Las leyes de minería en Ecuador a nes del siglo
XIX: la reconguración de la propiedad minera
Ecuadorian Mining Laws at the turn of the 19th Century:
The Reconguration of Mining Rights
Andrea Carrión
Centro de Gobierno y Administración Pública
del Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador)
andrea.carrion@iaen.edu.ec / acarrionh@gmail.com
Fecha de presentación: 2 de marzo de 2017
Fecha de aceptación: 17 de abril de 2017
Artículo de investigación
Procesos: revista ecuatoriana de historia, n.º 45 (enero-junio 2017), 95-120. ISSN: 1390-0099; e-ISSN: 2588-0780
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RESUMEN
Este artículo analiza el Código de Minería de 1886 y sus reformas de
1892, considerando de manera particular los impactos que su
aplicación ocasionó en el espacio geográco. Las leyes introdujeron
criterios para la demarcación de las propiedades mineras, asegurando
el dominio estatal sobre el subsuelo y la obtención de benecios para el
concesionario. La adopción de nuevos principios de Derecho minero
resultó funcional a la llegada de los inversionistas extranjeros
interesados en la exploración de yacimientos auríferos. El estudio
encuentra que la legislación minera se conguró en una interacción
dinámica entre actores de diferentes escalas y reestructuró el espacio
geográco de las áreas que contenían yacimientos. Se explora
la tensión entre los imperativos del liberalismo económico, a escala
nacional, y la expansión del extractivismo industrial,
a escala regional, a nes del siglo XIX.
Palabras clave: historia económica, geografía legal, geografía
histórica, economía política, Derecho minero, Ecuador, siglo XIX.
ABSTRACT
Reecting on both the Mining Code of 1886 and the subsequent
amendments administered to said code in 1892, this investigation
endeavors to evaluate the immense impact that its implementation
caused in Ecuador’s geographic space. These laws inaugurated
criteria for the demarcation of mining properties; noteworthy
acts that strengthened the state’s dominion over subsoil and the
obtention of perks concerning concessionaires. The adoption of new
mining law principles facilitated the arrival of foreign investors
interested in the exploitation of gold-bearing mineral deposits. This
investigation’s conclusions reveal that mining legislation was formed
by dynamically integrated protagonists from distinct ranks who
restructured Ecuador’s geographic space in the areas where these
valuable mineral deposits could be found. Furthermore, this piece
explores the tension between the needs of economical liberalism,
at the national level, and the expansion of the mineral extraction
industry, at the regional level, towards the end of the 19th century.
Keywords: Economic history, legal geography, historic geography,
political economy, Mining Laws, Ecuador, 19th century.
Andrea Carrión
Doctora en Geografía por Carleton University (Ottawa, Canadá).
Su experiencia profesional se vincula a temas de planicación, gestión
territorial y políticas públicas, entre otras. Investiga los mecanismos de
regulación territorial de la industria minera en el Ecuador en perspectiva
histórica y geográca. Actualmente es profesora-investigadora del Instituto
de Altos Estudios Nacionales.
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introdUCCión
El estudio de la difusión normativa y su vinculación con las dinámicas
socioespaciales en el siglo XIX es un ámbito poco desarrollado en la biblio-
grafía académica hispanoamericana. En algunos casos, es notoria la ausencia
de una reexión geográca en estudios legales comparados que analizan la
evolución del ordenamiento jurídico en América Latina.
1
Sin embargo, es-
tas conexiones han sido exploradas desde una perspectiva conceptual por
la geografía legal y los estudios críticos del derecho, en las últimas dos dé-
cadas.
2
De manera puntual, este trabajo analiza la difusión de principios de
derecho minero, su adopción y transformación en el Ecuador a partir del
Código de Minería promulgado en 1886 y las reformas de 1892.
El artículo expone algunos de los debates académicos que permiten con-
textualizar la importancia de la regulación minera en la expansión del ca-
pitalismo; presenta el contexto histórico y la economía política del cambio
normativo considerando procesos regionales de propagación de la industria
minera y la formación del Estado nación; explora los diversos intereses terri-
toriales en la transmisión y adopción de instrumentos jurídicos para fomen-
tar la minería industrial; y expone elementos clave en la reestructuración
legal de los yacimientos minerales como una circunscripción territorial y un
objeto jurídico sujeto a apropiación capitalista. Las conclusiones resaltan la
dimensión territorial, las tensiones entre actores de diversas escalas y las
relaciones socioespaciales del proceso reforma normativa.
1. Véase por ejemplo la ausencia de referencias a la dimensión territorial en obras
relevantes como la de Roberto Gargarella, Los fundamentos legales de la desigualdad: El cons-
titucionalismo en América (1776-1860) (Madrid: Siglo XXI, 2005).
2. Este trabajo se sustenta en los debates conceptuales desarrollados por Nicholas K.
Blomley, Law, Space, and the Geographies of Power (Nueva York: The Guilford Press, 1994);
Nicholas K. Blomley, “Law, Property and the Geography of Violence: The Frontier, the Sur-
vey, and the Grid”, Annals of the Association of American Geographers (2003), n
o
. 93: 121-141,
http://www.jstor.org/stable/1515327; Chris Butler, “Critical Legal Studies and the Poli-
tics of Space”, Social & Legal Studies (2009), n.
o
18: 313-332, doi: 10.1177/0964663909339084;
David Delaney, “Making Nature/Marking Humans: Law as a Site of (Cultural) Produc-
tion”, Annals of the Association of American Geographers 91, n.
o
3 (2001): 487-503, http://
www.jstor.org/stable/3651284; Boaventura Sousa Santos, “Law: A Map of Misreading.
Toward a Postmodern Conception of Law”, Journal of Law and Society 3, n.
o
14 (1987): 279-
302, http://www.jstor.org/stable/1410186; Boaventura Sousa Santos, Towards a New Com-
mon Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition (Nueva York / Londres:
Routledge, 1995).
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aproxiMaCiones a la relaCión entre
diFUsión norMatiVa y extraCtiVisMo Minero
La Geografía crítica analiza la difusión normativa en el contexto de
expansión capitalista. David Harvey señala que la persistencia del capi-
talismo, pese a las sucesivas crisis de acumulación, se resuelve a través de
un desplazamiento espacio-temporal de sus contradicciones estructurales,
esto es, la transferencia de sistemas de producción o externalidades hacia
otros territorios, o su diferimiento en el tiempo.
3
Dicho desplazamiento no
corresponde solo a las condiciones de producción sino también al avance
de los mecanismos de regulación. Desde una perspectiva amplia, la regu-
lación incluye un conjunto de leyes, normas, procedimientos y prácticas
que dan soporte al régimen de acumulación. Este enfoque reconoce que la
creación de marcos normativos e institucionales puede servir para resolver
las crisis del capitalismo, pero también puede anteceder al desarrollo de
un sistema de producción en un ámbito geográco y en una escala deter-
minada. Ello permite conjeturar que la ley faculta relaciones socioeconó-
micas y geográcas que son normados ex-ante su existencia como realidad
material. Estos postulados explican la propagación de marcos regulatorios
funcionales al capitalismo pero se requiere avanzar en la comprensión de
cómo dichas normativas son adoptadas y transformadas en contextos na-
cionales y locales.
La reconguración espacial de las prácticas reguladoras que sustentan
el capitalismo ha sido estudiada en el contexto de globalización neoliberal,
como un cuestionamiento a la circunscripción jurídica y soberana del Esta-
do nación en el marco de regímenes de acumulación exible.
4
En particular,
John Agnew cuestiona la “trampa territorial” como una interpretación ana-
lítica que asume un orden estático en el que se expresan y se estabilizan los
sistemas de gobierno y organización política y plantea que tanto la congu-
ración geopolítica como la territorialidad del Estado nación pueden ser desa-
gregadas y reconguradas permanentemente a través de acuerdos formales
3. David Harvey, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (Nueva York: Rout-
ledge, 2001); David Harvey, The Limits to Capital (Londres / Nueva York: Verso, 2006).
4. Véase John Agnew, “The territorial trap: The geographical assumptions of inter-
national relations theory”, Review of International Political Economy 1, n.
o
1 (1994): 53-80,
http://dx.doi.org/10.1080/09692299408434268; Roger Keil y Rianne Mahon, eds., Levia-
than Undone? Towards a Political Economy of Scale (Vancouver: UBC Press, 2009); Jamie Peck
y Adam Tickell, “Neoliberalizing Space”, Antipode 34, n.
o
3 (2002): 380-404; Saskia Sassen,
Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales (Buenos
Aires: Katz, 2010).
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y prácticas informales.
En esta misma línea de análisis, existen estudios sobre
la difusión y la reestructuración escalar de las prácticas regulatorias,
la mo-
vilidad y la mutación de las políticas públicas,
la estandarización y difusión
de conocimiento a través de políticas públicas que migran entre los diversos
países,
y los actores, las asociaciones y los mediadores tecnológicos que inci-
den en la aprobación y transformación de las leyes.
5
También existen obras de economía política que reconocen los recursos
naturales como una “mercancía cticia”
6
o una “segunda naturaleza”,
7
apro-
ximaciones se alejan del determinismo geográco o del análisis causal de los
efectos ambientales del capitalismo, para explorar las condiciones sociales
que transforman la tierra, la naturaleza y el espacio de acuerdo con las fuer-
zas productivas en una negociación entre acumulación y reproducción social
a diferentes escalas. Ello implica que la producción de la naturaleza como
mercancía incluye a las instituciones, la jurisprudencia, y las relaciones eco-
nómicas y políticas con los que opera la sociedad. Desde este punto de vista,
las regulaciones mineras tienen un estatus privilegiado: son las herramientas
con las que los aspectos organizativos y tecnológicos del capitalismo extrac-
tivo se jan e imponen en el espacio-tiempo, creando lugares y conexiones
que sostienen la acumulación basada en el extractivismo de los recursos na-
turales. Por tanto, las regulaciones mineras son un campo de disputa en la
transformación del paradigma político e ideológico que permite avanzar en
el análisis del nexo entre la ley y el espacio.
Este artículo se sustenta en investigación de archivo y legislación históri-
ca disponible en el Archivo Biblioteca de la Función Legislativa, la Biblioteca
Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, el Archivo Nacional del Ecuador y en
repositorios en línea con legislación comparada de países de la región.
5. Agnew, “The territorial trap…”, 54; Jacint Jordana y David Levi-Faur, “The Diffu-
sion of Regulatory Capitalism in Latin America: Sectoral and National Channels in the
Making of a New Order”, Annals of the American Academy of Political and Social Science 598,
n.
o
1 (2005): 102-124, doi: 10.1177/0002716204272587587; Covadonga Meseguer y Fabrizio
Gilardi, “What is new in the Study of Policy Diffusion?”, Review of International Political
Economy 16, n.
o
3 (2009): 527-543, doi: 10.1080/09692290802409236; Jamie Peck y Nik Theo-
dore, “Mobilizing Policy: Models, Methods, and Mutations”, Geoforum 41, n.
o
2 (2010): 169-
174; Rianne Mahon y Stephen McBride, “Standardizing and Disseminating Knowledge:
The Role of the OECD in Global Governance”. European Political Science Review 1, n.
o
1
(2009): 83-101; Bruno Latour, “The Power of Association”. En Power, Action and Belief. A
new Sociology of Knowledge?, ed. por John Law (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1986):
264-280; Bruno Latour, The Making of Law. An Ethnography of the Conseil d’Etat (Malden:
Polity Press, 2010).
6. Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 2001 [1944]).
7. Neil Smith, Uneven Development. Nature, Capital, and the Production of Space (Athens:
University of Georgia Press, 2008), 67.
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Antes de iniciar el análisis conviene hacer una advertencia: el estudio
remite a la Geografía crítica y no constituye un estudio dogmático o de Juris-
prudencia en materia de Derecho minero. Temporalmente, se centra a nes
del siglo XIX como una etapa de transición entre la dominación colonial y el
liberalismo republicano, lo que permite evidenciar la transformación norma-
tiva asociada a un cambio en el modo de acumulación.
Contexto históriCo y eConoMía polítiCa
de las leyes de Minería en el siglo xix
A inicios del siglo XIX, el agotamiento de los yacimientos de fácil acceso,
la inundación de las minas, la destrucción de los socavones, las dicultades
tecnológicas para la explotación de profundidad, la escasez de mano de obra
y el escaso apoyo institucional incidieron en el abandono de las minas en el
Ecuador, así como el en el resto de la región.
8
Además, los conictos inter-
nacionales de España,
9
las revueltas populares en las colonias y las guerras
de independencia en Hispanoamérica condujeron a la desarticulación de los
ejes del espacio colonial: la minería y el aparato administrativo.
10
La eman-
cipación política de España puso de maniesto la fragmentación interna de
América Latina en condiciones en que la minería había perdido su capaci-
dad de mantener la cohesión interna y daba lugar a vínculos diferenciales
dentro de la división internacional del trabajo.
A nivel internacional, la industrialización de Europa y América del Norte
estimuló y diversicó la demanda de metales industriales y preciosos.
11
Esta
actividad extractiva se organizó sobre la base de enclaves aislados orienta-
dos a satisfacer la demanda de cobre, estaño y plomo así como la obtención
de oro y plata. En América Latina, inversionistas extranjeros provenientes
de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos trabajaron para rehabilitar las
8. Para una discusión para América Latina véase Victor Bulmer-Thomas, The Economic
History of Latin America since Independence (Cambridge: Cambridge University Press, 2003);
Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Edito-
rial, 1998). Para el caso especíco de las minas de Zaruma véase Kris Lane, “Unlucky
Strike: Gold and Labor in Zaruma, Ecuador, 1699-1820”, Colonial Latin American Review 13,
n.
o
1 (2004): 65-84, http://dx.doi.org/10.1080/1060916042000210828.
9. La Guerra de Independencia Española (1808-1814) y los conictos de España con
Francia y Gran Bretaña reconguraron la presencia de la metrópoli española en los territo-
rios coloniales, considerando que las otras potencias comerciales que buscaban extender
su inuencia en la región a través de rutas marítimas.
10. Carlos Sempat Assadourian et al., Minería y espacio económico en los Andes, siglos
XVI-XX (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980).
11. Martin Lynch, Mining in World History (Londres: Reaktion Books, 2002).
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minas en México, Perú, Bolivia y Chile.
12
Las operaciones mineras estaban in-
uidas por el patrón colonial preexistente, pero eran tecnológicamente más
sosticadas, con una inversión intensiva de capital, con relativamente pocos
trabajadores y escasos efectos redistributivos en las economías nacionales.
13
La expansión de la industria minera se produjo de manera simultánea
a los incipientes procesos de formación del Estado. Durante la campaña de
Independencia, Simón Bolívar buscó recuperar la minería como una fuente
de riqueza pública y prosperidad de la Gran Colombia con un decreto que
pretendía garantizar la propiedad de las minas, otorgar seguridad jurídica
a los inversionistas frente a cualquier ataque, alteración o pérdida de la per-
tenencia minera y promover el conocimiento cientíco de la minería y de la
mecánica. El decreto introdujo reformas relativas a la denuncia, adjudicación
y deserción de minas, limitó el número de pertenencias mineras por cada
propietario y propició reformas relativas a los juicios de minas.
14
Hacia 1830, la conformación del Ecuador como república favoreció dis-
posiciones tendientes a la consagración de los derechos de propiedad y a la
atracción de inversión extranjera.
15
La emisión de la Ley de Fomento de la
Minería de 1830 buscaba reactivar el sector productivo en el naciente país:
existía una diversicada actividad minera en la zona austral del Ecuador,
que incluía minas de roca dura y placeres aluviales –que operaban con tra-
bajo servil y bajos rendimientos– combinados con la extracción de oro y otras
formas de producción articuladas al mercado internacional tales como la
quina y el caucho. La industria minera localizada en el sur del Ecuador tuvo
exenciones tributarias, benecios para la compra de pólvora y sal, así como
12. Isaac F. Marcosson, Metal Magic: The Story of the American Smelting and Rening
Company (Nueva York: Farrar / Strauss and Company, 1949); James Otto y John Cordes,
The Regulation of Mineral Enterprises: A Global Perspective on Economics, Law and Policy
(Westminster: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2002), 1-32; Helmut Waszkis,
Mining in the Americas: Stories and History (Cambridge: Woodhead Publishing, 1993).
13. Timothy Clark y Liisa North, “Mining and Oil in Latin America: Lessons from the
Past, Issues for the Future”. En Community Rights and Corporate Responsibility. Canadian
Mining and Oil Companies in Latin America, ed. por Liisa North, Timothy Clark y Viviana
Pastroni, 1-17 (Toronto: Between the Lines, 2006).
14. Es de suponer que existían motivaciones personales tras este decreto. En 1824
Simón Bolívar intentó vender sus minas en Aroa y Corote (actual Venezuela) a inversores
británicos para subsanar deudas y subsidiar la campaña libertaria pero la presencia de
arrendatarios e intrusos desencadenaron un litigio sobre la titularidad de la propiedad.
La inseguridad jurídica y la politización de la justicia constituyeron una barrera para la
inversión extranjera, situación que llevó a Bolívar a la bancarrota. Véase Antonio Herre-
ra-Vaillant, Bolívar empresario: también víctima de la inseguridad jurídica (Quito: Temistocles
Hernández, 2008).
15. Para ampliar este debate ver el trabajo de Juan Paz y Miño, “Constituyentes, cons-
tituciones y economía”, Boletín THE - Taller de Historia Económica VIII (junio 2007): 1-22.
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también disposiciones para que los municipios construyeran, con fondos
propios, los caminos de acceso a los sitios mineros.
16
Todo ello dio paso al
resurgimiento de la minería en el austro, a través de emprendedores locales,
huaqueros y lavaderos de oro, un tema que se explora con mayor detalle en
las siguientes secciones.
Sin embargo, hacia nes del siglo XIX, la legislación minera del Ecua-
dor consistía en una colección de leyes contradictorias, provenientes de la
Ordenanza de Minería de Nueva España de 1753, el Decreto de Bolívar de
1829 y sucesivas modicaciones constitucionales.
17
Cabe recordar que la Or-
denanza de 1753 establecía que la Corona española mantenía exclusividad
de la explotación de las minas y, por tanto, se había restringido el laboreo de
minas y el acceso de capitales provenientes de otras potencias coloniales.
18
Esta legislación buscaba el control territorial de la producción minera, para
la cual instauró un sistema administrativo y concesional sujeto al pago de
regalías –correspondiente a un quinto de la producción– y el pueble de mina,
es decir, el trabajo continuado por un número mínimo de operarios. Así, la
propiedad y el usufructo estaban vinculadas directamente a la ocupación
efectiva de las minas, lo que involucró la movilización de fuerza de trabajo
indígena y el establecimiento de asentamientos mineros. El decreto de 1829
buscaba transformar estas relaciones pues determinó que “las minas de cual-
quier clase, le corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en
propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan”,
19
aunque la normativa
tuvo aplicación limitada en el nuevo Estado.
El Código de Minería del Ecuador, promulgado en 1886, es un ejem-
plo en la transición desde una legislación heredada de la Colonia hacia a
una legislación acorde con la expansión de la minería a nivel regional. Esta
norma buscaba ampliar la participación de los inversionistas nacionales y
16. Juan Chacón, Historia de la minería en el austro del Ecuador (Cuenca: Cámara de
Minería de Cuenca / Ministerio de Energía y Minas, 2001).
17. Vicente Paz, Legislación vigente en el Ecuador sobre minas, inclusive el Código de Mine-
ría, compilada y anotada (Guayaquil: Imprenta y librerías ecuatorianas, 1886).
18. Las Ordenanzas de Minería de Nueva España de 1783 representan el cuerpo de
doctrina jurídica más desarrollado del derecho colonial e inuenciaron de manera signi-
cativa los códigos de minería de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Dicha norma
determinaba que las minas constituían un patrimonio de la corona española, el cual podía
entregarse en propiedad y posesión a personas naturales, súbditos de la corona española,
en tanto que los extranjeros tenían prohibición para adquirir o trabajar las minas, salvo
naturalización o licencia real. Alejandro Vergara Blanco, Principios y sistema del derecho
minero. Estudio histórico-dogmático (Santiago: Editorial Jurídica de Chile / Universidad de
Atacama, 1992).
19. Decreto de Bolívar de 1829, citado por Paz, Legislación vigente en el Ecuador…, 6.
Énfasis añadido.
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extranjeros en el descubrimiento, prospección y explotación de minas, y pro-
porcionar seguridad jurídica para los concesionarios mineros. Algunas de
las principales características del Código fueron: la propiedad perpetua de
derechos mineros, los procedimientos para el registro de los descubrimien-
tos minerales, la demarcación de la pertenencia minera, las servidumbres de
supercie para facilitar las actividades mineras y la creación de un aparato
administrativo para supervisar el sector minero. La reforma de 1892 buscó
garantizar el dominio del Estado sobre las minas y reintroducir las regalías
como condición previa para conservar la concesión minera, elementos que
son analizados en las siguientes secciones.
la diFUsión norMatiVa y los intereses
loCales tras el Código de Minería de 1886
A nes del siglo XIX, la expansión internacional de la minería industrial
en América Latina se enfrentó con el dilema de contar con una legislación
colonial dentro de un contexto republicano. El capital transnacional requería
normas claras para respaldar la inversión, monopolizar los recursos natu-
rales, facilitar las operaciones industriales, y garantizar la repatriación de
utilidades y ganancias hacia sus países de origen. Las leyes de minería del
Ecuador ilustran la transformación del marco regulatorio hacia un régimen
de acumulación capitalista y liberal, tanto en lo económico como en lo ideo-
lógico. En este sentido, la ley no es un mero reejo de procesos económicos
sino un generador de relaciones sociales contingentes a un proceso histórico,
político y geográco que posibilita el desarrollo de un modo de producción.
En esta sección resalto dos aspectos de la geografía legal: las inuencias in-
ternacionales en la difusión de la normativa a nivel regional y los intereses
locales de los sujetos generadores de la legislación nacional.
Difusión regional de la normativa minera
En la región andina, “la ruptura del pacto colonial generó como una de
sus consecuencias la disgregación del espacio americano, en la medida que
sus ejes anteriores de integración, el Estado y la minería potosina, perdieron
gran parte de su relevancia”.
20
América Latina se había fragmentado en uni-
dades independientes con sistemas políticos diferenciados que variaban en-
tre federalismo y unitarismo, y cada país adoptó constituciones que uctua-
ban entre el radicalismo, el conservadurismo y el liberalismo. El desarrollo
20. Assadourian et al., Minería y espacio económico…, 45.
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de la industria minera ocurrió de manera progresiva, conjuntamente con los
procesos de formación del Estado y la expansión capitalista a escala regional.
Dos cuerpos normativos afectaron de manera sustantiva la extracción de re-
cursos minerales en el siglo XIX: el Código Civil y el Código de Minería. En
ambos casos se trató de una difusión del ordenamiento jurídico desarrollado
en Chile que irradió su inuencia hacia el Ecuador.
En América Latina la conformación del Estado de Derecho estuvo pro-
fundamente inuenciado por la obra de Andrés Bello en su redacción del
Código Civil de Chile, promulgado en 1855. Bello había desarrollado una
propuesta que establecía un balance entre la tradición y el cambio, con un
fuerte arraigo en el Derecho romano.
21
El Código establecía normas para re-
gular las relaciones civiles y comerciales de los ciudadanos, y se difundió
ampliamente en los países de habla castellana y portuguesa que lo adopta-
ron y adaptaron a cada sistema político.
22
Este cuerpo legal raticaba el de-
recho patrio por sobre el derecho común y pretendía sistematizar y codicar
la norma, a n de evitar la multiplicidad de las leyes, sus defectos y contra-
dicciones.
23
Este Código raticaba la soberanía nacional y Estado de Derecho
a través de cuatro principios: la primacía de la ley, la igualdad ante la ley, la
propiedad privada y la libertad de contratación.
24
En el caso del Ecuador, la constante uctuación por diferentes modelos
constitucionales ralentizó el proceso de codicación de las relaciones socia-
les. En 1857, la Corte Suprema abandonó la formulación de un proyecto de
Código Civil y acogió la propuesta realizada por Andrés Bello con los si-
guientes argumentos:
La Corte, que no abriga sentimiento de orgullo y vanidad y que cree que no hay
mengua alguna en adoptar lo bueno que ya se encuentra hecho, no ha vacilado
en volver sobre sus pasos, dando de mano a sus trabajos anteriores y se ha con-
traído a examinar dicho Código. De este examen ha resultado la convicción de
que su plan es preferible al que se había trazado la Corte y que su doctrinas y
aun su estilo podían ser adoptados por nosotros, haciendo solamente una que
21. Alejandro Guzmán, Andrés Bello codicador: historia de la jación y codicación del
Derecho Civil en Chile (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1982); Iván Jaksic,
Andrés Bello: la pasión por el orden (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001).
22. El texto está organizado en cuatro libros que incluyen provisiones sobre: las per-
sonas jurídicas; la adquisición, uso y usufructo de la propiedad; las sucesiones y las dona-
ciones; y las obligaciones relativas a contratos.
23. Bernardino Bravo Lira, “La difusión del Código Civil de Bello en los países de
derecho castellano y portugués”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, n.
o
7 (2010): 71-106.
24. Juan G. Matus Valencia, “The Centenary of the Chilean Civil Code”, The American
Journal of Comparative Law (1958): 71-83, http://www.jstor.org/stable/837427.
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otra variación, que la diferencia de circunstancias y el bien de la claridad hicieren
necesarias.
25
Esta situación no es exclusiva del Ecuador. Bravo Lira señala que la di-
fusión del Código Civil desarrollado por Andrés Bello incluye variaciones a
través de diversos países de la región. La adopción global del texto ocurre
en Colombia (1857, 1876, 1887), Ecuador (1861), El Salvador (1859), Pana-
má (1860), Honduras (1880), Nicaragua (1871) y Venezuela (1863). En paí-
ses como Argentina (1869), Uruguay (1869), Paraguay (1876), y Brasil (1860,
1865) se elaboró un nuevo texto, pero con dependencia en el Código de Be-
llo. El Código de Chile también inuyó parcialmente en la redacción de los
códigos de México (1871, 1884), Venezuela (1873, 1916), Guatemala (1877)
y Costa Rica (1888). La inuencia de la obra se extendió a países como Por-
tugal, España, Cuba, Puerto Rico, Angola, Mozambique, Filipinas, Guinea
Portuguesa, Cabo Verde, Sao Tome, Goa, Macao y Timor.
Posteriormente, la Constitución del Ecuador de 1869 amplió el concepto
de propiedad a los “descubrimientos” orientados a promover las empresas
y favorecer las mejoras útiles que puedan introducirse en la República (art.
35, inciso 12), un precepto que fue importante para el desarrollo de la mine-
ría a nes de dicho siglo. De manera más enfática, la Constitución de 1878
incorporó un capítulo especíco en el que la nación garantizó “la propiedad
con todos sus derechos” y estableció que los ecuatorianos gozan de libertad
de industria y de la propiedad exclusiva de sus descubrimientos (art. 27).
Siguiendo la pauta del Código Civil, el Código de Minería de Chile –adop-
tado en 1874– también inuyó en el derecho minero a escala regional. A nales
del siglo XIX, varios países de América Latina efectuaron cambios a la legis-
lación minera: Argentina (1886), Bolivia (1880), Colombia (1887), Chile (1874,
1888), Ecuador (1886, 1892), Guatemala (1881), Honduras (1880, 1887), México
(1884; 1892), Nicaragua (1876), Perú (1887; 1890) y Venezuela (1887, 1891). No
todas las leyes corresponden a una réplica textual de la legislación chilena y
este estudio no pretende hacer un exhaustivo análisis legal comparado. Sin
embargo, es posible notar que en el caso del Ecuador la legislatura adoptó
como propio y de manera literal el texto desarrollado en Chile.
Es incierto determinar si existió injerencia extranjera en la denición de
esta normativa. En cualquier caso, es interesante observar cómo los servicios
diplomáticos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia brin-
daron atención a la industria minera e incluyeron correspondencia ocial y
traducciones parciales de la normativa relevante. A manera de ejemplo, en
25. “Ocio de la Corte Suprema al Ministro de Estado en el Despacho del Interior”,
Quito, 21 de febrero de 1857, citado por Bravo Lira, “La difusión del Código Civil de
Bello…”, 96.
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1892 la Ocina Internacional de las Repúblicas Americanas realizó una tra-
ducción interpretativa de los diferentes códigos y leyes vigentes en América
Latina, bajo el título Mines and Mining Laws of Latin America, con información
para posibles inversionistas.
26
Esa amplitud geográca de la transformación de la normativa minera
no tiene parangón sino hasta nales del siglo XX, cuando catorce países de
América Latina reformaron el marco legal en dicho sector.
27
El denominado
“Código minero moderno”, derivado de los principios neoliberales, promo-
vió la desregulación de la industria a n de atraer inversión extranjera direc-
ta, promocionar las ventajas competitivas y adoptar instrumentos de gestión
ambiental o responsabilidad social corporativa, generando así un nuevo ci-
clo de expansión de las industrias extractivas en la región.
28
Los sujetos (locales) productores
del derecho minero (nacional)
Las minas estaban parcialmente abandonadas tras las luchas de inde-
pendencia. El Estado era débil para el fomento de esta industria y las élites
locales tenían poca experiencia con la tecnología para la explotación de mi-
nerales. La reactivación de la minería requirió de una conuencia de factores
y para efecto de este análisis interesa resaltar cómo la presencia de empren-
dedores locales incidió en la transformación normativa a escala nacional.
Silvia Palomeque explica que las inversiones mineras de mediados del
siglo XIX corresponden a una expansión de ingresos monetarios derivados
de un proceso de desarrollo regional en el austro del Ecuador.
29
En efecto, la
26. En algunos casos, como en Argentina, la ley desarrolla en extenso ámbitos técnicos
y administrativos. En Bolivia se limita a 37 artículos organizados en cinco secciones relati-
vos a la propiedad de las minas, la exploración y prospección, la concesión y la propiedad
de las minas, el laboreo y la revocatoria de las concesiones y los derechos y deberes de los
mineros. En Brasil no existía un código unicado pero sí una serie de normas administra-
tivas. En Costa Rica, las leyes reformadas sobre la base de las Ordenanzas de Minería de
Nueva España eran consideradas como difusas, tecnicistas y tan oscuras que eran apenas
inteligibles.
27. Eduardo Chaparro, Actualización de la compilación de leyes mineras de catorce países de
América Latina y el Caribe, vol. 43 (Santiago: CEPAL, 2002).
28. William T. Onorato, Peter Fox y John Strongman, World Bank Group Assistance
for Minerals Sector Development and Reform in Member Countries (Washington D. C.: Banco
Mundial, 1998); Paúl Cisneros, “Panorama de la minería en América Latina”. En Política
minera y sociedad civil en América Latina, ed. por Paúl Cisneros, 31-36 (Quito: Instituto de
Altos Estudios Nacionales, 2016).
29. Silvia Palomeque, “La Sierra sur (1825-1900)”. En Historia y región en el Ecuador
1830-1930, ed. por Juan Maiguashca, 69-142 (Quito: FLACSO / CERLAC / Corporación
Editora Nacional, 1994).
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zona de Cuenca había experimentado un auge asociado a la recuperación del
sector manufacturero, las exportaciones de cascarilla, y la incipiente indus-
tria del sombrero de paja toquilla. Estos ingresos generaron un superávit que
nanció la reactivación de las minas de Pilzhum y Gualleturo, los lavaderos
de oro de Collay y los descubrimientos en Gualaceo y Chordeleg.
Paralelamente, el Estado había auspiciado el desarrollo de las ciencias
y la investigación geológica. En 1876 el Gobierno del Ecuador encomendó
a Teodoro Wolf, geólogo del Estado, la misión de examinar las provincias
de Loja y Azuay, y de pasar un informe sobre sus estudios y observaciones.
Dichas descripciones dieron paso a que empresarios nacionales y extran-
jeros procedieran a denunciar concesiones mineras en la zona austral del
país. Años más tarde, existía un “delirio” en todo el país por el “luminoso
informe” en el cual Wolf revelaba las “prodigiosas riquezas” de la zona de
Zaruma.
30
Las élites cuencanas adquirieron concesiones mineras en Zaruma. En
1877 el cuencano Manuel Federico Muñoz Serrano junto con su hijo Manuel
J. Muñoz Barrios y un grupo de empresarios chilenos iniciaron la explora-
ción y denuncia de minas en el distrito. En 1880, mediante gestiones de Mu-
ñoz Serrano, se constituyó en Londres la compañía Great Zaruma Gold Mi-
ning, con un capital de 250.000 libras.
31
Entre los socios accionistas de dicha
empresa constan Rafael Arízaga, Luis Malo, Manuel Vega, Manuel Moscoso,
Roberto Crespo Toral, entre otros.
32
En 1890 los reportes de diplomáticos y
consulares de la misión británica en el Ecuador registraron una exportación
desde el puerto de Guayaquil de 4.671 onzas de oro, con una producción
promedio de 400 a 500 onzas de oro mensual. El vínculo entre los inverso-
res y los mercados internacionales no es una coincidencia. En este período
la burguesía local constituye empresas con capitales británicos y franceses,
los cuales infunden ideales modernizadores vinculados a una economía de
mercado y una democracia liberal.
Los empresarios mineros de Zaruma impulsaron iniciativas para romper
lazos administrativos y adquirir mayor autonomía respecto de los grupos
económicos de Cuenca y el control político de Loja. El anhelo era conformar
una nueva provincia junto con los cantones de Santa Rosa y Machala. Las au-
toridades locales, los propietarios de minas y los comerciantes se asociaron
con el consejo municipal de Zaruma para recibir al Ejército de Restauración.
Las fuerzas militares, comandadas por el general Francisco Javier Salazar, se
30. Paz, Legislación vigente en el Ecuador…, 3.
31. F. G. Sáenz de Tejada, “El distrito aurífero de Zaruma”. En Geografía y Geología del
Ecuador; publicada por orden del Supremo Gobierno de la República por Teodoro Wolf, 661-700
(Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana 1975 [1892]), 867.
32. Palomeque, “La Sierra sur…”, 99.
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oponían a la dictadura de Ignacio de Veintemilla. El proceso de diferencia-
ción socio-política de las élites regionales propugnaba una nueva división
territorial del Estado. Así, el 29 de noviembre de 1882 los residentes de Za-
ruma, Santa Rosa y Machala establecieron una nueva provincia con el nom-
bre de El Oro, en honor de los depósitos auríferos del piedemonte andino.
33
Hacia 1884, la Convención Nacional raticó la creación de esta jurisdicción
administrativa. Sin embargo, la correlación de fuerzas cambió a favor de los
grupos económicos vinculados a la agricultora de exportación y la ciudad
costera de Machala pasó a ser la capital.
El grupo de empresarios mineros logró captar el poder político de la
recién creada Provincia de El Oro y desarrollaron vínculos con el gobierno
nacional para controlar el sector. Las élites de Zaruma buscaron asegurar la
jurisdicción sobre las minas que se asientan en el cantón mediante el nom-
bramiento de un Juez de Minas, a n de “facilitar las empresas en él co-
menzadas” y se justica tal decisión debido “a la distancia de la capital de
provincia y su dicultad para comunicarse con la Gobernación respectiva”.
34
El juez de Minas era de nombramiento directo del Ejecutivo y gozaba de los
mismos derechos de un alcalde municipal. Se establecieron así conexiones
directas entre las élites locales, los inversionistas mineros y el poder político
en Quito.
Hacia nes del siglo XIX, la legitimidad política y el desarrollo económi-
co requería de intermediarios regionales para la organización del trabajo y el
control de la población a lo largo del territorio nacional.
35
Esto incluía la desig-
nación de autoridades administrativas en diferentes niveles de gobierno, un
hecho que propiciaba tanto las alianzas con las élites regionales como una pe-
netración del Estado. Así, Rafael Arízaga, quien fue nombrado jefe Civil y Mili-
tar de la provincia de El Oro, sugiere al ministro de Gobierno que se tramite de
manera urgente “un código adecuado y la protección decidida del Gobierno”
para la industria minera. En su informe de 1883, Arízaga señalaba que:
Las leyes que nos rigen en materia de minería, son diminutas y las ordenanzas
españolas, son propias de la época en que se dieron, conviene en mi concepto,
adoptar el Código de Chile, hasta que en el Primer Congreso, pueda darse otro,
reformando o modicando aquel en todo lo que la experiencia manifestase la
33. Martha Romero, “Origen de la provincia de El Oro: vicisitudes e intereses 1882-
1884”. Ponencia presentada al Segundo Congreso de Historia Social de Zaruma (Zaruma:
Corporación Sociedad Amigos de la Genealogía / Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2011).
34. Decreto Ejecutivo, 9 de abril de 1884, rmado por el general Francisco Javier Sala-
zar. Archivo Biblioteca de la Función Legislativa (ABFL).
35. Juan Maiguashca, “El proceso de integración nacional en el Ecuador: el rol del
poder central, 1830-1895”. En Historia y región en el Ecuador 1830-1930, ed. por Juan Mai-
guashca, 355-415 (Quito: FLACSO / CERLAC / Corporación Editora Nacional), 367.
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necesidad de modicarlo. Como nuestro Código Civil, es tomado del Chileno,
y como el de minas del que vengo hablando está en perfecta conformidad con
el Derecho Civil Chileno, creo que no debe buscarse otro Código extranjero para
formar el nuestro.
36
En efecto, hacia 1886 Ecuador adoptó de manera íntegra el texto del Có-
digo de Minería que fuera aprobado en Chile una década antes. Algunos de-
talles se analizan en la próxima sección. Acá interesa remarcar que el código
determinaba que la adquisición de minas o la participación en los ingresos
mineros estaba restringida para autoridades y funcionarios públicos. Existía
una salvedad, la provisión no se aplicaba para quienes hubieran adquirido
propiedades mineras antes de su designación como servidores públicos o
autoridades. Como resultado, Manuel Muñoz Serrano, Rafael Arízaga y sus
socios mantuvieron intereses en el sector minero en tanto continuaban su
carrera política como ministros, diputados, senadores, gobernadores o con-
sejeros municipales.
En resumen, la difusión del derecho minero y la proclamación del Có-
digo de Minería crearon una territorialidad propia en una tensión dinámica
entre la expansión del capitalismo extractivista, la legitimación de grupos
empresariales y la penetración de la acción administrativa del gobierno
central. La réplica de textos legales externos a la circunscripción del Estado
nación implicó la mediación de actores con intereses económicos que propo-
nían e impulsaban una normativa con referencia a un lugar concreto: en este
caso, el distrito minero de Zaruma. A través de las leyes, las élites locales y
regionales buscaron legitimar su dominación política y garantizar su control
de los medios de producción. Este proceso produjo una reconguración de
relaciones socioespaciales mediante la redenición del ámbito de acción de
los poderes regionales y una ampliación del campo de acción estatal, en tan-
to que la institucionalidad pública adquirió potestades burocráticas para la
aplicación normativa.
la reConFigUraCión territorial
de la ConCesión Minera
El Código de Minería de 1886 y sus posteriores reformas permitieron re-
congurar y crear un espacio geográco para la extracción de recursos mine-
rales en Ecuador. La legislación transformó las condiciones de apropiación
36. El texto se encuentra trascrito en Gonzalo Rodríguez, “Proclamación de la provin-
cia de El Oro; primeras autoridades y situación de Zaruma en 1882”, Sociedad de Amigos de
la Genealogía, n.
o
21 (2002): 253.
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y explotación de los yacimientos al redenir la concesión de la pertenencia
minera. En este aspecto destacan dos elementos: los principios que orientan
su conformación como un bien jurídico sujeto a aprovechamiento privado y
los criterios para su demarcación de como inmueble separado del predio de
supercie. Cabe recordar que la denición legal y espacial de la propiedad
privada es un requisito previo para la expansión capitalista y requiere de
autoridades capaces de denir, codicar y aplicar la normativa para hacer
efectivas las obligaciones contractuales entre sujetos legales. En este sentido,
las provisiones que se describen a continuación tuvieron un rol en la apertu-
ra de espacios para actividades extractivas y la apropiación de los recursos
naturales en el Ecuador.
La propiedad de los yacimientos minerales
La propiedad de los yacimientos minerales es uno de los elementos sus-
tantivos del Derecho minero. El estudio de los diversos sistemas legales que
conguran el dominio de minas suele tener un énfasis histórico y dogmáti-
co.
37
El desarrollo normativo reeja dos objetivos contrapuestos: el control
soberano sobre los recursos minerales y la retribución a la iniciativa minera
desarrollada por inversores privados. Estos elementos tienen relevancia en
tanto determinan el grado de intervención del Estado en la administración
de la riqueza minera y los derechos de los particulares sobre las minas.
Los orígenes y la evolución de los principios del Derecho minero tras-
cienden este artículo, pero vale mencionar tres variantes fundamentales. El
sistema fundiario o de accesión asume la unidad entre el suelo y el subsuelo, por
lo que el propietario del suelo adquiere también el dominio de las minas. El
sistema res nullius concibe a los minerales como un objeto jurídico distinto del
suelo; los yacimientos carecen de un dueño originario y su propiedad corres-
ponde a quien los descubra y trabaje. Desde esta perspectiva, las minas se
transforman en bienes adquiribles por medio de una concesión que otorga el
Estado en tanto representante de los intereses generales. El sistema regalista
atribuye el dominio eminente o radical del subsuelo al soberano, el cual otor-
ga en propiedad y posesión las minas, previa una concesión sujeta al pago
de derechos o regalías. Una variante de este sistema considera a las riquezas
37. Nicholas J. Campbell Jr., “Principles of Mineral Ownership in the Civil Law and
Common Law Systems”, Tulane Law Review 31 (1956): 303-312; Juan Luis Ossa Bulnes,
Derecho de Minería (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1999); Vergara Blanco, Principios
y sistema del derecho minero…; Julio Vildósola, El dominio minero y el sistema concesional en
América Latina y el Caribe (Caracas: Latina, 1999); Francisco Zúñiga, “Constitución y do-
minio público: dominio público de minas y aguas terrestres”, Revista Ius et Praxis 11, n.
o
2
(2005): 65-101, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122005000200003.
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mineras como un dominio patrimonial, absoluto e inalienable del Estado.
En el Ecuador, la adopción del Código de Minería de 1886 implicó la
transformación de las formas institucionales que regulaban el dominio del
subsuelo. Esta norma se distanció del sistema regalista español y desarrolló
un sistema de res nullius mediante el cual quien descubre, notica y registra
las minas adquiere su propiedad. El Código no determinó el dominio emi-
nente, radical o patrimonial del subsuelo, sino que procedió a enumerar los
diferentes minerales objeto de regulación y a denir el procedimiento para
constituir la propiedad de las minas.
38
La ley concedió la propiedad de las
minas a los particulares, a condición de trabajarlas y explotarlas regularmen-
te. En caso de despueble o abandono, la mina se revertía al Estado, perdien-
do sus linderos y su individualidad legal.
Según este sistema, toda persona natural o jurídica con capacidad de po-
seer bienes en el Ecuador, conforme el Código Civil, estaba autorizada a ad-
quirir minas. El derecho a explorar, investigar y poseer minas estaba abierto
a nacionales y extranjeros. Así, se eliminó la prohibición impuesta por las or-
denanzas de 1783, que limitaban la posesión de las minas a los súbditos de la
Corona española. Los inversionistas privados podían ejercer el libre derecho
de prospección en terrenos eriales, no cerrados y no cultivados, o en terrenos
cultivados previa licencia del dueño. La constitución de la propiedad minera
requería de un proceso mediante el cual el descubridor daba a conocer el
hallazgo a la autoridad competente para su posterior registro y publicación.
En 1892, ante el avance de políticas liberales progresistas se introdujeron
reformas al Código de Minería que restablecieron un sistema regalista de
dominio eminente capaz de proporcionar seguridad jurídica a los concesio-
narios de minas. El dominio de las minas pasó a ser un bien patrimonial del
Estado, el cual tenía la facultad para otorgar derechos de ocupación y explo-
tación. El artículo 1 de la reforma legal determinaba que:
El Estado es dueño de todas las minas de oro, azogue, estaño, piedras preciosas,
petróleo, carbón y demás sustancias fósiles, no obstante el dominio de las cor-
poraciones o de los particulares sobre la supercie de la tierra en cuyas entra-
ñas estuviesen situadas. Pero se concede a los particulares la facultad de catar y
cavar en tierras de cualquier dominio, para buscar las minas a que se reere el
precedente inciso, la de labrar y beneciar dichas minas, y la de disponer de ellas
38. El Código de 1886 menciona las minas de oro, plata, cobre, platino, mercurio,
plomo, zinc, bismuto, cobalto, níquel, estaño, antimonio, arsénico, hierro, manganeso,
molibdeno, piedras preciosas; en 1892, se incorpora a esta lista el petróleo. La explotación
del carbón y demás fósiles no comprendidos en el listado anterior se sujetan a un sistema
fundiario o de accesión; es decir, pertenecen al dueño del suelo. Las piedras y metales
preciosos corresponden al primer ocupante; en tanto que las piedras de construcción o de
adorno son de aprovechamiento común a quienes las necesiten.
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como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el presente Códi-
go, con excepción de las que actualmente ocupa o da en arrendamiento el Fisco.
39
La norma permitió que la supercie máxima de concesión se incremen-
tara de dos a veinte pertenencias mineras sobre una misma veta, siempre
que sea en terreno vacante, contiguo y no ocupado por otro minero. Las per-
tenencias mineras eran entregadas en propiedad perpetua a condición de
pagar una patente anual equivalente a 8 sucres (1 libra esterlina) por cada
posesión, con condición de apertura y mantenimiento de caminos y otras
obras de utilidad para la actividad minera. La caducidad de la concesión y
su revocatoria al Estado ocurría solo por incumplimiento en el pago de los
derechos mineros. Esta disposición eliminaba la obligación de trabajar las
minas de manera regular y otorgaba seguridad de tenencia de la propiedad
minera. Adicionalmente, las maquinarias, equipamientos e insumos para la
explotación de las minas estaban exentos de todo impuesto scal y munici-
pal por veinticinco años.
Esta denición de la propiedad minera buscaba proporcionar seguridad
jurídica para los concesionarios mineros y ampliar la participación de los
inversionistas, nacionales y extranjeros en el descubrimiento, reclamo, pros-
pección y explotación de minas. Las enmiendas se orientaron a garantizar
el dominio del Estado sobre el subsuelo y a reintroducir las regalías como
condición previa para conservar la propiedad minera. En este sentido, la ley
antecedió la materialización del proceso extractivo.
La escisión y demarcación del subsuelo
La ley de minería concibe un espacio abstracto a través de procedimien-
tos técnicos para la identicación de la pertenencia minera. El dominio de las
minas produce un inmueble distinto y separado del terreno supercial. Los
procesos ecológicos y productivos quedan subsumidos a la actividad extrac-
tiva. Dos elementos resultan particularmente interesantes: la estraticación
entre el suelo y el subsuelo, y los procedimientos para la demarcación de las
minas.
Los procedimientos técnicos legalmente denidos para la demarcación
de minas dan cuenta de la pervivencia, transformación y difusión de prácti-
cas mineras de diversos sistemas legales. El Código de Minería de 1886 rati-
có la práctica colonial de demarcación de supercie e introdujo el principio
de medición longitudinal. Desde la época colonial, los mineros debían deli-
39. “Ley Reformatoria del Código de Minería”, Registro Ocial de la República del Ecua-
dor. Primera entrega (Quito: Imprenta del Gobierno, 1896), 96-101. Archivo Biblioteca de la
Asamblea Nacional del Ecuador.
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mitar sus propiedades mediante postes, estacas, hitos o mojones, para que
los derechos subterráneos fueran visibles en la supercie. Según Blomley, la
visibilidad de la propiedad privada tiene una doble connotación: involucra
una medición técnica respecto del uso de la tierra que a su vez impone un
orden social.
40
El principio de medición longitudinal era nuevo en América del Sur:
provino de las prácticas mineras tras la ebre del oro de California y de la
adopción internacional del sistema métrico decimal. Bajo este sistema, la
demarcación de minas se realizaba con criterios geométricos y supercies
máximas en forma de cuadrículas. La extensión de la pertenencia minera
se establecía en metros lineales según la latitud y la longitud, congurando
así formas regulares y colindantes.
41
Estos principios se mantienen hasta la
actualidad, con una preeminencia de prismas rectangulares que se determi-
nan a base de un catastro en el cual las áreas de concesión tienen un tamaño,
forma y orientación estandarizada.
42
Los concesionarios de minas adquirían derechos exclusivos a todas las
riquezas del subsuelo y podían seguir un lón “en toda su profundidad”,
concepto que proviene de la Ley de Minería de los Estados Unidos de 1872.
43
40. Blomley, “Law, Property and the Geography of Violence…”, 122.
41. En los yacimientos regulares, la extensión máxima de la pertenencia minera co-
rrespondía a 250 metros de longitud horizontal y 200 metros de aspas o latitud, según
la inclinación del lón con relación al horizonte. En los yacimientos irregulares, el área
correspondía a un prisma recto de máximo doscientos metros por lado. En el caso de
las arenas auríferas, la concesión comprendía 10.000 m
2
, formada por un rectángulo, un
cuadrado o por una serie de cuadrados contiguos y adaptados entre sí. Las reformas a la
ley de minería de 1892 incrementaron el tamaño de la concesión minera, hasta 600 metros
de longitud por 200 metros de latitud y a 50.000 m
2
la supercie de concesión de arenas
auríferas y estaníferas.
42. En la actualidad, la ampliación y diversicación de la frontera minera se sustenta
en el uso de tecnologías de análisis espacial basadas en información geológica y sistemas
de información geográca. En Ecuador, el impulso al sector minero ha cobrado vitalidad
tras la apertura del Catastro Minero en 2016, el cual comprende más de 8 mil áreas sujetas
a concesiones mineras que cubren algo menos de 2 millones de hectáreas, lo que repre-
senta casi el 9% del territorio nacional.
43. Para un análisis y una discusión histórica respecto de los principios que rigen el
sistema minero en México y California, así como las implicaciones de seguir una veta en
su profundidad, véase: William E. Colby, “Extralateral Right Shall It Be Abolished”, Cali-
fornia Law Review 5, n.
o
4 (1916): 303-330; John Rockwell, A Compilation of Spanish and Mexi-
can Law in Relation to Mines and Real Estate (Nueva York: John S. Voorhies, 1851); Duane A.
Smith, Mining America: The Industry and the Environment,1800-1980 (Lawrence: University
of Kansas Press, 1987); Grant Horace Smith, The History of the Comstock Lode, 1850-1997
(Reno: University of Nevada Press, 1998); Oswald Walmesley, Guide to the Mining Laws
of the World (s. r.: Eyre & Spottiswoode / Sweet & Maxwell, 1894), http://archive.org/
stream/guidetominingla00walmgoog#page/n4/mode/2up.
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Este principio permitía que los mineros trabajen las vetas y depósitos en
una profundidad indenida dentro de sus límites, es decir, siempre y cuan-
do no traspasen los bordes laterales del predio minero en su demarcación
supercial, independientemente de la bocamina o la dirección de la mine-
ralización.
La normativa minera de nes del siglo XIX impactó en el uso del terri-
torio, en tanto creó una circunscripción geográca y administrativa con cua-
lidades especícas: la concesión minera. A través de dicha gura se reguló
el acceso a los recursos minerales y se subsumió las actividades del suelo a
la extracción de minerales. La información sobre la geología del Ecuador y
los nuevos instrumentos normativos dinamizaron la minería, propiciando la
llegada de capitales británicos, franceses y norteamericanos.
44
A manera de corolario cabe señalar que la adopción de nuevos princi-
pios de Derecho minero fue funcional a la llegada de agentes económicos
internacionales interesados en la prospección de nuevos yacimientos. Ha-
cia 1895, el grupo Vánderbilt promovió una misión exploratoria en Ecuador
para realizar una investigación geológica y tomar muestras minerales. Un
comunicado del administrador de la compañía Zaruma Gold Mining Com-
pany, Joaquín González, reeja los temores ante la llegada de los empresa-
rios norteamericanos:
el Sindicato Bancario de Nueva York, dirigido por los Ingenieros Van Slooten y
Conger pretende adueñarse de todo el mineral y al efecto creo que tienen acá
un comisionado para rematar las minas. […] Conrman desde Nueva York los
resultados halagadores. Lo que les pareció mejor a dichos ingenieros fue lo de
la Compañía Inglesa, especialmente la mina Portobelo y su establecimiento […]
Mucho cuidado es preciso tener con los Yanquis, por consiguiente. Si tienen al-
gún interés por estas propiedades de minas, manden Uds. pronto a salvarlas.
45
Hacia nes del siglo XIX, bajo las provisiones del Código Civil y el -
digo de Minería vigentes, se subastaron las propiedades mineras de la Great
Zaruma Gold Mining a favor de la South American Development Company
44. En 1892 la Ocina de Estados Americanos publicó el libro Handbook of Ecuador.
Este documento resalta la abundancia de recursos minerales en Ecuador y la presencia de
empresas americanas en su explotación en la provincia de Esmeraldas y de inversiones
británicas en Zaruma y Portovelo. La información sobre los descubrimientos minerales
fueron difundidos a un público amplio a través de periódicos norteamericanos como, por
ejemplo, “Gold mining in Ecuador”, The Herald (Los Ángeles, California), 8 de junio de
1896: 4, Library of Congress, Chronicling America: Historic American Newspapers Site,
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042461/1896-06-18/ed-1/seq-4/.
45. Comunicado de Joaquín González a A. P. M. Rivolta, 30 de marzo de 1896. En
Manuel de Jesús Andrade, Provincia de El Oro. Monografías cntonales (Quito: Tipografía de
la Escuela de Artes y Ocios, 1923), 134.
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(SADCO). En los primeros años, los inversores norteamericanos tuvieron
que coexistir con otros propietarios de tierras y minería de pequeña escala, lo
que requirió una negociación activa con los poderes locales para transformar
la tenencia de la tierra conforme las necesidades de la minería industrial.
Progresivamente, la SADCO adquirió más de 40 km
2
en el distrito minero
de Zaruma, constituyéndose en el principal enclave minero en Ecuador, con
operaciones industriales hasta 1950. Esta regulación minera permitió una
negociación por contratos y se mantuvo relativamente estable hasta los años
de 1930, cuando ideales socialistas impulsaron una visión nacionalista de
los recursos minerales y una mayor participación del Estado en las regalías
mineras.
46
ConClUsiones
Este artículo analizó la dimensión socioespacial de la difusión normativa
a partir de las leyes de minería de Ecuador de nes del siglo XIX. El argu-
mento central fue que el territorio de la ley no es monolítico ni abstracto sino
que congura en una interacción dinámica entre diversos intereses, actores
y niveles de gobierno. El trabajo demostró que la adopción del Código de
Minería de 1886 fue la expresión de procesos económicos, políticos y geográ-
cos que imbricaron diversas escalas, a las cuales también antecedió y con-
guró. Las élites económicas locales y nacionales fomentaron la dinamización
productiva, la generación de conocimiento geológico, la exploración de ya-
cimientos minerales y la inversión en emprendimientos puntuales. A su vez,
la globalización de la industria minera y su expansión hacia América Latina
presionaron por cambios en las relaciones de producción, fomentando la mi-
nería industrial en Ecuador. En este contexto, la transformación productiva
requería de una actualización de la normativa vigente, en un contexto en el
cual grupos económicos y territoriales demandaban regulaciones especícas
que posibilitaran y legitimaran la realización de sus propios proyectos.
La normativa minera conjuga una serie de relaciones de poder con refe-
rencia geográca concreta: aquella en la cual se encuentran los yacimientos
minerales. En dichos espacios los propietarios de minas desarrollaron diver-
sos niveles de incidencia política y legislativa para la toma de decisiones a
escala nacional. Es decir, la ley minera pretende tener un alcance nacional
pero surge y se ejecuta en espacios locales, generando una territorialidad
46. Andrea Carrión, “Economic Nationalism and the Public Dominion of Mineral Re-
sources in Ecuador, 1929-1941”, The Extractive Industries and Society 1, n
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propia a su ámbito de aplicación. En este caso, los actores locales fungieron
como transmisores y portadores de conocimiento en materia legal, propi-
ciando la adopción del Código de Minería de Ecuador de 1886 el cual era,
a su vez, una réplica de la Ley de Minería de Chile de 1874. Esta ley denotó
las interacciones geográcas en la producción normativa, en tanto persistie-
ron enunciados provenientes de principios coloniales y aparecieron nuevos
elementos derivados de la cultura legal y la práctica minera norteamericana,
particularmente en cuanto a demarcación.
La reconguración de la propiedad minera, como una concesión estatal
a favor de actores privados, posibilitó la expansión capitalista en el sector en
condiciones de una mayor seguridad jurídica para inversores externos. La
abstracción en los criterios para la demarcación de las pertenencias mine-
ras omitió referencias al paisaje geográco y las prioridades de la población
local como elementos que denieran el ordenamiento jurídico. La regula-
ción produjo una tecnicación de las decisiones, situación que favoreció a
actores transnacionales con capital de riesgo dispuestos a iniciar operaciones
de prospección geológica. Es decir, se rearmó la apropiación del subsuelo
como un proceso técnicamente regulado, que subsumió los intereses sociales
y políticos de actores locales a las actividades mineras.
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