andrea Castagnola y sl lóPez noriega, editores. Judicial Politics
in Mexico: the suPreMe court and the transition to deMocracy.
nUeva york: roUtledge, 2016, 191 PP.
DOI: http://dx.doi.org/10.29078/rp.v0i46.651
El trabajo de Andrea Castagnola y Saúl López Noriega (2016) en Judicial
Politics in Mexico: The Supreme Court and the Transition to Democracy (Políticas
Judiciales en México: La Corte Suprema y la Transición a la Democracia)
relanza la discusión sobre la transición democrática, desde nuevas ópticas.
Atiende a un llamado que, a la luz que empiezan a arrojar las casi cuatro
décadas desde que la tercera ola de democratización tocó tierra en América
Latina a nales de los setenta, se hace para lograr una comprensión histórica
del momento en sí y del despliegue de sus efectos.
La transición a la democracia ha sido objeto de intenso análisis en las
Ciencias Sociales en América Latina desde principios de los ochenta. El
modo de interpretar el punto de inexión entre el autoritarismo y la demo-
cracia, sin embargo, a menudo ha sido objeto de al menos tres inconvenien-
tes: una visión normativa y prescriptiva sobre el fenómeno de la transición
–comprensible en su momento ante el inminente temor a una “regresión”
autoritaria–; el uso de marcos conceptuales y disciplinares centrados de ma-
nera muy marcada en la Ciencia Política; y una aproximación centrada casi
exclusivamente, desde lo institucional, en los actores del Ejecutivo y el Legis-
lativo. Los tres inconvenientes impactaron directamente sobre la compren-
sión histórica del momento, por una parte, haciendo que se pierda la densi-
dad de historización de una coyuntura crítica tan signicativa que requiere
intensos esfuerzos interdisciplinares, y, por otra parte, omitiendo el papel de
otros actores, institucionales y no institucionales.
Ante esto, ¿cuál es el rol de la Corte Suprema en la transición demo-
crática? La respuesta de Castagnola y López Noriega es dual. De un lado,
la Corte Suprema en un proceso de democratización juega un rol más pro-
minente en la garantía y protección de los derechos; y, de otro lado, ocupan
un lugar más relevante en el juego para la resolución de disputas políticas.
Procesos: revista ecuatoriana de historia, n.º 46 (julio-diciembre 2017), 155-162. ISSN: 1390-0099; e-ISSN: 2588-0780
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“Naturalmente, esto signica que los tribunales se enfrentan a diversas cues-
tiones relacionadas con la transición política, que incluyen cuestiones distri-
butivas, de justicia administrativa y de resolución de disputas electorales.
Parece que muchas nuevas democracias se encuentran en la posición de los
Estados Unidos como lo señaló Tocqueville a principios del siglo XIX: casi no
surge ningún conicto político o social que no encuentre su camino hacia los
tribunales (Ginsburg, 2016: 2)”. Evidentemente, la situación de México y de
América Latina debe atender elementos contextuales que varían ostensible-
mente el modo en que las altas cortes han transitado por la vida institucional
republicana, en muchos casos todavía con fuertes cuestionamientos respecto
de su autonomía y efectividad.
El libro, compuesto de cinco capítulos más una introducción y unas con-
clusiones generales, se centra en la experiencia mexicana de transición de-
mocrática y acentúa las particularidades que el sistema de justicia en dicho
país tiene, en gran medida a causa del período de dominio hegemónico del
Partido Renovador Institucional (PRI) por algo más de setenta años durante
el siglo pasado. Así, por ejemplo, es valioso notar cómo entre 1917 y 1994 solo
cincuenta y cinco controversias constitucionales llegaron a la Corte Supre-
ma, algo minúsculo si las comparamos con las más de quinientas enmiendas
constitucionales realizadas a la Constitución de 1917. Además, entre 1933 y
1994 una regla informal en el esquema de poder era que los jueces debían
estar aliados al partido ocialista; adicionalmente, entre 1940 y 1994 hubo
siempre al menos un ocial militar como juez; y, entre 1944 y 1994 la mayoría
de Presidentes de turno nombró a más del 50% de los jueces de la Suprema,
puesto que casi un 40% de los mismos duraba en promedio menos de 5 años
en el cargo, coincidiendo con los períodos presidenciales para mantener la
prerrogativa informal de nombrar jueces anes para su período.
Así, en México se habla de una transición democrática tardía, gradual y
muy particular. Es algo que se enfatiza en la obra, resaltando la transforma-
ción simultánea de los instrumentos e institucionalidad de la Corte Suprema
junto con los cambios experimentados en los poderes políticos. Si bien se
suele apuntar hacia la victoria de Vicente Fox con el Partido Acción Nacional
(PAN) en 2000 como la derrota de la hegemonía del PRI, es preciso recordar
que los cambios en el equilibrio del sistema político se empezaron a hacer
visibles desde nales de los años de 1980: en 1989 perdió la mayoría absoluta
de las dos terceras partes en el congreso y el monopolio de las gobernacio-
nes. Asimismo, en 1997 el PRI perdió por primera vez la mayoría en la cáma-
ra baja en el congreso.
A la par, durante la década de 1990, la Corte Suprema adquirió roles
más signicativos con herramientas más poderosas para el control concreto
y abstracto de constitucionalidad. Así, la centenaria acción de amparo pasó
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de tener efectos inter partes a tener efectos erga omnes. Con ello, la incidencia
de la Corte Suprema se potenció, pudiendo llegar a tener efectos reales so-
bre las políticas públicas. De igual forma, cambios en el diseño institucional
como la duración efectiva de períodos de quince años en el cargo para los
jueces, rearmaron una oportunidad sustantiva para la Corte Suprema de
asentarse con rmeza en la división democrática de poderes dentro de un
régimen constitucional pluralista. No obstante de ello, la obra de Castagnola
y López Noriega presenta un balance respecto de qué tanto estos cambios, a
priori positivos para la mayor y mejor garantía de derechos, así como para la
cimentación de la Corte como poder contramayoritario, han logrado trans-
formar una pesada trayectoria histórica de la justicia en México.
De esta forma, en el primer capítulo, Andreas Pozas-Loyo y Julio Ráos-
Figueroa ofrecen un análisis sistemático del comportamiento de la Corte
Suprema entre 1917 y 2013, juntando una perspectiva legal más tradicional
con una lectura política más contemporánea. Lo hacen tomando como punto
de partida las tres formas básicas reconocidas por la literatura politológica
sobre cómo los jueces de las altas cortes toman sus decisiones: de acuerdo a
la obediencia irrestricta a la Ley; de acuerdo a sus valores y principios; y de
acuerdo a una adaptación al medio contextual. Lo importante es cómo los
autores muestran que estas nociones necesariamente tienen una base his-
tórica, toda vez que operan sobre preguntas tales como ¿por qué los jueces
conciben su función del modo en que lo hacen?, y ¿cómo es que jueces es-
pecícos conciben su propia tarea? En otras palabras, hay una dimensión
contextual variable explicada en el tiempo. Así, bien sea que adoptemos un
modelo de voto mecánico, sincero o estratégico de los jueces, siempre debe-
mos historizar las respuestas.
El segundo capítulo, de Pedro Salazar Ugarte, se ja en el período más
reciente de la Corte, enfatizando el litigio estratégico y sus posibilidades de
transformación social. Es decir, se piensa cómo los cambios experimentados
en el diseño e instrumentos de la Corte pueden ponerse al servicio de la
población como herramientas para avanzar en la agenda de los derechos
humanos. Esto es por demás signicativo en un país como México, donde
los aparatos de defensa del Estado han sido autorizados para salir a las calles
a combatir la delincuencia común y organizada. Salazar Ugarte muestra las
considerables posibilidades que tiene la Corte para legitimarse socialmen-
te desde un activismo judicial que avance derechos fundamentales, para lo
cual también hace un llamado a la sociedad civil a activar mecanismos de
litigio estratégico en temas relevantes como los derechos sexuales y repro-
ductivos o el matrimonio igualitario. Por supuesto, la crítica a la Corte no
está ausente, pues todavía, no obstante signicativos avances, no muestra un
rol absolutamente decidido.
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Los capítulos tres y cuatro son de autoría de Castagnola y López Norie-
ga. En ellos ofrecen análisis empíricos de corte cuantitativo sobre muestras
sumamente amplias de casos de la Corte. Esto reeja un empeño loable por
investigar sistemáticamente a la Corte. A través de metodologías de la Cien-
cia Política neoinstitucionalista en su vertiente de elección racional, llegan a
conclusiones contraintuitivas como que los jueces supremos en el actual pe-
ríodo se muestran complacientes con el Ejecutivo, aun en circunstancias de
gobierno dividido y de democracia pluralista. Es, sin duda, una de las partes
más interesantes del libro, que invitan a mayores discusiones.
El último capítulo, de Francisca Pou Jiménez, se centra en el diseño ins-
titucional de la Corte, jándose en restricciones externas e internas para el
desempeño de este organismo, particularmente para que opere signicativa-
mente como un tribunal constitucional. Al respecto, cabe notar que México,
a diferencia de la corriente prevaleciente en la región desde los años de 1990
no escindió una Corte Constitucional de la Corte Suprema, sino que esta últi-
ma asumió más tareas. Pou Jiménez encuentra en la arquitectura de la Corte
explicaciones para lo que denomina “borrosidad decisional”, es decir, una
patente incapacidad de mostrar líneas jurisprudenciales sólidas a lo largo
del tiempo. Esto impacta en el sistema político y judicial elevando los grados
de incertidumbre y difuminando el rol constitucional de la Corte, que podría
y debería ser potenciado para la consolidación democrática.
Se trata de una obra valiosa para la transición democrática, así como para
quienes estudian la división de poderes y el comportamiento de las altas cor-
tes. Hay una invitación a seguir discutiendo estos temas, especialmente des-
de la historia, pues a menudo se cae en modelamientos abstractos que sirven
analíticamente, pero que no dan cuenta de la casuística particular de causas
judicializadas y de sus actores concretos. A su vez, la investigación sobre la
Corte en México sirve de motivación para más investigaciones comparadas
regionales y empíricas de cada país, desde la academia latinoamericana.
Adrián R. López Andrade
Universidad Central del Ecuador
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