años treinta a
los cincuenta. Dicho fondo está constituido por miles de manuscritos pro-
cedentes de los diferentes ramos de la administración provincial (gobierno,
hacienda, justicia, instrucción pública, alcaldías parroquiales, entre otros),
los cuales son un rico acervo histórico para indagar los procesos de cons-
trucción del Estado. Para esta investigación, se utilizó la información proce-
dente de diversas dependencias estatales que trataban del ramo de guerra,
especialmente sobre organización de las guardias nacionales e igualmente se
complementó con la consulta de otros archivos como el Archivo General de
la Nación en Bogotá, el Archivo Histórico de Buga, entre otros.
La poLítiCa de reCoLeCCión
de armas y sus difiCuLtades
Los estudios respecto a la formación del Estado moderno han señalado
que los pilares de su formación han estado ligados a la construcción de dos
monopolios básicos: la hacienda pública y la violencia. La construcción de
este último debería permitir que, a mediano y largo plazo, la autoridad esta-
tal monopolizara las armas, como parte del uso legítimo de la fuerza y vio-
lencia, en detrimento de la privada. Este ejercicio garantizaría la seguridad
de los ciudadanos e inhibiría las probabilidades de levantamientos armados
contra la autoridad legítima del Estado.
4
4. Si bien para el caso colombiano no existen trabajos en esta línea heurística, hay
varios estudios en esta vía para el caso latinoamericano: Fernando López Alves, La forma-
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No obstante, tales planteamientos provenientes en buena medida de las
reexiones pioneras de Max Weber acerca de la construcción del Estado y re-
tomados parcialmente por sociólogos como Charles Tilly en la academia nor-
teamericana, quien elaboró un modelo para explicar el proceso por medio
del cual en Europa se impusieron los Estados-Nacionales en detrimento de
otras vías de estatalidad, poca cabida tiene en América Latina.
5
En efecto, los
recientes trabajos respecto a la formación del Estado en nuestro continente
indican la poca capacidad coercitiva que tenían dichas estructuras de domi-
nación y muchas veces el centro político debió negociar para tener un cierto
nivel de gobernabilidad y lograr extraer recursos de los territorios donde
nominalmente ejercía la soberanía.
6
En el caso de la Nueva Granada, y particularmente en las provincias del
suroccidente constituidas a partir del desmembramiento de la otrora gober-
nación colonial de Popayán, el ejercicio estatal de monopolizar las armas
fue tortuoso por varias razones. Una de ellas fue que las guerras de inde-
pendencia en la región duraron aproximadamente dos décadas, de 1809 a
ción del Estado y la democracia en América Latina, 1830-1910 (Bogotá: Norma, 2003); Miguel
Ángel Centeno, Sangre y deuda. Ciudades, Estado y construcción de nación en América Latina
(Bogotá: Universidad Nacional, 2014).
5. Para los planteamientos seminales de la construcción del Estado por vía de la coer-
ción véase Max Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de la Sociología comprensiva (Bogotá:
Fondo de Cultura Económica, 1997), 661-700; Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados
europeos, 990-1900 (Madrid: Alianza Universidad, 1992). Sobre América Latina y los incon-
venientes de aplicar los modelos weberianos y tillyano véase las obras de Centeno y López
Alves mencionadas en la nota anterior.
6. Miguel Ángel Centeno, “The Centre did not Hold: War in Latin American and the
Monopolisation of Violence”, Studies in the formation of the Nation State in Latin American,
ed. por James Dunkerley (Londres: Institute of Latin American Studies / University of
London, 2002), 54-76. En los últimos años han emergido en Latinoamérica estudios sobre
el ejército republicano y su función en la construcción del Estado, los cuales indican que si
bien tuvieron un lugar central en la formación estatal, también señalan las dicultades y
el proceso tortuoso, y en muchos casos incompleto, en el siglo XIX para consolidarse como
el monopolio legítimo de la violencia. Al respecto véase: Juan Carlos Garavaglia, “Ejército
y milicias: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares, 1810-1860”,
Anuario IEHS, n.º 18 (2003): 153-187; Juan Carlos Garavaglia, “La apoteósis del Leviathán:
el estado en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX”, Latin American Research
Review 38, n.º 1 (2003): 135-168; Alejandro M. Rabinovich, “La imposibilidad de un ejército
profesional: Ramón Cáceres y el establecimiento de los procedimientos burocráticos en
las fuerzas del Río de la Plata, 1810-1830”, Quinto Sol 7, n.º 1 (2013): 1-24; Alejandro M.
Rabinovich, “La máquina de guerra y el Estado: ejército de los Andes tras la caída del
Estado central del Río de la Plata en 1820”. En Las fuerzas de guerra en la construcción del
Estado: América Latina siglo XIX, ed. por Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro Ruiz y Eduardo
Zimmermann (Buenos Aires: Protohistoria Ediciones / Universitat Pompeu Fabra, 2012),
205-240.
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1826. Dicha situación generó con el tiempo que buena parte de los equipos
bélicos quedaran en manos de civiles, quienes, según las circunstancias, eran
guerreros en un tiempo y parroquianos en otro. La tendencia aludida tuvo
su máxima expresión en las guerrillas que operaron entre el valle del Patía y
Túquerres, hasta mediados de los años veinte del siglo XIX.
7
Por otra parte, la difícil situación política de aquellos años poco contri-
buyó para que el naciente Estado republicano promoviera una política regu-
lar y coherente, encaminada a monopolizar las armas y concentrarlas en los
parques por parte de las autoridades legalmente constituidas. La rebelión
contra Bolívar en 1828, el golpe de Estado en Bogotá por Rafael Urdaneta y
sus repercusiones en el Cauca (la agregación formal al Ecuador y los pronun-
ciamientos que se desataron posteriormente contra la dictadura entre 1830 y
1831) fueron escenarios que coadyuvaron a la formación de fuerzas armadas
colecticias que respondían más a las necesidades políticas del momento que
a una institucionalidad militar, que fomentó la distribución de las armas en-
tre los habitantes enrolados en uno de los bandos en conicto.
8
Con la carta fundamental de 1832 se organizó el Estado de la Nueva Gra-
nada y una de las primeras medidas fue retomar el proceso de construcción
del monopolio de la fuerza y la violencia, fuertemente golpeado en los años
anteriores.
9
En efecto, durante los siguientes años, el poder legislativo de la
mano de la Secretaría de Guerra y Marina, promovió una serie de decretos
y leyes orgánicas encaminados a organizar el ejército permanente y las de-
nominadas ahora Guardias Nacionales (anteriormente milicias nacionales).
10
7. Sobre la guerra de Independencia en la gobernación de Popayán véase: Francisco
Zuluaga, “La independencia en la gobernación de Popayán”. En Historia del Gran Cauca,
historia del suroccidente colombiano, ed. por Alonso Valencia (Cali: Universidad del Valle,
1994); Francisco Zuluaga, Guerrilla y sociedad en el Patía. Una relación entre clientelismo polí-
tico e insurgencia social (Cali: Universidad del Valle, 1993); Sergio Elías Ortiz, Agustín Agua-
longo y su tiempo (Bogotá: Banco Popular, 1974); Eduardo Pérez O., La guerra irregular en la
Independencia, 1810-1830 (Tunja: Ediciones la Rana y el Águila, 1982).
8. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, t. 1 (Bogotá: Banco Central
Hipotecario, 1990).
9. Un ejemplo de esta desregulación de la institucionalidad se expresó a partir de
1827, en que dejaron de realizarse las sesiones normales del Congreso colombiano. En
1828 fue convocado pero no se realizó por falta de quórum y, al fracasar la convención de
Ocaña, se le otorgaron a Simón Bolívar facultades extraordinarias y la legislatura nacional
de Colombia no se volvió a reunir hasta 1830, con el carácter de Congreso Constituyente.
Armando Martínez, La agenda de Colombia, t. II (Bucaramanga: Universidad Industrial de
Santander, 2008).
10. Estas leyes fueron inicialmente las decretadas durante la experiencia de Colom-
bia. La ley que jaba el pie de fuerza armado anual, determinado por el Congreso de
Cúcuta, según la atribución decimotercera del art. 55 de la Constitución, raticada en la
Ley Orgánica Militar del 18 de abril de 1826, en el cap. III, art. 16 y, posteriormente, en la
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Bajo este contexto, se hizo prioritario conocer el estado de la infraestructura
locativa castrense, entre ellas los parques militares, su distribución y la con-
centración del equipo bélico en cada una de los sitios designados para tales
menesteres.
De hecho, para inicios de los años treinta, la situación respecto de la dis-
tribución de las armas era calamitosa. Por ejemplo, el 22 de febrero de 1833
el juez municipal de Popayán comunicó al gobernador la difícil situación
judicial que atravesaba, señalando que el alcalde parroquial de La Sierra,
Severino Correa, levantó un sumario contra el soldado miliciano León Ortiz
por herir gravemente a María Cifuentes con un fusil que poseía. Pero que,
por temor, el funcionario archivó el sumario, pues en la localidad había unos
80 fusiles en manos de los milicianos y temía represalias por parte del vic-
timario y de sus compañeros si obraba en justicia. Solicitaba se recogieran
las armas y se concentraran en el parque de Popayán para “cortar de raíz
el mal”, porque estas habían elevado el número de delitos, pues, según su
modo de ver: “todo esto data desde que los hombres se hallan autorizados
con las armas que debían estar en el parque […] un malvado con un fusil en
su poder se cree autorizado para dar rienda suelta a sus brutales pasiones y
cometer los excesos que le impone el desespero”.
Finalmente, concluía que, si subsistía el estado de cosas, el orden, la mo-
ral y la ley pública serían simplemente letra muerta e instaba a encargar a un
hombre capaz de recoger las bocas de fuego.
11
Pero no solo era una población
armada bajo la etiqueta de milicianos o guardias nacionales la que pululaba
en la provincia. Una de las principales herencias que dejaron los convulsivos
años previos a la década de los treinta fueron partidas armadas que en algún
momento formaron parte de las fuerzas en contienda, pero que al desmovi-
lizarse terminaron mutándose en partidas de “salteadores”.
12
En efecto, por las situaciones previamente mencionadas, durante los si-
guientes años diversas órdenes se emitieron respecto a la urgente necesidad
de concentrar las armas en los parques militares de Cali, Popayán o Buga;
como también entregarlas al administrador de la factoría de tabacos de Pal-
Constitución de 1832, en la Ley de 10 de junio de 1833 sobre la organización del ejército
permanente, la Ley Orgánica militar del 18 de abril de 1826, según consta en la Codicación
nacional de todas las leyes de Colombia, t. II (Bogotá: Imprenta Nacional, 1924), 291-299; así
como en la Ley de junio 10 de 1833 que organiza el ejército permanente, ibíd., t. V. Sobre la
Guardia Nacional: Ley 1º de abril de 1826 de Orgánica de milicias y Ley de 3 de mayo de
1826, Orgánica marinera, ibíd., t II, 251-347 y 347-352; Ley de junio 2 de 1842, adicional a
las orgánicas del ejército y Guardia Nacional, ibíd., t. IX, 392-399.
11. Archivo Central del Cauca. Archivo Muerto (ACC. AM), 1833, paquete 23, leg. 25.
12. A lo largo de los años de estudio en el Patía, en las áreas selváticas de Caloto e
inmediaciones del Juanambú, fueron frecuentes los informes que señalaban la presencia
de partidas armadas que cometían asaltos.
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mira, pues en diversas ocasiones sus partidas de vigilancia se quejaron de las
agresiones que sufrían cuando intentaban erradicar plantaciones clandesti-
nas de la hoja.
13
Sin embargo, las políticas de recolección de armas de fuego o blancas
(lanzas o sables) no fueron siempre letra muerta. Durante los años 1834 y
1835, los alcaldes de Tunía, Cajibío, Paniquitá, Guambía y de los sitios de
Ovejas y Pescador, remitieron las que habían conscado a varios vecinos;
similares acciones se hicieron en la jurisdicción de Buga.
14
Esta medida fue
promovida por la Secretaría de Guerra y Marina, que exigió que el parque
principal de la región estuviese en Popayán, situación que se consolidaría
administrativamente a partir del establecimiento del Departamento de Gue-
rra del Sur en 1842; una jurisdicción militar encargada de ejecutar las órdenes
militares para las provincias que comprendían desde Chocó hasta Pasto.
15
La
política de recolección de armas por lo general era más evidente y puntillosa
13. No debemos olvidar que durante los años de estudio, y hasta nales de los cua-
renta, la hoja de tabaco formó parte de una renta monopólica del Estado y su cultivo fue
restringido a ciertas áreas, distribuyendo patentes a los campesinos, quienes debían ven-
der la hoja a la factoría de tabacos, que en el suroccidente se hallaba en Palmira, donde
se procesaba y se distribuía a los diversos estanquillos locales. Sobre el tema véanse los
estudios clásicos de Margarita González, “El estanco colonial de tabaco”. En Ensayos de
historia colombiana (Medellín: La Carreta, 1977), 67-181; Luis F. Sierra, El tabaco en la econo-
mía colombiana del siglo XIX (Bogotá: Universidad Nacional, 1971). Sobre las agresiones a
los guardas de tabaco: Carta del jefe político municipal del cantón, Cartago, 22 de junio de
1833; carta del jefe político municipal del cantón, Cartago, 3 de septiembre de 1833; Carta
comandancia de la guarnición del valle del Cauca, Buga, junio 4 de 1833; Comandancia de
la Guarnición del valle del Cauca, Cali, mayo 17 de 1833; Comandancia de la Guarnición
del valle del Cauca, Cartago, julio 17 de 1833, ACC. AM, 1833, paquete 23, leg. 2, 25, 32.
14. Carta jefatura militar de la provincia, Popayán, 13 de enero de 1834, en donde se
señala la remisión de armas recogidas en la provincia de Buenaventura para concentrarlas
en el parque de Popayán, ibíd., 1834, paquete 24, leg. 25; Cartas de la jefatura política, Po-
payán, 22 de mayo de 1835; Jefatura política, Popayán, 7 de julio de 1835; Pedro Antonio
Mera al Gobernador de Popayán, Ovejas, julio 20 de 1835; “Lista de las armas entregadas
por el alcalde parroquial de Tunía”, 22 de abril de 1835, ibíd., 1835, paquete 25, leg. 53;
Carta de Factoría de tabacos de la provincia de Popayán, Palmira, 29 de diciembre de
1834, donde informa la recolección de armas en Buga, Caloto y Toro y que unas han sido
utilizadas para organizar la ronda volante del resguardo de tabacos.
15. Los Departamentos de Guerra fueron una división territorial administrativa es-
tablecida por medio del Decreto de 25 de junio de 1842, para una mejor gestión de los
recursos y control del ramo militar en las regiones. Era pues una jurisdicción militar que
centralizara las cuentas de gastos de las Comandancias de Armas y la información bá-
sica de los parques, cuarteles y batallones que estaban en cada provincia. La división se
hizo con base en la antigua jurisdicción de departamentos de la experiencia de Colombia
(1821-1831), constituyéndose seis departamentos militares: El Sur, Cundinamarca, Boyacá,
Cartagena, Santa Marta y el Istmo.
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poco después de nalizado un conicto bélico, pues entre sus diversos efec-
tos estaba la dispersión del equipo de guerra. No es gratuito que sea en el
bienio de 1834-1835, poco después de concluir la campaña de recuperación
de la provincia de Pasto en 1832, cuando emergen en la documentación ór-
denes respecto a la recolección de armamento en la región. Similar tendencia
se percibe en los meses siguientes a la nalización del levantamiento armado
de Timbío –una de las primeras expresiones de la guerra de los supremos en
la provincia de Popayán– (17 de enero a 22 de febrero de 1840); e igualmente,
después derrotadas las fuerzas rebeldes en la batalla de La Chanca (julio-
octubre de 1841) y a inicios de 1852, después de concluir el levantamiento
conservador.
16
No obstante, tales disposiciones quedaban a la buena voluntad de los
vecinos, como lo señaló en su momento el jefe político de Anserma Joaquín
Otálora a su superior el gobernador de la provincia del Cauca, el 7 de mayo
de 1835, donde decía que el 4 de marzo invitó a sus vecinos a presentar en
el término de ocho días todas las armas pertenecientes al Estado, con la ad-
vertencia de que, de incumplirse esto, se le aplicaría una multa a favor del
tesoro nacional. A pesar de la buena disposición del funcionario, armó que
había recogido dos fusiles y concluía a manera de justicación y de su dili-
gencia que: “No obstante estaré a la mira para recoger las más que resulten y
sin admitir diligencia en indagar por las que tengan ocultas, cuyo resultado
lo pondré en conocimiento de V. S.”.
17
En este mismo sentido, el jefe político
de Supía el 15 de abril de 1835 informó que había publicado el decreto de 19
de febrero último, sobre recolección de armas del Estado que se hallasen en
poder de los particulares, sin ningún resultado hasta el momento.
18
Y es que los habitantes de las parroquias, especialmente los miembros de
la Guardia Nacional, fueron reacios a la entrega de armas. El alcalde parro-
quial de El Tambo, Francisco Solarte, comunicó el 21 de abril de 1840 al go-
bernador de Popayán que el día 8 publicó el bando para recoger las armas y
16. Informe que entrega el cabo Antonio Salgar (padre de Eustorgio Salgar) de la
recolección de armas en la parroquia de Timbío, Timbío, 26 de julio de 1840, ACC. AM,
1840, paquete 30, leg. 7; carta de José Antonio Barahona vecino de Celandia al gobernador
de Popayán, 18 de noviembre de 1840, respecto a la política de recolección de armas e
informes de vecinos que cuentan con armas pertenecientes al Estado y sobre medidas de
recolección de armas después de la rebelión conservadora de 1851 en Santander de Quili-
chao y Popayán, Quilichao, 4 de mayo de 1851, Popayán, 30 de septiembre de 1851, ibíd.,
1851, paquete 51, leg. 58; Informe de recolección de armas por el coronel Pedro Antonio
Vergara en Quilcacé al gobernador de Popayán, Quilcacé, 18 de octubre de 1852, ibíd.,
1852, paquete 52, leg. 16.
17. Jefatura Política del cantón, Anserma, mayo 7 de 1835, ibíd., 1835, paquete 25, leg. 24.
18. Jefatura Política del Cantón de Supía, 15 de abril de 1835, ibíd., 1835, paquete 25,
leg. 24.
Procesos 49, enero-junio 2019 21
entregarlas al teniente coronel Jacinto Córdova, pero los ociales de las com-
pañías se excusaron por estar dispersas las bocas de fuego en todo el distrito
parroquial. Ante esta situación, el alcalde no tuvo más opción que compro-
meterse a mantener su parroquia alejada de cualquier inuencia subversiva
y del agelo de la rebelión que acontecía en ese momento en el país.
19
Si bien podríamos concluir que estamos frente a la ineciencia de los
funcionarios, no debemos desconocer que los alcaldes y demás cargos loca-
les estaban insertos en las relaciones densas constituyentes del entramado
parroquial donde, por la baja densidad poblacional, todos se conocían con
todos; ellos estaban inmersos en las parentelas extensas, el compadrazgo,
las solidaridades propias de las sociedades agrarias precapitalistas, lo que
hacía casi imposible ser anónimo. En este tipo de sociedades de cara-a-cara
era difícil para una autoridad imponerse sobre sus coterráneos, so pena de
ganarse una sanción comunal o incluso su odio.
20
De ahí que la negociación
fuera parte del ejercicio cotidiano de gobierno, en la que se conciliaban las
directrices republicanas y los intereses parroquianos. La extracción por la
fuerza de armas, pese a que era una posibilidad, no siempre era la más ade-
cuada. En este contexto no era extraño que cuando las alcaldías recolectaban
armas, la gran mayoría de las entregadas por sus habitantes eran inservibles
o descompuestas, sin la posibilidad de repararlas. De esta forma se oculta-
ban las bocas de fuego útiles en la localidad y el alcalde cumplía con su labor
ante el gobierno central.
21
19. Alcaldía parroquial, Tambo, 21 de abril de 1840, ibíd., 1840, paquete 31, leg. 50.
Debemos recordar que para esos meses diversas provincias se pronunciaron contra el go-
bierno de José Ignacio de Márquez, promoviendo la llamada Guerra de los Supremos.
20. Sobre la noción de la Sociedad del Cara a Cara véase Marie-Danielle Demélas, La
invención política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX (Lima: IFEA / IEP, 2003), 34-62.
21. Por ejemplo, en la esquela fechada en Tunía el 22 de abril de 1835, por el alcalde
del distrito, en la que relaciona las armas que recogió en la localidad, cumpliendo con las
disposiciones emanadas de la comandancia de Armas y el gobernador de la provincia: Lis-
ta de las armas entregadas por el alcalde parroquial de Tunía. –El ciudadano Manuel Daza
entregó un fusil chopo dañado, la llave que le falta un tornillo. –El ciudadano Javier Díaz
una carabina sin abrazaderas, con el tornillo pedrero quebrado. –El ciudadano Manuel
Chacón un cañón fúsil, sin otro armamento. –El ciudadano José Sabogal una carabina sin
bayoneta, sin abrazaderas, ni guarda menta. –El ciudadano Gregorio Chaves fue obligado
a entregar una carabina sin abrazaderas. –El ciudadano Tomás Papaquínan cañón de fúsil
montado en una caja de escopeta solo con la baqueta, y ni otro armamento. –El ciudadano
Agustín Cantero, un cañón de fúsil montado en una caja de escopeta, solo con un tornillo
de la recamara sin más armamento. –El ciudadano Juan de Dios Arce una carabina con
tornillo pedrero quebrado faltándole la baqueta. –El ciudadano Pedro Bustamante un ca-
ñón de carabina montado en la caja solo con un tornillo. –El ciudadano Antonio Muñoz un
fúsil sin baqueta y sin guardamonte con una abrazadera. Tunía, 22 de abril de 1835, ACC.
AM, 1835, paquete 25, leg. 53.
Procesos 49, enero-junio 201922
Pero, ¿cuál era la razón para que los vecinos se resistieran a entregar las
armas a los funcionarios del gobierno? En la segunda mitad del siglo XIX las
parroquias no dejaban de ser pequeños conglomerados de casas, rodeados
de vastas áreas boscosas o selváticas, de ahí que un fusil se convirtiera en
una herramienta de la vida cotidiana, que se empleaba en una actividad que
tuvo en ese siglo tanto de ocio como de necesidad: la cacería.
22
Así lo mani-
festó el alcalde de El Tambo el 15 de octubre de 1850, al comunicar el mal uso
que estaban haciendo de las armas repartidas a los individuos de la Guardia
Nacional al emplearlas en la montería, sufriendo daños que después debía
pagar el erario. Asimismo, su posesión les daba a los milicianos poder y
estatus frente a las autoridades, un fenómeno que a lo largo del período de
estudio ayudó a inhibir la iniciativa de los funcionarios de recoger las armas,
pues se enfrentaba a hombres que habían constituido una red de solidaridad
a través de la pertenencia a la Guardia Nacional.
23
Conjuntamente, todo parece indicar que uno de los mecanismos que hizo
atractivo el enrolarse en la Guardia Nacional radicó, entre otras cosas, en la
posibilidad que tenían sus miembros de conservar las armas en sus hogares.
Este punto nos conduce a una de las contradicciones que enfrentó el naciente
Estado republicano para promover el monopolio de la fuerza y la violencia.
22. No conozco estudios sobre cacería en la historiografía colombiana, solo algunas
referencias en la correspondencia de Tomás C. de Mosquera y José María Obando; hay
indicios acerca del sentido mentado que tuvo tal actividad, como ocio, para los sectores
notables decimonónicos. En efecto, en algunas cartas se hace mención de regalos de perros
de cacería, como también reuniones en las haciendas para organizar cazas de venados.
Véase ACC, Sala Mosquera, D1401, Popayán, 4 de diciembre de 1824; D1404, Popayán, 17
de diciembre de 1824. En una carta fechada desde Puracé, el 13 de febrero de 1819, M. B.
de Arboleda y Pérez, prima del futuro general Mosquera, le escribe, en la parte nal de
la esquela, lo siguiente: “Traiga Vd. la escopeta y los perros, que se divertirá Vd. por la
tarde con una cacería de venados y todos iremos al prado a presenciarla”, Archivo Casa
Mosquera, fondo Mosquera Wallis, sin clasicar. También véase Horacio Rodríguez Plata,
José María Obando, íntimo (Archivo, epistolario y comentarios), t. I (Bogotá: Sucre, 1958), 41
y ss.; Diego Castrillón Arboleda, Tomás Cipriano de Mosquera (Bogotá: Planeta, 1994), 171.
Para los estamentos sociales bajos tal sentido mentado de la caza como ocio se le puede
extrapolar como una forma de conseguir “carne de monte” para complementar la dieta
familiar. En una carta fechada en Popayán, el 27 de noviembre de 1827, de Don José María
Mosquera a su hijo Tomás C. Mosquera, alude a los cueros traídos a la casa por el encar-
gado de la mina de La Teta: 70 cueros de Venados, cabros, “bestias” y Zainos, tal cantidad,
indicaba que más que una actividad de ocio era una forma de conseguir carne en aquella
remota área boscosa de la época. Véase Véase ACC, Sala Mosquera, D3763.
23. Alcaldía del distrito del Tambo, 15 de octubre de 1850, ACC. AM, 1850, paquete
49, leg. 69.
Procesos 49, enero-junio 2019 23
La paradoja de La ConstruCCión
deL monopoLio de La fuerza y de Las armas
Con la constitución del Estado de la Nueva Granada a partir de la carta
fundamental sancionada en marzo de 1832, una de las primeras medidas del
nuevo régimen político fue organizar sus fuerzas armadas. Pero en paralelo
al ejército permanente, se constituyó la denominada Guardia Nacional, con-
cebida como una especie de cuerpo de reserva que las provincias, de las ma-
nos de sus autoridades civiles, debían organizar, equipar y disciplinar. Dicha
fuerza debía estar constituida por los vecinos varones de los distritos parro-
quiales, aptos para la fatiga militar, quienes debían presentarse los nes de
semana en la cabecera parroquial para ser entrenados por sus comandantes
en las faenas marciales. Si bien hasta el momento no existen estudios sobre
las guardias nacionales en el caso neogranadino, la evidencia documental
para el suroccidente señala que efectivamente se empezaron a organizar des-
pués de 1833, a la luz de una serie de leyes y decretos que tenían como marco
la ley orgánica de milicias de 1826.
24
Sin embargo, una cosa era la ley escrita y otra su realidad; el caso de la
Guardia Nacional no fue la excepción. Los diversos informes en los años
treinta procedentes de los distritos parroquiales desde Cartago hasta Alma-
guer evidencian que, a pesar de la buena voluntad de gobernadores, jefes
políticos, alcaldes y del apoyo de los comandantes de armas de provincia, la
tendencia fue que la participación de los vecinos en aquellos cuerpos arma-
dos era mínima o nula.
25
Ante esta situación, los funcionarios debieron, para
la organización y disciplina de las milicias, pasar por alto ciertos artículos de
las leyes orgánicas y nombrar como capitanes o comandantes de las compa-
24. De los pocos estudios sobre las guardias nacionales para el período de estudio
véase: Roicer Flórez Bolívar y Sergio Paolo Solano, “Educando al buen ciudadano. Las
Guardias Nacionales en la provincia de Cartagena, 1832-1857”, Anuario de Estudios Históri-
cos 7, n.º 2 (2010), 605-633; David Barrios Giraldo, “Las Guardias Nacionales. Vida militar
y cotidiana en Antioquia”, Anuario Colombiano de Historia social y de la Cultura 37, n.º 2,
(2010): 135-155.
25. Sobre lo aludido, véase Carta del jefe político de Caloto, 25 de septiembre de 1833;
y, Caloto, diciembre 25 de 1833, ACC. AM, 1833, paquete 23, leg. 15. Cartas del jefe político
de Cartago 24 de agosto de 1833; Cartago, 15 de septiembre de 1833; Cartago, 17 de octu-
bre de 1833; y, Cartago, 24 de octubre de 1833, ibíd., 1833, paquete 23, leg. 15; Carta del jefe
político, Buga, 2 de octubre de 1833, ibíd., 1833, paquete 23, leg. 15. Cartas del jefe militar
de la provincia de Popayán, 7 de julio de 1834; Popayán, 17 de julio de 1834; Comandancia
del batallón de Guardia Nacional Auxiliar, Popayán, 27 de octubre de 1834; 19 de noviem-
bre de 1834; y, 20 de diciembre de 1834, ibíd., 1834, paquete 24, leg. 25. Ayudantía del
batallón de Guardia Nacional, Popayán 11 de diciembre de 1834: ibíd.
Procesos 49, enero-junio 201924
ñías a notables de la localidad. Los Jefes Naturales, o como los denominaba
Mariano Ospina Rodríguez en sus informes de secretario de gobierno ante
el congreso: los magnates locales: personas investidas en sus poblados con
cierta aura de legitimidad, gracias a un ejercicio de autoridad cercano al pa-
trimonial, mixturado con el carisma, en algunos de ellos.
26
Si bien la orgánica
de milicias contempló que los milicianos debían elegir por voto sus jefes y
ociales, en la práctica fueron las autoridades de las provincias del Cauca
las que los nombraron directamente, a partir de aquellas personalidades pa-
rroquiales con inuencia y autoridad entre sus habitantes.
27
En Palmira, por
ejemplo, la tendencia fue nombrar a hacendados, quienes tenían amplias re-
laciones con la población campesina que se había asentado en los intersticios
de las haciendas, ya como arrendadores o como poseedores de derechos de
tierra en los indivisos de la región, y que, además, se desempeñaban como
funcionarios de la villa o sitios aledaños.
28
26. Sobre las formas de autoridad patrimonial o tradicional y carismática véase We-
ber, Economía y sociedad..., 180-202.
27. En el barrido hecho entre 1830 y 1855 no hay ningún registro que insinúe la elec-
ción de los comandantes de las compañías de Guardias Nacionales por medio del ejerci-
cio democrático de los milicianos para la provincia de Popayán. Esta potestad quedó en
manos de los jefes políticos y el Gobernador, quienes remitían las listas de ociales a la
Secretaría de Guerra, para quedar formalmente inscritos en el escalafón de milicias.
28. Véase Carta del jefe político de Palmira al gobernador de la provincia, en la que
informa la remisión de la lista de los posibles ociales de los escuadrones de caballería,
entre los que estaban José María Patiño y José María González Camacho para el 1.º y 2.º
escuadrón respectivamente, 23 de abril de 1834, ACC. AM, 1834, paquete 24, leg. 25. Por
motivos de espacio, aludiré únicamente al segundo, quien era vecino de Palmira desde los
años veinte, hacendado de la localidad, designado capitán de un escuadrón de caballería
de Guardia Nacional (1834) y se mantuvo en ese cargo hasta después de nalizada la Gue-
rra de los Supremos en la región (1841). Durante esa etapa fue un destacado gobiernista y
promovió el levantamiento contra las fuerzas rebeldes que dominaban el valle del Cauca,
en mayo de 1841. Poco después de concluida la contienda fue designado provisionalmen-
te comandante militar de Caloto y encargado de someter a varias partidas armadas que
deambulaban en los bosques de la zona (1842). En 1843, con el grado de coronel de milicias
el gobernador del Cauca, organizó la Guardia Nacional de la provincia, con compañías
en Palmira y Candelaria, con las cuales marchó para develar el levantamiento de negros,
esclavos fugitivos y excombatientes de la pasada rebelión en Caloto que estaban saquean-
do las haciendas, lideradas por el artesano de Cartago y antiguo soldado de Obando,
José Antonio Tascón, a quien derrotó en una refriega en el Llano del Fraile, el 19 de abril
de 1843. A mediados de los cuarenta aun fungía de comandante de Guardia Nacional.
Zamira Díaz, La villa de Palmira en el período de la Independencia, 1780-1830 (Cali: Cáma-
ra de Comercio de Palmira, 1987); Gustavo Arboleda, Diccionario Biográco y Genealógico
del Antiguo Departamento del Cauca (Bogotá: Horizonte, 1966), 190-191; Gustavo Arboleda,
Historia Contemporánea de Colombia, t. III (Bogotá: Banco Central Hipotecario, 1990), 161;
AGN, Fondo Pedro Alcántara Herrán, Informe privado de los gobernadores de las personas
notables de su provincia [1842], rollo 3, leg. 6, 75 ff.; ACC. AM, 1834, paquete 24, leg. 25;
Procesos 49, enero-junio 2019 25
En los casos de las parroquias de Cajibío, Silvia, Timbío, El Tambo, La
Sierra, La Horqueta (hoy Rosas, Cauca), El Trapiche (hoy Bolívar, Cauca), El
Patía, Almaguer en la provincia de Popayán y Ventaquemada en jurisdicción
de Pasto, los ociales de milicias fueron designados entre los notables o pro-
minentes locales, cuya base de autoridad no se basaba en la posesión de la
tierra (sin desconocer que en muchos casos eran hombres acomodados), sino
más bien en capitales simbólicos, tales como su capacidad probada para el
combate y dirigir hombres, como aconteció con varios jefes de guerrillas ex
realistas que negociaron con la república después de 1821 en adelante.
29
En
otros casos, eran hombres dueños de hatos ganaderos y con acceso a ciertos
recursos con los que dispensaron favores para obtener así una amplia red
de vínculos, que se solidicaban con el parentesco espiritual, patrocinando
estas parroquiales, dirimiendo conictos entre vecinos, etc.
30
Dichas personalidades fueron las encargadas de hacer la convocatoria de
los vecinos para las compañías o escuadrones de guardias nacionales. En los
ibíd., 1834, paquete 24, leg. 25, varios documentos; ibíd., 1841, paquete 32, leg. 56; ibíd.,
1842, paquete 35, leg. 47; ibíd., 1843, paquete 36, leg. 24; ibíd., 1843, paquete 37, leg. 69;
ibíd., 1844, paquete 38, leg. 44.
29. Estos fueron los casos de Jacinto Córdova Muñoz de La Sierra-La Horqueta; Ma-
nuel Delgado o Manuel María Vargas de El Patía. Sobre estos casos se puede consultar en
Luis Ervin Prado Arellano, “El jefe natural: poder y autoridad en el valle del Patía, 1810-
1850”, Historia y Sociedad, n.º 23 (2012): 243-265.
30. Un ejemplo es el caso de Fidel Torres, de quien hasta el momento de la pesquisa
documental suponemos vecino o residente de Taminango o una población cercana a la
localidad. Guerrillero realista en los veinte, entregó las armas a mediados de esa década.
Comprometido en el levantamiento contra Bolívar en 1828; ocial de la Guardia Nacional
de la provincia de Pasto en los treinta y rebelde en la guerra de los Supremos (1839-1841),
exiliado en Ecuador, retornó al país a nales de los cuarenta y durante la rebelión conser-
vadora de 1851, fue coronel gobiernista de milicias y el comandante de la comandancia
del Juanambú o también conocida como La Venta y como tal, se encargó de organizar
aquella jurisdicción militar con diversas partidas armadas de localidades aledañas, que
comprendía el suroccidente de Almaguer (La Cruz, San Pablo, San Lorenzo, Veinticuatro)
y todos los poblados aledaños al cañón del Juanambú (Taminango, La Venta, Berruecos, El
Tablón de Gómez, Chachagüí, entre otros). Había sido diezmero y posiblemente poseedor
de derechos de tierras en la región. Falleció desempeñando la comandancia en cuestión
(1851). Diego Castrillón, Biografía y memorias de Manuel José Castrillón, t. II (Bogotá: Banco
Popular, 1971), 62; Arboleda, Diccionario Biográco y Genealógico…, 428; Eduardo Posada y
Pedro María Ibáñez, Vida de Herrán (Bogotá: Imprenta Nacional, 1903), 249-250; Gustavo
Arboleda, Historia Contemporánea de Colombia, t. II (Bogotá: Banco Central Hipotecario,
1990), 275, 35; ACC. AM, 1841, paquete 33, leg. 62, varios documentos y 63; ibíd., 1843,
paquete 37, leg. 70; ibíd., 1851, Comunicaciones con diferentes autoridades civiles; ibíd.,
1851, Documentos gobernación provincia de Pasto; ibíd., 1851, Documentos de diversas
comandancias militares varios; ibíd., 1851, Revistas militares y presupuesto del haber de
jefes, ociales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna.
Procesos 49, enero-junio 201926
casos de los antiguos guerrilleros realistas de La Sierra, El Patía o Quilcacé,
tales como Jacinto Córdova Muñoz, Manuel María Vargas, Manuel Delgado,
Juan Bautista Valencia, terminaron institucionalizando sus huestes en milicia-
nos de la Guardia Nacional.
31
Pero la evidencia empírica señala que no bastaba
la inuencia para convocar a los vecinos, que de por sí era un requisito indis-
pensable, sino que era necesario dispensar recompensas y favores a los milicia-
nos para hacer atractivo formar parte de la Guardia Nacional (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Comandante de Guardia
Nacional Auxiliar (1830-1854)
Nombre Antecedente Cargos militares de milicia Cargos parroquiales
Manuel María
Delgado
(¿? - Patía, en
60s)
Guerrillero realista.
AB (1828)
LCDU. (1830-31)
GGS (1839-42)
RC (1851)
C (1854, 1860)
CM (1826-28)
TC. CGNA Patía (1835,
1839-42);
Cr. GNA del Patía (1843-44;
1847-49)
Cr. GNA del Patía (1854-55)
Al. Patía (1826, 1834,
1836)
JP. Patía (1835)
MF. del Patía en los
40.
Derechos de tierras,
hatos ganaderos,
esclavos.
Matías
Mosquera
(Patía, ¿? -
Patía, 1844)
Guerrillero realista
AB (1828)
GGS (1839-42)
Miliciano (1823-25)
Cp escuadrón del Patía
(1840-41)
SM escuadrón del Patía
(1843-44)
JP. Patía (1841)
Al. Patía (1842-43)
Derechos de tierra y
hatos ganaderos
Juan Gregorio
López
Mercaderes,
falleció en
1865
Republicano
AB (1828)
LCDU (1830-31)
GGS (1839-42).
RC (1851)
C (1854, 1860)
Cp. de milicias (1823-24)
OJM provincia de Popayán
(1835)
TC. CGNA Mercaderes
(1839-1844)
CGNA Almaguer (1843-44)
Cr. CGNA Mercaderes
(1845, 49-50)
Al. Mercaderes
(1836, 1847)
Derechos de tierra y
hatos ganaderos
Manuel
María Vargas
Guerrillero realista
AB (1828)
LCDU (1830-31)
GGS y RGS (1839-
42).
C (1851, 1854)
CGNA escuadrón Patía
(1832-33)
Cr. GNA Popayán (1834-35)
CGNA de Berruecos (1839)
CGNA escuadrón Patía
(1850-54)
Al. Patía (1823, 49,
50, 51)
Al. sitio de
Mazamorras (1829)
MC. en los 50
Sebador de ganado
31. Prado Arellano, “El jefe natural…”; sobre Juan Bautista Valencia véase Castrillón,
Biografía y memorias…; ACC, fondo República, 1835, Actas del Concejo Municipal de Po-
payán, ff. 78-79; ACC. AM, 1841, paquete 32, leg. 56; ibíd., 1842, paquete 35, leg. 45; ibíd.,
1843, paquete 36, leg. 27; ibíd., 1848, paquete 44, leg. 64; ACC, fondos República y Judicial
Criminal, caja 10, 1841-1842, 8667.
Procesos 49, enero-junio 2019 27
Nombre Antecedente Cargos militares de milicia Cargos parroquiales
Justo Zúñiga
(Herradura
- Almaguer
- nales del
siglo XVIII)
Republicano (1820-
24)
LCDU (1830-31)
GGS (1839-42)
C (1851, 1854)
CM columna Almaguer
(1830-31)
CA y GGNA de Almaguer
(1832)
Cp. GNA de Almaguer
(1839-40)
Cr. GNA de Almaguer
(1850-51)
No hay datos de
haber desempeñado
cargos en Almaguer.
Varios familiares
sí desempeñaron
puestos públicos.
Jacinto
Córdova
Muñoz
(La Horqueta,
¿? - Dolores,
1872)
Guerrillero
AB (1828)
LCDU (1830-31)
GGS (1839-42).
RC (1851)
C (1854, 1860)
Cp. de GNA La Sierra
(1839-42)
CGNA La Horqueta, La
Sierra (1840-42)
SM, CGNA Almaguer
(1842-43)
Comandante 3ª columna en
Pasto
CA. Túquerres (1843-44)
Cr. CGNA La Sierra-La
Horqueta (1846-48; 1854-55)
No hay datos de
haber desempeñado
cargos en La
Horqueta o La
Sierra.
Francisco
Solarte
vecino del
Tambo
RGS y GGS (1839-
42)
C (1851)
PSD del Tambo
(1852)
M (1854)
Cp. GNA El Tambo (1849-
51)
SM, CGNA El Tambo (1853-
54).
Al. Tambo (1836,
1840, 1850)
Julián
Valverde
vecino de
Timbío
GGS (1839-42)
C (1851)
SM. GNA Timbío (1849-
1851)
JP. Timbío (1846)
Al. (1850-51)
Derechos de tierras
en Chiribío, mano
de obra indígena.
José Manuel
Pérez “El
mono”.
(Pasto, ¿? -
Los Árboles,
1861)
RGS (1839-42)
C (1851, 1854)
RGF (1859-1861)
CGNA (1850-51)
CGNA columna de
La Venta, Juanambú o
Ventaquemada (1851)
Derechos de tierra
en el sitio llamadas
Chape, entre Piagua
y Timbío.
Nicolás
Hurtado
vecino de
Silvia
LCDU (1830-31)
GGS (1839-42)
C (1851, 1854)
Cp. CGNA Silvia-Guambía
(1839-41)
TC, CGNA de Popayán
(1851-53)
Alcalde parroquial
(1826, 28)
RD. (1833)
MF. Silvia nes de
los 30 e inicios de
los 40.
Santiago
Valencia
vecino de La
Sierra
RGS (1839-42)
C. (1851)
Cp. CGNA de La Sierra
(1850-51)
No hay datos de
haber desempeñado
cargos en La
Horqueta o La Sierra
Procesos 49, enero-junio 201928
Nombre Antecedente Cargos militares de milicia Cargos parroquiales
Juan Bautista
Sandoval
vecino de La
Sierra
RGS (1839-42)
C (1851)
Cp. CGNA de La Sierra
(1851, 52-53)
No hay datos de
haber desempeñado
cargos en La
Horqueta o La Sierra
Hatos de seba
de ganado en La
Horqueta
Manuel
Antonio Tello
LCDU (1830-31)
RGS (1839-42).
C (1851)
M (1854)
RGF (1859-61)
CGNA Caloto (1849-52; 54,
58-59)
Al. (1840)
AdC. Santander de
Quilichao (1851-53)
CR. de Santander
(1852)
DCPP. (1850, 52, 53)
Siglas. Antecedentes. AB: Antibolivariano (1828), LCDU: Luchó contra la dictadura de
Rafael Urdaneta (1830-1831), GGS: Gobiernista en la guerra de los Supremos (1839-1842),
RGS: Rebelde guerra de los Supremos (1839-1842), RC: Rebelde conservador en 1851, C:
Constitucionalista (1851 o 1854), M: Melista (1854), PSD: Promotor Sociedad Democrática,
RGF: Rebelde guerras federales (1859-1862). Cargos militares de milicia. CM: Comandante
de milicias, CGNA: Comandante de Guardia Nacional auxiliar, M: miliciano, OJM: Ocial
jefatura militar, TC: Teniente coronel, Cr: Coronel, Cp: Capitán, SM: Sargento mayor, CA:
Comandante de armas. Cargos Parroquiales. Al: Alcalde, JP: Juez parroquial, MF: Mayor-
domo de fábrica, MC: miembro del cabildo. RD: rematador de diezmos. AdC: Adminis-
trador de correos. CR: colector de rentas. DCPP: Diputado Cámara Provincial Popayán.
Elaboración: base prosopográca elaborada por el autor.
Si bien este punto es más complejo de identicar porque atraviesa el
universo de relaciones cotidianas cara a cara, la evidencia apunta que la
Guardia Nacional tuvo un atractivo que bien capitalizado, permitió a las
provincias de Popayán, Cauca y Pasto contar en las parroquias con compa-
ñías más o menos organizadas y disciplinadas. La Guardia Nacional, al ser
un cuerpo hibrido entre la vida civil y militar, contemplaba el pago de una
remuneración económica (prest) a sus miembros cuando eran llamados al
servicio para cumplir diversas funciones. Dicho prest o, en otras palabras:
el pago en metálico, hizo atractivo para muchos hombres estar en la milicia,
pues era una de las formas a través de las cuales se podía acceder al escaso
metálico que circulaba en sus poblados.
32
32. La siguiente armación, si bien puede generar críticas, al hablar de la escasez de
moneda circulante, la evidencia muestra que muchas parroquias de la provincia de Popa-
yán, a pesar de que tenían un mercado semanal, distaban de ser un lugar de intercambio
de mercancía por medio del valor de cambio que hoy pensaríamos. Al respecto cito un
informe del mercado de Popayán elaborado por la jefatura política el 14 de enero de 1843,
en donde dice que en la parroquia del cantón se hacen mercados el domingo y sobre la
Procesos 49, enero-junio 2019 29
La importancia del salario, que en muchos casos parcialmente se pagaba
bajo el rubro de raciones, es evidente en los diversos informes de los coman-
dantes de Guardia Nacional, en los que solicitaban con urgencia la remisión
de dinero para que sus compañías no se “desobligaran” con el gobierno;
queja también replicada en el ejército regular, donde sus ociales frecuente-
mente señalaban que, por la carencia de salarios y raciones diarias, se aten-
taba contra disciplina de las compañías.
33
posibilidad de transferirlo a otro día señala: “1º que ninguno de los pueblos de este can-
tón hay ferias, pues no va a ellas comerciantes forasteros con gruesas mercaderías, con lo
que el diccionario castellano explica con el aquel nombre: ni tampoco existe mercados,
hablando en el verdadero sentido de esa palabra; porque los individuos de la parroquia se
reúnen el día domingo en la cabecera de ella, no con el n de comprar o vender algunos
géneros; sino con el de oír misa, y se retiran luego a sus casas después de haberse previsto
de carne y sal, por ser lo que falta en ella, pues siendo la mayor parte indígenas, todos
tienen maíz, trigo, y otros granos con que se sostienen y cuyo sobrante traen a vender dia-
riamente a esta ciudad para llevar a retorno ropa, y cuanto le falta; 2.º difícil sería impedir
la venta que hace el domingo en las parroquias; porque es el único día que abandonan su
trabajo hombres que viven a largas distancias unos de otros, se reúnen para santicar la
esta y comprar aquellas cosas de primera necesidad para la vida, lo que no podría veri-
car en la tarde del mismo día sin tener mucho que dormir en el pueblo por estar distantes
sus habitantes; ni en otro de la semana, pues serían obligados a dejar su ocupación para
venir a estar muchas horas ociosas en los poblados entregándose quizás a la embriaguez
y a excesos. Los pueblos de este cantón señor, reciben con desagrado cualquier orden que
prohibiese comprar o vender el día domingo las cosas que antes he especicado: y un de-
creto semejante sería fácilmente eludido, y ben pronto olvidado. Nada digo respecto a esta
ciudad, porque la feria y el mercado, se hacen aquí en tiendas y están diariamente abiertas
y a excepción de las de comestibles, se sierran las demás los días feriados. Es cuento puedo
informar a VS en contestación a su expresada nota. Dios que a VS. José Antonio Castro”,
ACC. AM, 1842, paquete 34, leg. 41. En efecto en sociedades donde las relaciones de mer-
cado estaban poco desarrolladas, el prest, que era el pago diario en moneda proveniente
de los fondos estatales, era un atractivo de la milicia.
33. La importancia del prest entre los soldados y milicianos era de capital importancia
como lo expresa la Comandancia del medio batallón de Guardia Nacional, en La Venta
14 de mayo de 1851, su comandante Fidel Torres solicitaba a la Comandancia de la 2.ª
división de operaciones en Pasto el envío de dinero para pagar las raciones a sus hombres,
pues decía: “Aguardo que U me mande alguna cantidad para raciones pues de la que traje
ya se halla al concluirse y que no sea cosa que por falta de recursos se me vaya a desobligar
la gente”. Y más delante agregaba: “Mi general no se desentienda en mandarme recursos
para esta gente, porque no teniendo como darle las raciones se largan a sus casas y todo
lo echamos a perder, porque estos están por el que les da y a nosotros nos trae cuenta
tenerlos gratos”: ACC. AM, 1851. Documentos de diversas comandancias militares. Sobre
las demandas de dinero en el ejército regular y este como garantía de la disciplina, fue un
dispositivo retórico por parte de sus ociales a las comandancias y tesorerías de guerra.
Así lo manifestó el comandante José María López al gobernador de Popayán, el 14 de
octubre de 1835, cuando le informaba que el pago de las raciones aún no se solucionaba y
que por lo tanto consideraba imposible exigirles mantenerse de guardia en varias edica-
Procesos 49, enero-junio 201930
El fuero de guerra con el que quedaban amparados sus miembros en ser-
vicio era también un aliciente para alistarse en la guardia y quedar por fuera
de la justicia ordinaria.
34
Así lo manifestó, por ejemplo, el general Herrán a
Tomás C. Mosquera desde Pasto el 21 de abril de 1840, cuando comunicaba
que José M. Obando en la pasada rebelión de Timbío, para ganar prosélitos,
proclamó “fueros y otras cosillas que son muy populares en el ejército”, razón
por la cual tuvo que comprometerse a lo mismo y dar otras prerrogativas.
35
Las reglamentaciones también contemplaban que las compañías disci-
plinadas debían estar equipadas, con lo cual sus miembros accedían al ves-
tuario, de estimado valor dada la precaria vida material de la época, como
lo muestran de forma patente los testamentos, donde los testadores dejaban
de herencia la ropa usada; así el uniforme de dotación dado a los soldados se
convertía en otro aliciente para el enrolamiento.
36
ciones públicas, pues: “la necesidad los hace desampararlos con el objeto de buscar algún
alimento” y nalmente que “no se puede hacer responsable de la disciplina”, ibíd., 1835,
paquete 25, leg. 29.
34. El jefe político de Almaguer, el 1.º de abril de 1832, comunicó al gobernador de
Popayán que el ciudadano Domingo Cruz Cabezas se había marchado para El Trapiche
a presentarse como miliciano al comandante Justo Zúñiga, para obtener de esta manera
fuero, por ser solicitado por las autoridades de policía de Almaguer al tener vida con una
mujer casada. ibíd., 1832, paquete 21, leg. 9. La práctica de los sectores bajos de unirse en
las milicias y obtener el fuero de guerra ha sido ampliamente investigada para el caso
colonial, con la constitución de las milicias disciplinadas en el marco de las reformas bor-
bónicas.
35. J. L. Helguera y Robert Davis, Archivo epistolar del general Mosquera, correspondencia
con el general Pedro Alcántara Herrán, 1840-1842, t. II (Bogotá: Kelly, 1978), 20.
36. Si bien no hay estudios de la vida material para nuestro caso de estudio, es evi-
dente que era precaria. Son conocidos los casos en los testamentos en que los herederos
recibían de herencia la ropa usada del nado o la nada. Hasta no hace mucho, era común
escuchar expresiones como “el vestido dominguero”, reriéndose al que se utilizaba para
ir a misa y se guardaba para el siguiente n de semana. Actos que expresan la precariedad
de la vida material en vestuario, así mismo de enseres y mobiliario de la gran mayoría de
la población. Una regularidad presente en los informes de deserción de los soldados, es
que el desertor se iba con el equipamiento bélico y el vestuario de dotación. Véase Vicente
Castro soldado del batallón n.º 2 “Mutis” de la 3.ª compañía que fue destinado al servicio
en Medellín, el 12 de febrero de 1842, y desertó en Cali, el 5 de noviembre de 1842, lle-
vándose la ropa militar, mochila, morrión y una cobija; Clemente Paredes, del escuadrón
Neira n.º 1, que entró al servicio en Cartago, el 20 de enero de 1842, desertó como guardia
de la cárcel de Cali, el 18 de noviembre de 1842, llevándose una bandolera, un paquete,
dos piedras de chispa, un morrión, una funda, una blusa de fula, una camisa, un pantalón
de dril, una cobija, ACC. AM, 1841, paquete 33, leg. 62. Sobre la vida material en América
Hispana consultar véase A. J. Bauer, “La Cultura Material”. En Para una historia de América
Latina I. Las estructuras, coord. por Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez y Ru-
ggiero Romano (Ciudad de México: El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica,
1999), 404-497.
Procesos 49, enero-junio 2019 31
Igualmente, el equipamiento implicaba la entrega del armamento. Fue
una práctica en la región que los milicianos mantuviesen en sus casas las
armas, con la única condición de presentarlo en los “ejercicios doctrinales”
o cuando se llamaban al servicio; como lo hizo el comandante del medio
batallón de la Guardia Nacional de Almaguer en 1840 quien, al arribar a
Almaguer, a la 2.ª compañía la retiró al Trapiche, a la 3.ª a Pancitará y a la
1.ª la licenció, dándole gracias por los servicios, pero sin recoger sus armas
por considerar que era mejor que cada hombre la mantuviera en su casa y
saliera con ella los domingos para hacer la revista.
37
Similares acciones las
hicieron en otros momentos el coronel Manuel Vargas del Patía, el capitán
Nicolás Hurtado en Silvia, José Antonio Castro en Cajibío y Manuel Anto-
nio Tello en Santander de Quilichao. También lo hicieron los líderes de las
sociedades democráticas en el Valle, especialmente la de Cali y Palmira a
mitad de siglo.
38
Todas estas razones hacían que las compañías de guardias nacionales de
los distritos parroquiales estuviesen ampliamente vinculadas a un notable pa-
rroquial, que se convertía en su representante y quien presionaba a las autori-
dades superiores para que le enviaran el dinero del prest (salario), vestuario,
armas, o lo facultara para hacer requisas de reses para raciones, entre otras. No
es extraño, por lo tanto, que en reiteradas ocasiones los milicianos solicitaran
marchar a la campaña solo a la cabeza de su comandante. Así lo expresó el te-
niente coronel Jacinto Córdova, comandante de la Guardia Nacional de La Sie-
rra, desde La Horqueta el 15 de septiembre de 1839, al gobernador de la provin-
cia de Popayán, Manuel José Castrillón, al escribir que los cuarenta hombres
reunidos en la localidad, habían decidido, para evitar disgustos, suplicarle:
no los benga a entregar a otro jefe, por tanto pongo conocimiento a esa goberna-
ción que sigo hasta donde baya esta jente. Si allan serbicio actibo y pronto para
marchar conmigo el subteniente 1.º Juan Seballos y el subteniente 2.º Rafael Fi-
gueroa y al capitán Baltasar Zúñiga, que marcha para esa ciudad con el n de pre-
37. ACC. AM, 1840, paquete 31, leg. 57.
38. Para Vargas véase Carta de la comandancia del escuadrón, n.º 1 Húsares, Patía,
14 de marzo de 1851; Alcaldía parroquial del distrito, Mercaderes, 23 de mayo de 1851,
ibíd., 1851, Comunicaciones con diferentes autoridades civiles. Sobre Castro: Carta de la
gobernación de Popayán, 17 de octubre de 1851 al comandante de armas de la provincia,
ibíd., 1851, Documentos de la gobernación de la provincia de Popayán. Sobre las guardias
nacionales y sociedades democráticas: Ramón Mercado, Memorias sobre los acontecimientos
del sur de la Nueva Granada durante la administración del 7 de marzo de 1849 (Cali: Imprenta
Departamental / Centro de Estudios Históricos de Cali, 1996), XL; Manuel Joaquín Bosch,
Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de
1848 hasta el de 1855 inclusive (Cali: Imprenta Departamental / Centro de Estudios Histó-
ricos Cali, 1996), 27.
Procesos 49, enero-junio 201932
sentarse a pedir serbicio de capitán de esta columna. Si VS no tiene conbeniente
que marche conmigo puede pasar a la tesorería para el pago de sus servicios.
39
Si bien no sabemos exactamente qué negoció Córdova con los hombres
de La Horqueta, el hecho de exigir que marcharían solo con él es un indicio
de que tales hombres solo se sentían representados en sus intereses con su
comandante, y no por otro ocial. Este mismo fenómeno se presenta en la
carta escrita por el alcalde Guillermo Orozco desde El Tambo el 11 de mayo
de 1851 al gobernador de Popayán, manifestando que la 6.ª compañía de la
Guardia Nacional estaba organizada y lista para marchar al día siguiente a
Popayán con el objeto de guarnecer la ciudad, pero que él:
El objeto de esta nota, se reduce a manifestar a Ud., que como se pide la sexta
compañía que es la que manda Sinforoso Paz, la gente ha hecho una solemne
protesta y reconocimiento, que con Sinforoso Paz no marcha ninguna, a conse-
cuencia a que en ningún partido lo quiere, asegurando que irán gustosos y pres-
tarán voluntariamente sus servicios si van presididos por el señor Juan Francisco
Cobo, por el señor Salvador Muñoz, Francisco Solarte. Como proveo que al no
marchar la gente por este acontecimiento, se desacreditará el patriotismo de esta
parroquia, lo pongo a su conocimiento para que resuelva los conveniente.
40
La vigilancia epistemológica exige no tomar al pie de la letra los do-
cumentos ociales, pero se debe señalar que, independientemente de si el
alcalde Orozco quería favorecer a Cobo, a Muñoz o Solarte, los personajes
aludidos eran personalidades con notable inuencia en la localidad. Juan
Francisco Cobo era Juan Francisco Mariano Cobos Vivas, miembro de una
familia de rango medio en Popayán, que debió tener cierto nivel educativo
para desempeñarse como burócrata en las ocinas de hacienda de la pro-
vincia. A mediados del siglo XIX se residenció en El Tambo, donde fue alcal-
de parroquial, director de la escuela y, durante la rebelión conservadora de
1851, fue capitán gobiernista, encargado del detal del cuerpo de húsares de
Timbío y del Tambo. Además, miembro activo del liberalismo que mantenía
informado a la Gobernación de la vida política local, en particular de los
enemigos del régimen. Cobo tuvo varios hermanos que se destacaron en la
esfera pública regional, y, al igual que él, aliados al liberalismo, con estre-
cha amistad con José María Obando y con otros notables parroquiales como
Francisco Solarte y Salvador Rojas, ambos vecinos del Tambo.
41
39. ACC. AM, 1839, paquete 29, leg. 21. Ortografía original.
40. Ibíd., 1851, paquete 51, leg. 65.
41. Ibíd., 1850, paquete 48, leg. 64, 72; ibíd., 1850, paquete 49, leg. 83; ibíd., 1851, pa-
quete 51, leg. 57.
Procesos 49, enero-junio 2019 33
Cobo usó sus vínculos familiares para representar a las comunidades en
donde trabajaba o residía, como Timbío o El Tambo, y también para colabo-
rar en momentos de afujías a ciertos parroquianos, como aconteció en 1851
cuando pagó la anza de excarcelación al alférez Manuel José Bolaños, a
quien se le seguía un juicio por abuso de autoridad, a consecuencia de una
demanda de varios vecinos La Horqueta.
42
Estos indicios permiten inferir las
razones por las cuales Orozco sugirió a Cobo para la comandancia de la
compañía.
Indudablemente, este reconocimiento se construía a partir de las relacio-
nes cara a cara y en la exibilidad que el comandante de compañía debía te-
ner con sus subalternos. Francisco Solarte ejemplica lo mencionado en una
carta escrita en el Cuartel del Colegio el 7 de agosto de 1851, en el que men-
cionaba al gobernador haber licenciado temporalmente su compañía para
que fuesen a cuidar sus sementeras, pues era el mes que acostumbraban para
hacer actividades en los cultivos, e igualmente por estar muy “apestados”; lo
mismo que a siete individuos del pueblo de Pandiguando que necesitaban ir
a reformar su iglesia. Pero a renglón seguido ofrecía estar pronto a cualquier
llamamiento al servicio si era necesario. Si bien al comandante de armas de
la provincia poco le gustó la idea, la práctica de una autoridad exible con
los subalternos estaba difundida en las guardias nacionales, y formaba parte
del ejercicio de negociación, adaptación y consenso que legitimaba a los o-
ciales como representantes de su cuerpo, así estuviesen en muchos casos en
contra de las ordenanzas militares.
43
En síntesis, buena parte del éxito para la organización de las compañías
de milicias se sustentaba en la capacidad del Estado republicano en iden-
ticar y cooptar a un notable parroquial, un magnate local, investido de le-
gitimidad, que le permitía convocar y organizar las compañías de Guardia
Nacional. Pero, lejos de mirar esta relación desde una perspectiva mecánica
de patrón-cliente, que durante años modeló el fenómeno del caudillismo
hispanoamericano, estos gendarmes parroquiales no tuvieron a su discre-
42. Ibíd., 1851. Sumaría contra el alférez 2.º, Manuel José Bolaños, de la 5.ª compañía de
la Sierra acusado de haber cometido excesos contra los vecinos del punto de La Horqueta.
43. Ibíd., 1851, paquete 50, leg. 50. En una perspectiva similar a la de Francisco So-
larte, el comandante interino de la Guardia Nacional de La Venta o Ventaquemada (hoy
La Unión, Nariño), Domingo Delgado, informaba que entre las fuerzas que había traído
el capitán Joaquín Mariano Erazo estaba un piquete de la viceparroquia de San Lorenzo:
“son 18 individuos que siempre se hallan en servicio porque pasados ocho o quince días,
se sublevan con otros tantos, para que estos vayan a mudarse y ver a sus familias”. Un
caso similar, pero al norte del actual departamento de Nariño, se dio cuando un capitán
debió hacer ciertas concesiones a sus subalternos para garantizar la unidad de la compa-
ñía y su capacidad operativa, La Venta, 5 de junio de 1851, ibíd., 1851. Documentos de
diversas comandancias militares.
Procesos 49, enero-junio 201934
ción sus paisanos. Si bien los lazos personales previamente establecidos eran
parte esencial para formar las compañías, y de ahí radicaba el peso para
designarlos ociales, no era suciente, ni garantizaba su éxito. La evidencia
empírica indica que hacía falta un ejercicio de persuasión, donde el prest, las
retribuciones, el fuero, las recompensas, entre otras, fueron instrumentaliza-
dos para enrolar a los hombres y organizar las compañías.
44
ConCLusiones
El naciente Estado republicano se enfrentó rápidamente a una paradoja
que no se resolvió en el período de estudio. Por una parte, la necesidad de
constituir un brazo armado para la defensa interna y externa del territorio se
enfrentó a la falta de recursos para mantener una fuerza regular lo sucien-
temente numerosa. Las guardias nacionales fueron una forma de solucionar-
lo, un cuerpo de reserva activo, procedente del enrolamiento de los vecinos
de las parroquias, sin mayores erogaciones para el pobre erario nacional,
salvo cuando estaban en servicio. Pero lograr la organización y disciplina
de las compañías de milicias implicaba pasar por alto varias disposiciones
establecidas por las leyes, como designar a hombres que tuviesen reconocida
autoridad en los distritos rurales. Pero, a su vez, ellos debían desplegar un
ejercicio de persuasión que implicaba, entre otras cosas, otorgar ciertas dis-
pensas a sus coterráneos, y entregar las armas fue una de ellas. La práctica
implicó que el Estado no tenía el control efectivo de su armamento, al quedar
a discreción de los milicianos, quienes cometían delitos y se volvían altane-
ros con las autoridades; y, en muchos casos, sirvió para alimentar los grupos
armados que se levantaban contra el mismo Estado.
La paradoja radicó en que, si se quería tener compañías de Guardia Na-
cional organizadas y disciplinadas, era necesario entregar la comandancia
a las redes de poder local y las armas a los vecinos, y el comandante que-
daba como intermediario entre el Estado y las milicias, garantizando que el
equipo bélico no sería utilizado en su contra. Pero era un equilibrio frágil;
si bien muchos comandantes fueron leales al régimen, el cambiante esce-
nario político hizo muy difícil que dichos ociales siempre se mantuvieran
bajo el palio de la autoridad legítimamente constituida. Por ejemplo, Jacinto
Córdova Muñoz, que durante los años treinta hasta inicios de los cincuen-
ta fue el comandante de la Guardia Nacional del Distrito parroquial de La
44. Este asunto ha sido ampliamente estudiado en el caso argentino, véase: Ariel De
la Fuente, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de la Rioja durante el
proceso de formación del Estado argentino (1853-1870) (Buenos Aires: Prometeo, 2007).
Procesos 49, enero-junio 2019 35
Sierra-La Horqueta, ayudó en 1831 a restablecer el orden constitucional en
el Cauca alterado por la dictadura del general Urdaneta; durante la guerra
de los Supremos (1839-1842), se mantuvo leal al gobierno y sus compañías
contribuyeron a quebrar el levantamiento rebelde; en 1854, a consecuencia
del golpe de Melo, ayudó a desmantelar en Almaguer los movimientos a
favor de la dictadura melista. Pero en 1851, por estar vinculado a la red po-
lítica conservadora que en Popayán lideraba Julio Arboleda y su hermano
Sergio, se pronunció a favor de los conservadores, y, si bien su acción política
contenciosa duró unas pocas semanas, su defección a la autoridad legítima
en 1851 no fue una accidentalidad, sino que formó parte de una regularidad
que estuvo presente en varios comandantes de milicia.
45
La paradoja estaba en que el Leviatán que se empezó a construir desde
los años treinta debía organizar el monopolio legítimo de la violencia, pero,
para hacerlo, recurrió armar a los vecinos de las parroquias para tener así
una fuerza de reserva activa, lo que a su vez fue claudicar al control directo
del equipo bélico, una práctica que contribuyó a hacer más volátil la vida
política de la Colombia decimonónica.
45. Sobre Jacinto Córdova véase: Arboleda, Diccionario Biográco y Genealógico…, 125;
Arcesio Aragón, Monografía histórica de la Universidad del Cauca (Popayán: Universidad del
Cauca, 1977), 114; Arboleda, Historia Contemporánea de Colombia, t. II, 248, 360-361; ibíd., t.
III, 248-249; ibíd., t. VII, 206-207; Archivo Histórico Municipal de Buga. Capitular, 1831, sin
foliación, varios documentos; ACC, fondo República, 1836, Actas del Concejo Municipal de
Popayán, ff. 64, 64v, 65; ACC. AM, 1835, paquete 35, leg. 44; ibíd., 1839, paquete 29, leg.
21; ibíd., 1840, paquete 31, leg. 50; ibíd., 1840, paquete 31, leg. 47; ibíd., 1841, paquete 32,
leg. 40; ibíd., 1841, paquete 33, leg. 62, varios documentos; ibíd., 1841, paquete 32, leg. 53,
varios documentos y leg. 56; ibíd., 1843, paquete 36, leg. 17, 24; ibíd., 1843, paquete 37, leg.
72 y 73; ibíd., 1843, documentos de diversas dependencias del ramo militar; ibíd., 1844,
paquete 38, leg. 26; ibíd., 1847, paquete 43, leg. 82 bis; ibíd., 1848, paquete 44, leg. 64; ibíd.,
1848, paquete 45, leg. 72; ibíd., 1849, paquete 46, leg. 48, 50; ibíd., paquete 49, leg. 80, 81;
ibíd., 1851, Comunicaciones con diferentes autoridades civiles; ibíd., 1851, Gobernación
de Popayán; ibíd., 1851, Documentos de diversas comandancias militares; AGN, Fondo
Pedro Alcántara Herrán, rollo 3, leg. 6, Informe privado de los gobernadores de las personas
notables de su provincia [1842]; ACC, fondo Arboleda, signatura 63, 322, 439; ACC. AM,
1851, paquete 50, leg. 37.
Procesos 49, enero-junio 201936
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