Procesos 36, II semestre 2012 39
PoLíticas de inmigración en américa Latina:
eL extranjero indeseable en Las normas
nacionaLes, de La indePendencia
hasta Los años de 1930
Tobias Schwarz
Universidad de Colonia
RESUMEN
El artículo explora el surgimiento de la figura del extranjero indeseable en las le-
gislaciones nacionales latinoamericanas, desde la Independencia hasta finales de la
década de 1930, aproximadamente, de forma paralela a la política de inmigración en
los Estados Unidos. Las restricciones sobre la entrada libre de extranjeros que esta-
blecieron las repúblicas, durante las primeras décadas de la Independencia, estaban
relacionadas con el modelo del ciudadano idealizado. El análisis de los impedimen-
tos para la entrada de extranjeros muestra cómo, durante el siglo XIX, el extranjero
“deseado” fue definido cada vez más en contraste con los rasgos negativos de los
“indeseables”, bajo el supuesto objetivo de “defender la nación”.
Palabras clave: inmigración, ciudadanía, nacionalidad, racismo, colonización, Améri-
ca Latina, siglo XIX, siglo XX.
ABSTRACT
This article explores the emergence of the figure of the extranjero indeseable in na-
tional legislation in Latin America, from independence through the late 1930’s, taking
into account parallels with immigration policies in the United States. Restrictions on
the free entry of foreigners, established in the nation-states during the first decades
of independence, were based on the concept of the ideal citizen. The analysis of
impediments to the entry of foreigners shows how during the nineteenth century
the ‘desired’ alien was increasingly defined in contrast to the negative features of the
‘undesirable’ alien and was aimed at ‘defending the nation’.
Keywords: immigration, citizenship, nationality, racism, colonization, Latin America,
19
th
century, 20
th
century.
introducción
Al establecerse como Estados-nación independientes, las jóvenes repúbli-
cas de América Latina introdujeron la libre circulación de extranjeros, lo cual
Procesos 36, II semestre 201240
significó una grave ruptura con la tradición del régimen colonial, que fue de
gran importancia ideológica. Sin embargo, dicha libertad pronto dejó de ser
válida para aquellos extranjeros considerados como “perniciosos”. Fue así que
algunos grupos de inmigrantes se vieron favorecidos y los demás, excluidos.
Algunas décadas más tarde, en la mayoría de los nuevos Estados se estableció
una lista de razones por las que estos debían excluir a ciertas personas inde-
seables. “Se prohíbe la entrada”, empieza la frase típica, de “delincuentes” y
“vagos”, de enfermos y “locos”, de “individuos de malas costumbres”, etc., o
de los que, en general, “constituyan una carga pública”. En este artículo voy a
explorar el surgimiento de la figura del extranjero indeseable y a mostrar las
restricciones a la entrada libre de extranjeros establecidas en las legislaciones
nacionales latinoamericanas hasta finales de la década de 1930, aproximada-
mente.
Este artículo no puede discutir las consecuencias materiales de estas ex-
clusiones, ya que su determinación sería muy costosa debido a las grandes
diferencias entre las historias particulares de los países. Además, mi contribu-
ción se dedica a los conceptos normativos, es decir, a los intentos de las élites
que formaban las autoimágenes nacionales, y al impacto que tenían estos en
el plano legislativo.
¿cómo definir a Los miembros de La nación?
La codificación de lo indeseable ¿fue una contradicción con respecto a la
aparente apertura a los inmigrantes que distinguía a los países de acogida? Al
parecer, no fue así para sus contemporáneos. La legitimidad de estas restric-
ciones se basaba en el elemento central del Estado-nación: la distinción entre
los nacionales y los extranjeros.
1
Según el concepto de soberanía nacional,
la única fuente de poder es la nación, entendida como la participación de
todos sus ciudadanos.
2
Para el Estado-nación, imaginado “como inherente-
mente limitado y soberano”,
3
lo nacional necesariamente excluye a los que
1. Linda Bosniak, The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership,
Princeton, Princeton University Press, 2006; Rogers Brubaker, “Migration, Membership, and
the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging”, en
Journal of Interdisciplinary History, No. 1, vol. 41, 2010, pp. 61-78.
2. Mónica Quijada, “Las ‘dos tradiciones’. Soberanía popular e imaginarios compartidos
en el mundo hispánico en la época de las grandes revoluciones atlánticas”, en Jaime E.
Rodríguez O., edit., Revolución, Independencia y las nuevas naciones de América, Madrid,
Fundación MAPFRE, 2005.
3. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, Londres, Verso, 1983, p. 7. Traducción al español: Benedict Anderson, Comu-
Procesos 36, II semestre 2012 41
no pertenecen a la nación, es decir, a los extranjeros. La definición de lo na-
cional, como una separación con respecto a los extranjeros, la vemos en La-
tinoamérica en las cláusulas constitucionales que definen la pertenencia legal
a la nación a través del ius soli, concepto que excluye a los nacidos fuera del
territorio nacional. Este principio, común en América, continúa la fijación de
los sujetos al territorio del soberano bajo el Antiguo Régimen. En las jóvenes
repúblicas de la América española, la decisión de mantener este principio
heredado de la Constitución de Cádiz se puede explicar probablemente por el
hecho de que este principio podría volverse en contra de los antiguos amos.
Al conservar el ius soli se excluyeron de la pertenencia en los respectivos Es-
tados de forma permanente a todas las personas nacidas en Europa; además,
el traslado de una familia a la península llevó a la pérdida de los derechos
políticos ciudadanos a partir de la próxima generación.
4
En la primera mitad
del siglo XIX, los afectados fueron, principalmente, los españoles.
Sin embargo, esta delimitación básica de nacionales y extranjeros también
estuvo llena de restricciones “internas” –quiere decir: referentes al derecho de
la ciudadanía–. Se introdujo en la república el concepto de la existencia de
un grupo dentro de todos los “nacionales”. Los “ciudadanos” fueron definidos
por cualificaciones más restrictivas, porque ellos podían participar en el poder
político mediante el sufragio activo y pasivo.
5
Estas definiciones exponen al
ciudadano alineado al modelo del sujeto masculino ideal y excluyen a todas
las subjetividades “problemáticas” que implican la autodefinición nacional: los
locos, los criminales, los deudores, hasta los analfabetos
6
y dependientes en
general (jornaleros, sirvientes, niños y mujeres).
7
A pesar de estas numerosas
nidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de
Cultura Económica, 2003.
4. Esta limitación se encuentra de forma explícita, por ejemplo, en la Constitución de
Venezuela de 1830, art. 11.
5. La ciudadanía, por cierto, no es una “invención” sin precedentes; ver Tamar Herzog,
Defining Nations: Immigrants and Citizens in Earlymodern Spain and Spanish America,
New Haven, Yale University Press, 2003; Marta Irurozqui, “De cómo el vecino hizo al ciu-
dadano en Charcas y de cómo el ciudadano conservó al vecino en Bolivia, 1809-1830”, en
Jaime E. Rodríguez O., edit., Revolución, Independencia y las nuevas naciones de América,
Madrid, Fundación MAPFRE, 2005; Peter Sahlins, “The Eighteenth-Century Revolution in Ci-
tizenship”, en Andreas Fahrmeir, Oliver Faron y Patrick Weil, edits., Migration Control in the
North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from
the French Revolution to the Inter-war Period, Nueva York, Berghahn Books, 2003.
6. El criterio de saber leer y escribir, lógicamente necesario, suponía algunas dificul-
tades de legitimación por descartar un segmento tan grande de la población. Por ende, se
suspendió su aplicación por unas décadas; ver, por ejemplo, la Constitución de la Nueva
Granada de 1832, art. 8; y la de Venezuela de 1830, art. 14.
7. En cuanto a las mujeres era una exclusión más grave que durante el régimen colo-
nial, ver François-Xavier Guerra, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del
Procesos 36, II semestre 201242
exclusiones, la definición de ciudadanía de alrededor de 1830 rompe con la
tradición del Antiguo Régimen, ya que entre los nacionales varones adultos
no se permitía ninguna exclusión grupal.
8
La potestad del Estado de excluir a
tantos individuos del derecho a la ciudadanía no hacía daño al ideal de igual-
dad, según como lo veían sus contemporáneos, pues, durante el siglo XIX,
los pensadores liberales aceptaron esto como una necesidad, como muestra el
comentario de Vicente Rocafuerte, político liberal y futuro presidente de Ecua-
dor, comparando las constituciones latinoamericanas en 1826: “Las calidades
que exigen las leyes ultramarinas, para ejercer los derechos de ciudadanos,
se fundan sobre las máximas de la conveniencia pública y los dictámenes de
la prudencia”.
9
Las dos restricciones mostradas –la ciudadanía dentro de la nacionalidad
y los impedimentos a la entrada de extranjeros– se conectan entre sí por el
modo de adquisición de la nacionalidad. Arriba mencioné que toda América
Latina optó por mantener el criterio de ius soli para otorgar la nacionalidad.
El ius soli es una política de pertenencia nacional inclusiva en cuanto a los
inmigrados: a sus hijos se les da el estatus de miembros del colectivo nacional
“automáticamente”. No fue por coincidencia porque con los nuevos miembros
se trató de poblar y “civilizar” un territorio que estaba, según el imaginario na-
cional, ‘incivilizado’ o incluso “vacío”.
10
Estos inmigrantes no debían ser utili-
ciudadano en América Latina”, en Hilda Sabato, edit., Ciudadanía política y formación de
las naciones: perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, 2002,
p. 46. Ejemplos de los excluidos formalmente de la ciudadanía en las constituciones los
dan David Bushnell, “El sufragio en la Argentina y en Colombia hasta 1853”, en Revista del
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, No. 19, 1968, pp. 11-29; David Bushnell,
“La evolución del derecho de sufragio en Venezuela”, en Boletín Histórico, No. 29, 1972, pp.
189-206; Stanley L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff, “The Evolution of Suffrage Institutions
in the New World”, en The Journal of Economic History, No. 4, vol. 65, 2005, pp. 891-921;
Marta Irurozqui, “Ebrios, vagos y analfabetos: el sufragio restringido en Bolivia, 1826-1952”,
en Revista de Indias, No. 208, vol. 56, 1996, pp. 697-742; Hilda Sabato, “Soberanía popular,
ciudadanía y nación en Hispanoamérica: la experiencia republicana del siglo XIX”, en Alm.
braz. [on line], No. 9, 2009, pp. 5-22; en Estados Unidos: Alexander Keyssar, The Right to
Vote: The Contested History of Democracy in the United States, Nueva York, Basic Books,
2000; en Europa: Immanuel Wallerstein, “Citizens All? Citizens Some! The Making of the
Citizen”, en Comparative Studies in Society and History, No. 45, 2003, pp. 650-679.
8. Esto se refiere a la distinción colonial entre indios y españoles, así como a la exclu-
sión plenamente racista de “africanos” en la Constitución de Cádiz de 1812; el único grupo
excluido hasta los años de 1850 eran los esclavos.
9. Vicente Rocafuerte, “Examen analítico de las Constituciones formadas en Hispano-
américa”, en Ocios de los españoles emigrados, No. 25, tomo V, 1826, p. 410.
10. El argentino Domingo Faustino Sarmiento lo expresó a mediados del siglo XIX con
su disyuntiva de “civilización o barbarie”; Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o civili-
zación y barbarie en las pampas argentinas, Caracas, Ayacucho, 1977 (1845); ver Eduardo
A. Zimmermann, “Racial Ideas and Social Reform: Argentina, 1890-1916”, en The Hispanic
Procesos 36, II semestre 2012 43
zados como trabajadores temporales que luego seguirían adelante o volverían
a sus países de origen (sobre todo a los países vecinos), como, por ejemplo,
los cosecheros en Prusia hacia 1900,
11
o como un depósito de mano de obra
en el “bracero program” de los Estados Unidos.
12
Ni siquiera estuvieron sim-
bólica o espacialmente aislados de la nación, como sucedió durante el uso de
esclavos o trabajadores forzados.
Por el contrario, los colonos debían formar parte de la nación, estable-
cerse definitivamente y poner las bases para un crecimiento poblacional. Se
debe tener en cuenta que muchos países de América Latina naturalizaron a
sus colonos contratados de inmediato (o muy generosamente). Las normas
tempranas de colonización, por ejemplo en Venezuela, no solo otorgaron la
nacionalidad inmediatamente a los recién llegados, sino que contenían un
tratamiento preferencial de inmigrantes en cuanto a la paga de impuestos,
la exención del servicio militar y el permiso especial para matrimonios no
eclesiásticos.
13
La naturalización se obtenía muy fácilmente, ya fuera por la
entrada como “inmigrante” o por la residencia legal de un año.
14
Después de
la entrada al país como inmigrante, la incorporación en el cuerpo nacional
era prevista y habitual. Bajo el sistema del ius soli, los hijos de “inmigrantes”
nacidos en el país automáticamente se convierten en “nacionales”. Por eso, a
más tardar una generación, el Estado no podía distinguir jurídicamente entre
familias ‘autóctonas’ e “inmigrantes”.
15
Es una característica específica de los
países en América Latina (y asimismo de países de inmigración en otras regio-
American Historical Review, No. 1, vol. 72, 1992, pp. 23-46. Un resumen del desarrollo
durante el siglo XIX de la conexión entre raza y nación en América Latina dan Nancy P. Ap-
pelbaum, Anne S. MacPherson, Karin Alejandra Rosemblatt, “Introduction: Racial Nations”,
en Nancy P. Appelbaum, Anne S. MacPherson, Karin Alejandra Rosemblatt, edits., Race and
Nation in Modern Latin America, Chapel Hill/Londres, The University of North Carolina
Press, 2003.
11. Klaus J. Bade, “ ‘Billig und willig’ - die ‘ausländischen Wanderarbeiter’ im kaiserli-
chen Deutschland”, en Klaus J. Bade, edit., Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland,
München, Beck, 1992.
12. Deborah Cohen, Braceros: Migrant Citizens and Transnational Subjects in the Post-
war United States and Mexico, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2011.
13. Ver “Ley de 13 de junio de 1831”, art 2; “Ley de 12 de mayo de 1840”, art. 16; “Ley
de 24 de mayo de 1845”, art. 12.
14. “Ley sobre Naturalización de Extranjeros”, art. 1, 27 de mayo de 1844.
15. Esa distinción entre naturales y naturalizados sí existe en cualificaciones por pues-
tos políticos, por ejemplo, en Venezuela en el artículo 21 de la Constitución vigente de 1999.
Para el caso de México, donde se discutió esta cuestión durante los debates del Congreso
Constituyente de 1917, ver Pablo Yankelevich, “Nación y extranjería en el México revo-
lucionario”, en Cuicuilco, No. 31, vol. 11, 2004; Beatriz Bernal, “México y Cuba: caminos
divergentes en materia de expulsión de extranjeros”, en Anuario Mexicano de Historia del
Derecho, No. 8, 1996, pp. 107-133.
Procesos 36, II semestre 201244
nes del mundo que tienen una historia colonial similar, pero este no es el tema
del presente artículo) y una diferencia clave en comparación con regímenes
del ius sanguinis o con regímenes que prohíben la naturalización de ciertos
grupos (como, por ejemplo, la de los no blancos en los Estados Unidos).
16
Consecuentemente, en los regímenes de nacionalidad según el ius soli, los in-
migrantes deseados encarnaron al ciudadano ideal en fabricación. Su calidad
estuvo ligada a la imagen nacional de las élites, es decir, a una visión idealista
de cómo puede ser –o será– la nación. Los contemporáneos pensaban cons-
cientemente las cualidades de los inmigrantes en analogía a los del ciudadano,
como vemos en un decreto peruano sobre naturalización del año 1835:
Considerando [que] la ciudadanía no debe considerarse como derecho anexo
al nacimiento, sino como una prerrogativa que las leyes conceden al hombre hon-
rado é industrioso, pues que la misma ley que llama al extranjero en ciertos casos
y con determinadas condiciones á su goce, expele al natural á quien su conducta
relajada hace indigno de este título.
17
Una consecuencia lógica de la naturalización rápida y del principio de ius
soli fue que la selección de inmigrantes antes de su entrada jugó un papel im-
portante en el control de la composición y el futuro desarrollo de la población
nacional. Los inmigrantes tenían que portar consigo, de antemano, todas las
cualidades de las que podría beneficiarse el futuro pueblo: tenían que ser sa-
nos y fértiles, productivos y trabajadores, ordenados, obedientes y moderados,
y, no menos importante, blancos.
18
Igual que la noción de ciudadanía durante
el temprano siglo XIX implicó la exclusión de los ‘salvajes’, ‘locos’, ‘vagos’ y
mal educados, hacia finales de siglo, restricciones muy parecidas fueron parte
de la competencia nacional para sujetar la inmigración a ciertas cualidades.
16. Ver “a free white person”, nota 29.
17. “Decreto de marzo de 1835. Declarando ciudadanos del Perú á todos los extranjeros
que quieran inscribirse en el registro cívico”.
18. El nuevo ciudadano ‘ideal’ no se elabora en todos los países del mismo modo, pues
unos, por ejemplo, expresamente excluyen al comerciante, al judío u otros tópicos urbanos.
Ver abajo: Argentina; el ideal de la representación masculina, sin embargo, actúa por todas
partes. Además, es evidente que la nacionalidad está siendo negociada mediante la inte-
racción entre raza-clase-género. Ver Tobias Schwarz, “National belonging in the Dominican
Republic: The Legal Position as an Interdependent Social Categorisation”, en Daniela Célleri,
Tobias Schwarz y Bea Wittger, edits., Interdependencies of Social Categorisations, Fráncfort/
Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2013. En cuanto a la conexión entre el proyecto nacional,
el racismo y la sexualidad, ver Karin Alejandra Rosemblatt, “Sexuality and Biopower in Chile
and Latin America”, en Diane E. Davis, edit., Political Power and Social Theory, Emerald
Group Publishing Limited, 2002; Peter Wade, “Racial Identity and Nationalism: A Theoretical
View from Latin America”, en Ethnic and Racial Studies, No. 5, vol. 24, 2001, pp. 845-865.
Procesos 36, II semestre 2012 45
Por ende, las exclusiones de los indeseables se modelaron contrarias a la ima-
gen ideal de los (futuros) ciudadanos: la del patriarca con su familia.
19
¿cómo regLamentar eL acceso a La nación?
En cuanto a la distinción entre nacionales y extranjeros, llama la atención
que en las tempranas repúblicas estuvo en vigor un nuevo régimen de inmi-
gración. Durante la Colonia, los extranjeros no podían instalarse libremente
en “las Indias”.
20
La Independencia rompió con esa exclusión categórica de
extranjeros, denunciando el “bárbaro sistema que había adoptado el gobierno
opresor, primero exterminando á la raza de indígenas, y después impidiendo
la entrada á todas las naciones del mundo”.
21
No solo proliferó el ideal del
libre movimiento, sino que los extranjeros fueron equiparados con los nacio-
nales durante los primeros años de la Independencia.
22
Solo poco a poco se
introdujeron limitaciones a este principio cuando las élites se dieron cuenta de
sus posibles desventajas. Fue responsabilidad explícita del gobierno determi-
nar los criterios para la entrada de extranjeros, además de expulsar a aquellos
que no iban a ser tolerados en el país. Hacia el final del siglo XIX, algunos
Estados empezaron a incorporar estas atribuciones a sus constituciones po-
líticas.
23
A fines del siglo XIX, a más tardar, las leyes nacionales de cada uno
19. Karin Alejandra Rosemblatt, “Sexuality and Biopower in Chile and Latin America”,
p. 234.
20. “[…] ningun Estrangero pueda pasar a las Indias á tratar, y comerciar, sin que prece-
da el requisito preciso de averle concedido carta de naturaleza para ello”. “Real Cédula No.
13”, 8 de diciembre de 1720. La escritura consta así en el original.
21. “Decreto de 11 de junio de 1823”, citado por G. T. Villegas-Pulido, Los extranjeros
en Venezuela: su no admisión - su expulsión, Caracas, Lit. y Tip. del Comercio, 1919, p. 15.
Las cursivas constan en el original.
22. Como ejemplo ver el decreto del 17 de octubre de 1821 de San Martín, en Perú:
“Los extranjeros residentes en el país tienen los mismos derechos que los ciudadanos […]”.
23. Hay países que valoran tanto la potestad nacional de rechazar cualquier persona
que le dan rango constitucional. La “Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica”
de 1898 dictaba: “Las leyes podrán establecer la forma y casos en que puede negarse a un
extranjero la entrada al territorio de la República u ordenarse su expulsión por considerarlo
pernicioso” (art. 50). La Constitución de Nicaragua de 1893 usa las mismas palabras (art. 17),
la de Honduras de 1894 contiene el concepto de “extranjero pernicioso” (art. 17), también
la de Perú de 1920 (art. 29), la de Venezuela de 1893 habla de los extranjeros “notoriamente
perjudiciales al orden público” (art. 78, 4), y es muy parecido el art. 17 de la Constitución
de Uruguay de 1967. En México, el artículo 33 de la Constitución el gobierno tenía la po-
testad de expulsar a cualquier extranjero considerado “pernicioso” sin barreras judiciales;
ver Pablo Yankelevich, “Extranjeros indeseables en México (1911-1940): una aproximación
Procesos 36, II semestre 201246
de los países latinoamericanos definían los requisitos y prohibiciones para la
entrada de extranjeros.
Aunque fue muy discutida la cuestión de si el Estado debía excluir o no
a los extranjeros, cuando se trataba de proteger sus intereses, principalmente,
la respuesta era claramente sí. La protección de los intereses del Estado o la
selección de las calidades especialmente deseadas aparecían como legítimas
por sí, generalmente no se veía ningún conflicto con postulados de igualdad
o con el alegado ‘derecho de entrada libre’. Este ‘derecho’ en realidad nadie
lo entendió como un reclamo, sino como una gracia, dependiendo de las
decisiones ‘prudentes’ del actor estatal. “Nadie niega hoy a los Estados sobe-
ranos el derecho de prohibir la entrada a su territorio de los extranjeros cuyos
procederes y conducta serían cause de perturbaciones”, comentó el jurista y
expresidente venezolano Villegas-Pulido en 1919. “Una corriente de inmigra-
ción que no traiga consigo hábitos de orden y de trabajo, costumbres hones-
tas, prácticas moralizadoras, puede envenenar las fuentes de la prosperidad
de un país, retardando o hacer retroceder su civilización”.
24
El Estado tenía
el deber de protegerse contra influencias negativas, y “se debe a sí mismo,
al menos, esa medida de protección”.
25
Esta exclusión deriva su legitimidad
de una imagen muy común en la legislación nacional sobre extranjeros: la
nocividad de ciertos tipos de inmigrantes. En un comentario a un decreto
brasileño “sobre expulsão de extrangeiros do territorio nacional”, de 1907,
encontramos una reificación del Estado muy común hacia el fin del siglo:
“O Estado é um organismo; real ou analoga á dos outros organismos, a vida
organica do Estado apresenta os mesmos phenomenos que a dos organismos
vivos. Estes repellem a ingestão de substancia nocivas e expellem as que não
podem assimilar”.
26
El jurista brasileño piensa que el “Estado” no solo vivía y
crecía, sino que su homeostasis podía verse alterada por patógenos; hay que
mantener lejos dichas amenazas para el “cuerpo nacional”, o hay que eliminar
lo nocivo. En realidad, hacia el final del siglo XIX se llevó a cabo una biologi-
zación del “pueblo” que hace aparecer todas las influencias nocivas como una
amenaza a la existencia física de la nación, y que se expresa a través de un
cuantitativa a la aplicación del artículo 33 constitucional”, en Historia mexicana, No. 3, vol.
53, 2004, pp. 693-744.
24. G. T. Villegas-Pulido, Los extranjeros en Venezuela: su no admisión - su expulsión,
pp. 6, 22.
25. J. Irizarry y Puente, “Exclusion and Expulsion of Aliens in Latin America”, en The
American Journal of International Law, No. 2, vol. 36, 1942, pp. 252-270. Traducción del
autor.
26. Francisco de Paula Lacerda de Almeida, “O decreto N. 1641 de 7 de janeiro de 1907
sobre expulsão de extrangeiros do territorio nacional”, en Revista dos Tribunaes, Río de
Janeiro, 1907, p. 9.
Procesos 36, II semestre 2012 47
vocabulario racializado.
27
Como veremos después, cuando discuta los casos
empíricos, en concreto esto significó que los enfermos, locos y vagos, y tam-
bién los anarquistas y los criminales fueron considerados como factores que
dañaban al ‘cuerpo nacional’, así como también cualquier ‘mezcla de razas’
supuestamente irracional. Las repúblicas hispanoamericanas del siglo XIX y el
Brasil de finales del mismo generaron en sus leyes nacionales enumeraciones
de impedimentos para la entrada de ciertos extranjeros, entendidos como
peligrosos o perniciosos para la sociedad. Durante las primeras décadas del
siglo XX, dicha lista se codificó y se convirtió en una definición del extranjero
indeseable con rasgos muy parecidos en toda América Latina.
28
La construcción deL eXtranjero indeseabLe en Las
Leyes migratorias Latinoamericanas. modeLos eXitosos
de atraer a inmigrantes: estados unidos y argentina
Dos países en América son de importancia especial para cualquier estudio
comparativo: los Estados Unidos y la Argentina eran destino de inmigraciones
importantes. Considerados al final del siglo XIX y comienzo del XX como
“modelos de éxito” por haber aumentado la población a través de la inmi-
gración, colonizado el territorio e incrementado el rendimiento económico,
además de este aspecto normativo, los dos Estados también funcionan en la
historiografía como ejemplos contrastantes en lo referente a su política de in-
migración: reglamentada de forma muy precisa y bastante exclusiva en el caso
de los Estados Unidos, en el de Argentina el Estado también intentó seleccio-
nar y restringir la inmigración pero sin un marco legal explícito.
27. Respecto al pensamiento biologista en América Latina, ver Nancy Leys Stepan, The
Hour of Eugenics: Race, Gender, and Nation in Latin America, Ítaca, Cornell University
Press, 1996; sobre la racialización de la inmigración en Europa, ver Elisa Camiscioli, Repro-
ducing the French Race: Immigration, Intimacy, and Embodiment in the early Twentieth
Century, Durham, Duke University Press, 2009; de Brasil: Giralda Seyferth, “Colonização,
imigração e a questão racial no Brasil”, en Revista USP, No. 53, 2002, pp. 117-149; sobre Co-
lombia: Santiago Castro-Gómez, “¿Disciplinar o poblar? La intelectualidad colombiana frente
a la biopolítica (1904-1934)”, en Nómadas, No. 26, 2007, pp. 44-55. No es posible delimitar
claramente la fase de la “civilización” y del blanqueamiento de la fase del “mestizaje”; al
respecto presenta propuestas Richard Graham, “Introduction”, en Richard Graham, edit.,
The Idea of Race in Latin America, 1870-1940, Austin, University of Texas Press, 1992; Peter
Wade, “Race in Latin America”, en Deborah A. Poole, edit., A Companion to Latin American
Anthropology, Malden/Oxford, Blackwell, 2008.
28. Y más allá de América porque el Derecho internacional es un área de conocimiento
jurídico donde el alineamiento internacional se realizó desde temprano.
Procesos 36, II semestre 201248
ESTADOS UNIDOS
Los pobladores de las antiguas colonias de la Corona británica, que se
veían a sí mismos como el “margen de Europa”, iniciaron, tras la independen-
cia de Inglaterra, el reforzamiento del nosotros imaginado mediante la exclu-
sión de ciertos grupos: los native americans y los de origen africano fueron
excluidos de la nacionalidad estadounidense.
29
En ese entonces se promul-
garon también las primeras leyes de extranjería en los Estados Unidos. Estas
reglas de inmigración muestran de manera bastante clara quiénes eran los in-
deseables para las antiguas colonias después de su Independencia. En primer
lugar estaban los indigentes, pues acogerlos no era una práctica común, ni en
la época colonial ni después.
30
Además, otros tres grupos fueron excluidos:
los criminales, los negros, y los católicos.
31
A pesar de todo, como se requería
gente para la expansión territorial, los estados apoyaron la inmigración. En
1864 se promulga la primera ley federal, mediante la cual se intenta aumentar
la inmigración.
32
Esta ley todavía no contiene ninguna lista de propiedades
que, poco tiempo más tarde, iban a describir al extranjero pernicioso. Dado
que en el transcurso de siglo XIX la emigración a los Estados Unidos ya no
era exclusivamente europea, se hicieron con nuevas normas, los primeros
29. “An act to establish an uniform Rule of Naturalization” declaró: “any alien, being a
free white person, may be admitted to become a citizen of the United State”, excluyendo así
a todos aquellos no considerados blancos, 26 de marzo de 1790.
30. En marcado contraste con la inscripción en la Estatua de la Libertad: “Give me your
tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free”, erigida cien años después,
tan pronto como en la década de 1790 algunos estados ya habían dictado leyes contra los
vagabundos de Europa y de otras colonias. Bill Ong Hing, Defining America through Immi-
gration Policy, Filadelfia, Temple University Press, 2004, p. 14: “U.S. immigration laws have
never welcomed the poor. In fact, from the first comprehensive federal immigration law,
the laws have been designed and enforced to keep poor people out of the country”; Kevin
R Johnson, The “Huddled Masses” Myth: Immigration and Civil Rights, Filadelfia, Temple
University Press, 2004, p. 91.
31. Las colonias trataron de impedir, sin éxito, la expulsión de delincuentes de Ingla-
terra a América. Solo después de la Independencia la Corona británica no pudo continuar
con esa práctica; sin embargo, siguió enviando criminales condenados a trabajo penal a las
antiguas colonias. Varios estados de los Estados Unidos impidieron esa práctica a partir de
1788. Los negros libres fueron excluidos del libre movimiento hasta la guerra civil; ver Bill
Ong Hing, Defining America through Immigration Policy, pp. 14, 15. En 1798, en la estela
de la Revolución francesa, cuando se temía la identificación con sus ideales revolucionarios
o el apoyo político de Francia, las “Alien and Sedition Laws” sancionaron, además, determi-
nadas ideologías políticas; Estados Unidos, “Alien Friends Act (An Act Concerning Aliens)”,
25 de junio de 1798.
32. “Immigration Act (An act to Encourage Immigration)”, 4 de julio de 1864.
Procesos 36, II semestre 2012 49
intentos de influir en la composición de la población a través de la política de
inmigración. El “Chinese Exclusion Act” de 1882 prohíbe la entrada de todos
los chinos (inicialmente por un período de diez años), estableciendo así la
primera ley de inmigración para excluir a ciertas personas basándose en su
nacionalidad.
33
Se renovó esta ley muchas veces durante las décadas siguien-
tes (hasta su derogación en 1943, cuando los Estados Unidos y China fueron
aliados en la Segunda Guerra Mundial). Ese mismo año, el “Immigration Act”
34
dicta que cada “convicto, loco, idiota” sea enviado de vuelta a su país de ori-
gen. Esta ley se modificó en 1891 y se amplió la lista de “las siguientes clases
de extranjeros [que] deben ser excluidos”:
Todos los idiotas, personas dementes, mendigos o personas que puedan con-
vertirse en una carga pública, las personas que sufren de una enfermedad repug-
nante o contagiosa peligrosa, las personas que han sido condenadas por felonía
u otro crimen infame o delito que implique depravación moral, los polígamos.
35
Con las grandes olas inmigratorias de fines del siglo XIX, más católicos y
judíos y personas del sur y del este de Europa llegaron al país. Para restringir
esa inmigración, en 1917 se introdujo una prueba de lectura para los inmigran-
tes. Ese “Immigration Act” también amplió la lista de exclusiones introducida
en 1891 hacia una definición minuciosa de los indeseables. Además de los cri-
terios anteriores, están en ella, entre otras cosas, “epilépticos”, “personas con
alcoholismo crónico, pobres, mendigos profesionales, vagos”, “anarquistas”
y “prostitutas”.
36
También fueron excluidos generalmente inmigrantes de una
gran parte de Asia. Esta lista de exclusiones –el indeseable canónico– se ex-
tiende sobre varias páginas de la ley (en este ensayo no hay suficiente espacio
para citarlo en su totalidad).
La lista abundante de exclusiones de 1917 no era, aparentemente, lo su-
ficientemente específica como para disminuir los grupos indeseables. Por lo
tanto, las “Leyes de Cuotas” de 1921 y 1924 introdujeron, por primera vez, un
límite numérico a la inmigración de ciertos países, especialmente dirigido a
restringir la inmigración desde el sur y este de Europa. La “Emergency Quota
33. “Chinese Exclusion Act”, 6 de mayo de 1882.
34. “Immigration Act (An act to Regulate Immigration)”, 3 de agosto de 1882.
35. “Immigration Act (An act in Amendment to the Various Acts Relative to Immigration
and the Importation of Aliens under Contract or Agreement to Perform Labor)”, 3 de marzo
de 1891. Traducción del autor.
36. “Immigration Act (An act to regulate the immigration of aliens to, and the residence
of aliens in, the United States)”, 5 de febrero de 1917. Para realizar la prueba de los criterios,
la selección y el rechazo, las primeras medidas –el establecimiento de Elis Island– fueron
tomadas en la “Immigration Act” de 1891; Bill Ong Hing, Defining America through Immi-
gration Policy, p. 58.
Procesos 36, II semestre 201250
Law” de 1921
37
limitó el número de inmigrantes autorizados por cada naciona-
lidad al 3% del total de los nacionales que se ubicaron en los Estados Unidos
en 1910 (con excepción de los del hemisferio de oeste). La “Quota Law” de
1924
38
no solo bajó la cantidad al 2% para cada nacionalidad (en relación a
los residentes en los Estados Unidos en 1890), sino que esa ley incluso limitó
la entrada de todos aquellos que ya estaban legalmente excluidos de la na-
cionalidad estadounidense, esto es: todos los no blancos.
39
Esta selección se
justificaba por los presupuestos entonces proliferados del racismo científico y
la eugenesia, según los cuales las “razas nórdicas” eran consideradas de alta
calidad en comparación con las demás. El examen de lectura y el posterior
límite numérico debían, por lo tanto, proteger a la nación contra las “razas
ajenas”.
40
Estas dos legislaciones –la de 1917 que restringía por calidades, la de
1924 que excluía por cantidades– prevalecieron, por décadas en los Estados
Unidos, como la fundación bicéfala de la política de inmigración.
ARGENTINA
¿Qué pasaba en Argentina en ese mismo tiempo? También existía el con-
cepto de una supremacía blanca, el lema era “poblar es gobernar” (la famosa
frase de Juan Bautista Alberdi de mediados del siglo XIX)
41
y, asimismo, los
políticos experimentaban con técnicas de selección de inmigrantes. No obs-
tante, en Argentina regía el mito de las “puertas abiertas”, esto quiere decir,
de una inmigración libre. En 1812, el gobierno independiente de una antigua
colonia del Imperio español decretó, por primera vez, el libre ingreso de
inmigrantes y ofreció la inmediata protección a los individuos “de todas las
naciones” que quisieran fijar su domicilio en el territorio de las Provincias Uni-
37. “Emergency Quota Law (An act to Limit the Immigration of Aliens into the United
States)”, 19 de mayo de 1921.
38. “Immigration Act (An act to Limit the Immigration of Aliens into the United States,
and for other purposes)”, 26 de mayo de 1924.
39. Hasta la norma sobre naturalización de 1940 se excluyeron personas de Asia de
forma explícita. “Nationality Act. An Act to Revise and Codify the Nationality Laws of the
United States into a Comprehensive Nationality Code”, 14 de octubre de 1940. Las califica-
ciones raciales para la naturalización siguieron vigentes hasta 1952. “Act of July 2”, 1946; Ian
F. Haney López, White by Law: The Legal Construction of Race, Nueva York, New York Uni-
versity Press, 1996, p. 45; Kitty Calavita, “Immigration Law, Race, and Identity”, en Annual
Review of Law and Social Science, vol. 3, 2007, pp. 1-20.
40. Bill Ong Hing, Defining America through Immigration Policy, p. 58.
41. Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de
la República Argentina, derivados de la ley que preside al desarrollo de la civilización en la
América del Sud, Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1852.
Procesos 36, II semestre 2012 51
das del Río de la Plata.
42
En Argentina, como en todas las repúblicas latinoa-
mericanas, romper con el antiguo principio colonial de excluir lo más posible
a los extranjeros, jugó un papel ideológico destacado. Una pauta consistente
en cuanto a la inmigración deseada se establece con la Constitución adoptada
en 1853, cuyo preámbulo expresa perfectamente las puertas abiertas al hablar
de “promover el bienestar general […] para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino”.
43
No obstante, el artículo exacto sobre
inmigración (art. 25) limita el alcance de las puertas abiertas al especificar que
el gobierno “fomentará la inmigración europea”. Ya se establece un sistema
de selección entre grupos de población deseados –los europeos– y los demás
grupos indeseables. A causa de mirar la propia imagen nacional en el espejo
de la “civilización” europea y de desvalorar la población mayoritaria de no
blancos como “barbarie”,
44
la élite argentina pretendió influir en la composi-
ción de la población argentina de dos formas: marginalizando la población
actual indígena (por desplazamiento y/o exterminio) y aumentando la pobla-
ción percibida como blanca a través de la inmigración masiva de Europa. Por
ende, los objetivos de la “Ley de ciudadanía” (1869) y la “Ley de inmigración
y colonización” (1876) fueron los de facilitar dicha inmigración.
45
Esta última,
conocida como Ley Avellaneda, reguló todos los procesos de contratación,
llegada, colocación y establecimiento de inmigrantes a partir de 1890 y estuvo
vigente hasta 1981. El artículo 12 de la Ley Avellaneda define al inmigrante
como “todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor
que, siendo menor de 60 años, y acreditando su moralidad y aptitudes, llegase
a la República para establecerse en ella”. Mediante la explícita limitación en
la Constitución de “todos los hombres del mundo” a los de Europa, cualquier
restricción adicional –a nivel de las leyes– resulta prescindible.
Mientras las exclusiones grupales nunca entrarán en las leyes argentinas,
durante los primeros años del siglo XX la definición del extranjero indesea-
ble comienza a tener contornos más precisos. En 1902, la “Ley de Residen-
cia” otorgaba al Poder Ejecutivo amplias facultades para impedir la entrada o
expulsar a un extranjero “cuya conducta comprometa la seguridad nacional
o perturbe el orden público”.
46
Llevará otros ocho años más hasta que, por
42. “Decreto del 4 de septiembre de 1812”.
43. “Constitución de la Confederación Argentina”, 1 de mayo de 1853. Las secciones
que nos interesan están vigentes hasta hoy.
44. Ver nota 10.
45. “Ley de Ciudadanía No. 346”, 1 de octubre de 1869; Argentina, “Ley de Inmigra-
ción No. 817”, 6 de octubre de 1876; ver también Susana Novick, “Migración y políticas en
Argentina: tres leyes para un país extenso (1876-2004)”, en Susana Novick, comp., Las mi-
graciones en América Latina: políticas, culturas y estrategias, Buenos Aires, Catálogos, 2008.
46. “Ley No. 4144 de Residencia de Extranjeros”, art. 2, 22 de noviembre de 1902.
Procesos 36, II semestre 201252
primera vez, la “Ley de Defensa Social modifique las normas de admisión de
extranjeros, una explicación de la conducta que puede comprometer el poder
político legítimo. La nueva ley extiende la prohibición de ingreso a “los anar-
quistas y demás personas que profesan ó preconizan el ataque por medio de
fuerza ó violencia contra los funcionarios públicos ó los gobiernos en general
ó contra las instituciones de la sociedad”.
47
En vez de percibir a todos los in-
migrantes como agentes de “civilización”, ciertos grupos entre los extranjeros
provenientes de Europa comenzaron a ser percibidos como un elemento ame-
nazante. Al lado del criminal común, “el anarquista” se convierte en el foco de
la política excluyente. Incluso antes del inicio de la Primera Guerra Mundial,
y debido al crecimiento de la participación de inmigrantes (sobre todo de
españoles e italianos) en la formación de asociaciones obreras y movimientos
políticos socialistas, los inmigrantes pasaron a ser considerados no solamente
laboriosos y útiles sino, además, potencialmente peligrosos.
48
Después de la
guerra en Europa, alrededor de 1920, se reiniciaron las corrientes migratorias,
y la selección de inmigrantes según su “utilidad” se vuelve más drástica con un
decreto que reglamenta la Ley Avellaneda.
49
El gobierno, al tratar de modificar
la ley entonces vigente de 1876 “de Inmigración y Colonización”, no logró
adoptar una nueva –y supuestamente más restrictiva– a principios del siglo
XIX. Tres intentos, en 1923, 1938 y 1949, fracasaron, entre otras razones, por el
extendido “mito civilizatorio” que demostró ser muy durable.
50
Por eso, en vez
de aprobar una nueva ley, el gobierno argentino decidió regular la inmigra-
ción por la vía administrativa, reglamentando la ley vigente con regulaciones
de admisión más estrictas. El reglamento hace referencia al artículo 3 No. 2 de
la ley de “proteger la inmigración que fuere honorable y laboriosa, y aconse-
jar medidas para contener la corriente de la que fuese viciosa e inútil”. Para
constatar la existencia o no de propiedades “inútiles”, a partir de 1923, fue
obligatorio un comprobante de ausencia de antecedentes penales, que tenía
que ser certificado, antes de salir del país de origen, por el personal consular
argentino. Este decreto no solo trató de implantar un estricto control sobre el
ingreso de extranjeros, sino también de “disuadir, a través del papeleo, la elec-
ción del destino argentino”.
51
Así, sin alterar el cuadro jurídico heredado de la
47. “Ley No. 7029 de Defensa Social”, art. 1, 30 de junio de 1910. La escritura consta
así en el original.
48. Gabriela Costanzo, Los indeseables: las leyes de Residencia y Defensa Social, Buenos
Aires, Madreselva, 2009.
49. “Reglamento del 31 de diciembre de 1923”.
50. Fernando J. Devoto, “El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas admi-
nistrativas en la Argentina (1919-1949)”, en Desarrollo Económico, No. 162, vol. 41, 2001,
pp. 281-304.
51. Ídem, p. 283.
Procesos 36, II semestre 2012 53
constitución de 1853 –“fomentar la inmigración europea”– y de la ley sobre
la materia de 1876, la nueva reglamentación terminó con el período abierto
que duró de 1852 hasta la Primera Guerra Mundial (cuando la inmigración
europea, debido a la guerra, casi se enquistó).
En 1938 un decreto puso el control de la admisión enteramente bajo el
poder discrecional de la administración –y por lo tanto lo transformó en un
poder arbitrario–. Para lograr esto, el “permiso del libre desembarco”, que an-
tes había sido necesario solo en ciertos casos, fue utilizado como un requisito
general. Ahora, en todos los casos, incluso cuando una persona podía presen-
tar los documentos requeridos por completo, los agentes fronterizos podían
decidir, en última instancia, si la persona se consideraba como “indeseable” y
se le negaba la entrada. Así, la Dirección de Migraciones recibió la competen-
cia para decidir sobre la admisión o rechazo de los inmigrantes en el momento
del desembarco en el puerto de Buenos Aires. Devoto califica esta arbitrarie-
dad del decreto de 1938 como “el mayor esfuerzo por reducir al mínimo la
inmigración a través de mecanismos administrativos”.
52
En la fase de creciente
restricción de las “puertas abiertas”, a finales de la década de 1930, los criterios
de exclusión de ciertos grupos no estuvieron codificados en las leyes, sino
introducidos por medio de procedimientos modificados en los reglamentos
mencionados. De esta manera, se mantuvo el mito de la “libertad de inmigra-
ción”, mientras que el “caos administrativo muy visible” creó un gran margen
de maniobra para la administración, en particular en una situación llena de
diferentes intereses y conflictos entre los distintos ministerios y los órganos
competentes.
53
El núcleo de estas políticas, no siempre coherentes, fue utilizar
la migración para poblar la tierra, es decir, desviar los flujos de la ciudad a
donde, por lo general, se dirigían los inmigrantes. Esta “persistencia del mito
civilizatorio agrario original”
54
se ve incluso en la “Ley de Colonización” de
1940.
55
Pero los refugiados políticos y los judíos perseguidos en Europa que
intentaron entrar a Argentina fueron predominantemente de origen urbano, y
no sirvieron para la explotación de áreas rurales. Por razones políticas más es-
pecíficas, el gobierno conservador sospechaba de los refugiados que huían de
la Guerra Civil Española, percibidos como “agitadores” y “revolucionarios”.
56
Con el fin de disminuir la cantidad de estos dos grupos de indeseables, a partir
de 1938 fueron enviadas al personal de las embajadas en Europa circulares que
prohibían expedir visados a personas “indeseables o expulsadas de su país”,
52. Ídem, p. 290.
53. Ídem, pp. 283, 290.
54. Ídem, p. 286.
55. “Ley de Colonización Nacional”, 18 de septiembre de 1940.
56. Fernando J. Devoto, “El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas adminis-
trativas en la Argentina (1919-1949)”, p. 290.
Procesos 36, II semestre 201254
esto es, a los que no se embarcaban en su país de origen.
57
De esta manera, el
gobierno argentino cerró las puertas legales para refugiados de Europa.
Como síntesis, contraria a la de los Estados Unidos, la política de inmigración
argentina parece menos consistente. Pero, visto el proceso del creciente grado de
restricción de inmigración durante las primeras décadas del siglo XX, la Argenti-
na parece más un caso especial que una excepción. Es particular la falta de una
legislación coherente de impedimentos con respecto a la entrada de extranjeros
indeseables. Pero los ideales de inmigrantes deseados –blancos, sanos, laborio-
sos– no eran excepcionales, y la amenaza de influencias perniciosas por extran-
jeros, “cuya conducta perturbe el orden público”, fue no solo importante en la
política de inmigración argentina, sino que tuvo un papel protagónico en todas
las demás políticas de inmigración latinoamericanas. A este me dirijo ahora.
normas de eXcLusión en La LegisLación
de inmigración Latinoamericana
Mencioné anteriormente que múltiples países latinoamericanos comple-
taron a principios del siglo XX su lista de impedimentos para la entrada, y la
llamaban ‘codificación’ del extranjero pernicioso. Más adelante observamos
las normas aprobadas en quince países, desde la última década del siglo XIX
hasta la década de los treinta del siglo XX. Esta recopilación abarca ejemplos
de América del Norte, Sur y Central, del Caribe y de Brasil, pero no pretende
ser completa, sino que sirve para fines heurísticos.
LA LISTA CODIFICADA DEL “EXTRANJERO INDESEABLE”
Venezuela excluía por primera vez, en 1840, a los “perjudiciales al país”
sin explicar las cualidades entendidas como “perjudiciales”.
58
A mediados del
siglo XIX, la lista ya contenía “inmigrados criminales, inútiles, contagiados,
viciosos o que, por cualquier motivo, puedan ser perjudiciales a Venezuela”,
59
y era revisada y ampliada en las leyes de inmigración de 1912-1918 y enume-
rada en la forma de un conjunto coherente:
1° Los individuos que no sean de raza europea [en 1918: “o insulares de raza
amarilla del hemisferio Norte”];
2° Los individuos mayores de sesenta años […];
3° Los individuos de malas costumbres, los vagos, los que no tengan profe-
57. Ídem.
58. “Ley de 12 de mayo de 1840”, art. 6.
59. “Ley 6 de mayo de 1854 que protege la inmigración de extranjeros”, art. 8.
Procesos 36, II semestre 2012 55
sión honesta, ni los lisiados con incapacidad que los constituya una carga pública,
ni los que padezcan enfermedades contagiosas; y
4° Los que hayan sido condenados a presidio y no hayan obtenido rehabilita-
ción según las leyes de su país, excepto por causas políticas.
60
Hay que leer esa ley “de Inmigración” en conjunto con la “de Extranje-
ros”, introducida en el mismo período (la primera en 1919, la última en 1937,
vigente hasta 2004), porque la “ley de Extranjeros” también contenía una lista
de impedimentos para la entrada y se refería, en cambio, a esa “Ley de Inmi-
gración” (que contiene “raza” como criterio de exclusión, ver abajo). Según la
“Ley de Extranjeros” de 1919, “se prohíbe la entrada al territorio de Venezuela:
1° Al extranjero cuya presencia pueda turbar el orden público interior o com-
prometer las relaciones internacionales de la República.
2° Al extranjero que se halle comprendido en algunas de las causas de exclu-
sión de la Ley de Inmigración […].
3° Al extranjero que haya cometido algún delito común […].
4° Al extranjero que carezca de medios de subsistencia, o de profesión para
proveer a ella.
5° Al extranjero menor de 16 años […].
6° Al extranjero que pertenezca a sociedades o fines opuestos al orden pú-
blico o civil […].
7° Al extranjero atacado de lepra, tracoma, enajenación mental, epilepsia en
su forma de gran mal o de cualquiera otra forma, enfermedad crónica que pueda
comprometer la salubridad pública.
61
En 1920, la ley sobre inmigración en Colombia contiene una lista muy
parecida a la de Venezuela: pobres, enfermos, criminales, y los “anarquistas y
a los comunistas que atenten contra el derecho de propiedad” quedan fuera
de los admitidos al territorio nacional.
62
Listas muy parecidas se encuentra en
las leyes de Brasil; Chile;
63
México, que menciona “las prostitutas” y pone más
énfasis en los enfermos;
64
Perú; Bolivia, en 1937 también mencionando a “los
60. “Ley de Inmigración y Colonización”, art. 9, 8 de julio de 1912; “Ley de Inmigración
y Colonización”, art. 9, 26 de junio de 1918.
61. “Ley de Extranjeros de 24 de junio de 1919”, art. 15.
62. “Ley No. 48 de 3 de noviembre de 1920 sobre Inmigración y Extranjería”, art. 7.
63. Brasil: “Decreto 6445 de 19 de abril de 1907 […] criminosos, desordeiros, mendigos,
vagabundos, dementes, ou invalidos”; Chile: “Lei 3446, que impide la entrada al país o la
residencia en él de elementos indeseables”.
64. “Los que, por ancianos, raquíticos, deformes, cojos, mancos, jorobados, paralíticos, cie-
gos, o de otro modo lisiados, o por cualesquiera defectos físicos o mentales sean inútiles para
el trabajo y hayan de convertirse en una carga para la sociedad”, México, “Ley de Inmigración”,
art. 3, de 22 de diciembre de 1908. Las listas de las exclusiones explícitas de las leyes mexica-
nas de 1926, 1930 y 1936 siguen siendo básicamente idénticas: México, “Ley de Migración” de
Procesos 36, II semestre 201256
gitanos o nómadas”;
65
El Salvador,
66
Uruguay, y la República Dominicana.
67
marzo de 1926; de 30 de agosto de 1930, “Ley General de Población” de 29 de agosto de 1936.
65. Perú: “Ley No. 4145. Extranjeros peligrosos”, art. 1, 22 de septiembre de 1920; amplia-
do con “los gitanos apátridas” entre otros en el “Reglamento de Inmigración del 15 de mayo
de 1937”, art. 8. El reglamento se modificó con decretos sucesivos hasta 1987; Bolivia: “Ley de
Residencia, 18 de enero de 1911”; “Decreto Supremo de 15 de febrero de 1939. Normas para
la aplicación de la Ley de Residencia a extranjeros indeseables”; “Ley de 12 de enero de 1924”
y “Decreto Supremo de 28 de enero de 1937. Reglamento de permisos de ingreso a Bolivia”.
66. Los artículos pertinentes de la ley salvadoreña tienen un volumen notable y reto-
maban la lista codificada de los indeseables de Estados Unidos. Para mostrar esos paralelos
vale la pena reproducir la lista de impedimentos a la entrada de forma abreviada: “Art. 25.
Se prohíbe la entrada al país, a los extranjeros comprendidos en uno o más de los casos
siguientes: 1. A los que padezcan de una enfermedad contagiosa o venérea; […]. 2. A los
tahúres, vagos, rateros y prostitutas, así como a los que explotan, fomentan la prostitución
o viven a sus expensas; y a los ebrios habituales. 3. A los mendigos; a los ancianos, raquí-
ticos, deformes de nacimiento, mancos, cojos, jorobados, ciegos o de otro modo lisiados,
epilépticos y a los que padecen de enajenación mental, siempre que por tales defectos físi-
cos o mentales sean ineptos para el trabajo y constituyan una carga para la Sociedad o para
el Estado; 4. A los toxicómanos […]. 5. A los que se dediquen a comercios fraudulentos o
ilícitos y a los contrabandistas en general. 6. A los prófugos de presidio. 7. A los procesados
o condenados en países extranjeros por piratería, incendio, asesinato, plagio, robo, hurto
[…]. 8. A los que aconsejan, profesan, enseñan, escriben, publican o incitan a escribir […]
material manuscrito o impreso, en que se aconseje, profese o enseñe: a] La oposición a
todo Gobierno organizado; […] f] La obstrucción obrera mediante huelgas, luchas de clases,
organizaciones revolucionarias o con tendencias comunistas. 9. A los anarquistas, terroristas,
[…] y en general a los que por su conducta o antecedentes fueren peligros para el bienestar
social, la moral y el orden público. 10. A los nacionales de un país que se encuentre en
guerra con la República. 11. A los braceros que vengan a desplazar a trabajadores salvado-
reños […]. 12. A los que pretendan entrar al territorio con documentación falsa […]. 13. A los
vendedores ambulantes, charlatanes o buhoneros [...]. 14. A los indígenas originarios de la
China o de Mongolia; a los de raza negra; a los malayos y a los gitanos, conocidos también
en el país con el nombre de ‘húngaros’ […]. 15. A los que no hagan el pago del impuesto
de inmigración […]. 16. A los que no puedan exhibir ante las autoridades de migración la
cantidad de quinientos colones o su equivalente en efectivo en monedas extranjeras o en
valores bancarios; […] Art. 26. No se permitirá asimismo el ingreso al país de nuevos inmi-
grantes originarios de Arabia, Líbano, Siria, Palestina o Turquía, generalmente conocidos
con el nombre de ‘turcos’, presumiéndoseles incluidos en la prohibición contenida en el No.
11 del artículo anterior; pero quedan exceptuados de esta disposición los cónyuges, padres
y hijos legítimos de los individuos a que la misma se refiere, ya establecidos en el país y con
medios suficientes para vivir. Para el ingreso de estos, habrá de obtenerse permiso previo
de la Oficina General de Migración, sin cuyo permiso no se les expedirá Tarjeta Individual
de Identificación por las Delegaciones de la misma”. “Ley de Migración”, art. 25 y 26, 1933.
67. Uruguay: “Ley 9604”, art. 1, 13 de octubre de 1936; República Dominicana: “Ley
No. 95”. El artículo 10 denominaba las “clases de extranjeros” (usando las palabras de las
leyes estadounidenses) “excluidas de la entrada a la República”: 1. anarquistas o personas
que promuevan doctrinas o actividades para el subvertimiento del Gobierno cominicano o
contra la Ley y el Orden; 2. personas convictas de un crimen o delito que apareje infamia o
Procesos 36, II semestre 2012 57
LAS EXCLUSIONES RACIALES EXPLÍCITAS
Esa lista del pernicioso contenía, a partir de las últimas décadas del si-
glo XIX, exclusiones de determinados grupos por sus orígenes o “razas”. En
Venezuela, las leyes de inmigración de los años 1891 y 1894 introducían, ex-
plícitamente, una exclusión de ciertas “nacionalidades”. En 1891 el artículo 3
establece que “no se contratarán ni aceptarán como inmigrados los individuos
de nacionalidad asiática y de las Antillas inglesas y holandesas” y, tres años
después, el mismo artículo se refiere a “individuos de las Antillas”.
68
Con las
dos leyes del fin del siglo, se prohíbe la entrada de inmigrantes de países con
una población grande de ex esclavos y sus descendientes. Las enmiendas con-
secutivas, las leyes de “Inmigración y Colonización” de 1912 y 1918, esta vez
excluyen a “los individuos que no sean de raza europea” y a “los individuos
que no sean de raza europea o insulares de raza amarilla del hemisferio Nor-
te”, respectivamente.
69
Los grupos rechazados como inmigrantes antes venían
de ciertos países o regiones; a partir de 1912 eran miembros de ciertas razas,
hasta llegar a la formulación extraña de “insulares de raza amarilla”, en vez de
escribir simplemente “japoneses”. El cambio de la legitimación de la exclusión
es muy visible. No antes de 1966, “raza” cesó de ser criterio explícito de ex-
clusión en Venezuela.
70
En Paraguay, la primera “Ley de Inmigración y Colonización”, inspirada en
el ejemplo de Argentina, dedicada a promover la inmigración de agricultores
y promulgada 1881, no contiene ninguna exclusión de denominados grupos.
71
Una nueva “Ley de Inmigración” de 1903 no solo reconoce al “inmigrante”
deshonra; 3. personas atacadas de enfermedades repugnantes o peligroso contagio; o epi-
lépticas; 4. Idiotas o locos o los que lo hayan sido; 5. personas atacadas por defectos físicos
o mentales o por enfermedades que afecten seriamente la capacidad para ganar el sustento;
6. personas propensas a convertirse en carga pública indigentes, pordioseros, buhoneros
u otros detrimentos similares; 7. personas de más de 14 años de edad incapacitadas para
leer impresos de uso ordinario en cualquier idioma escogido por el extranjero, aunque este
requisito no se aplicará a: a) personas incapacitadas físicamente para leer, b) miembros de
la familia de un ciudadano dominicano, c) extranjeros que posean un permiso válido para
residir en la República; 8. las mujeres que viajen solas y que no puedan probar […] que
gozan de honesta reputación; 9. niños menores de 14 años […]; 10. personas que dentro del
año anterior a la fecha de su solicitud para ser admitidas hayan sido excluidas o deportadas
[…]”. 21 de marzo de 1939.
68. Venezuela, “Ley sobre Inmigración”, art. 39, junio de 1891; Venezuela, “Ley de In-
migración”, art. 3, 26 de agosto de 1894.
69. Ver nota 60.
70. “Ley de Inmigración y Colonización”, 18 de julio de 1966.
71. “Ley de Inmigración y Colonización”, 8 de junio de 1881.
Procesos 36, II semestre 201258
solo si “acredite, a más de su buena conducta, su calidad de agricultor, in-
dustrial, profesional, artesano mecánico, profesor, electricista o ingeniero en
cualquier ramo”,
72
sino que el artículo 14 contiene la lista que ya conocemos
de otros países, aquí con referencia explícita a “razas”:
En ningún caso los consulados o agencias de inmigración expedirán certifica-
dos o pasajes de inmigrantes a favor de individuos de las razas amarilla y negra, de
enfermos infecciosos, de mendigos, zánganos o gitanos ni a favor de presidiarios
o de personas sometidas a la acción de los tribunales extranjeros.
73
Uruguay, en su “Ley de Inmigración” del año 1890, ya prohíbe “la inmi-
gración asiática y africana y la de los individuos conocidos con el nombre de
húngaros o bohemios”.
74
Costa Rica, que ya tiene antes del fin del siglo XIX
una ley elaborada “de expulsión”,
75
la amplía con un reglamento de ley, en
1942, de un modo explícitamente racista, excluyendo a:
a) Los de raza negra, chinos, árabes, sirios, turcos, armenios, gitanos, coolies,
etc.; […].
g) Los extranjeros que sin estar comprendidos en los incisos anteriores, sean
personas inconvenientes, nocivas o peligrosas al orden o progreso de la República
o a la conservación de la raza, ya sea por sus tendencias agitadoras, ya por sus
escasos medios de subsistencia o por las características raciales que predominan
en ellas y sean de notoria desafinada con la población nacional.
76
Se debe prestar atención especial a la frase “etc.” dada en la lista de las
“razas peligrosas”. Formalmente, el “etc.” puede incluir a todas las “razas”, por
eso incluirá a “los blancos”. No obstante, sabemos que no quiere denominar
a todos, sino tan solo a los no blancos. La aparente inconsistencia del “etc.”
muestra que la visión del mundo de los encargados de la política migratoria
de ese entonces estaba fuertemente estructurada de modo racista.
En Panamá, el Poder Legislativo dictó, en 1904, una ley cuyo único propó-
sito fue prohibir “la inmigración de los chinos, turcos, y sirios al territorio de
72. “Ley de Inmigración del 6 de octubre de 1903”, art. 1.
73. Ídem.
74. “Ley 2096”, art. 27, 19 de junio de 1890.
75. “Ley No. 13 de 18 de junio de 1894”, que prohíbe la admisión de un extranjero
“vago”, con antecedentes penales, o “si por su conducta o antecedentes fuere peligroso
para la tranquilidad pública”. Veinte años más tarde se amplía la no admisión a “los rateros,
tahúres, prostitutas y cualesquiera otras personas que no tengan medios lícitos de vida”.
“Decreto Ejecutivo No. 1 de 31 de agosto de 1914”.
76. Con excluir a los “que sin estar comprendidos en los incisos anteriores, sean per-
sonas inconvenientes”, esta norma contiene una cláusula general. “Decreto ejecutivo No. 4
de 26 de abril de 1942”.
Procesos 36, II semestre 2012 59
la República”;
77
otra, en 1913, decreta una vez más la prohibición de “la inmi-
gración de chinos, turcos, sirios, y norteafricanos de la raza turca al territorio
de la República”.
78
A partir de 1932, se restringe “la inmigración de chinos,
libaneses, palestinos, sirios, turcos, y negros cuyo idioma original no sea el
español”,
79
y, dos años más adelante, se extiende la prohibición “también a los
indostaníes que adquieran por adopción cualquiera nacionalidad”.
80
En la legislación de El Salvador de los años de 1930 también consta una
exclusión racial evidente, prohibiendo la entrada al país, “a los indígenas ori-
ginarios de la China o de Mongolia; a los de raza negra; a los malayos y a los
gitanos, conocidos también en el país con el nombre de ‘húngaros’ ” y, en un
artículo separado, a “nuevos inmigrantes originarios de Arabia, Líbano, Siria,
Palestina o Turquía, generalmente conocidos con el nombre de ‘turcos’ ”.
81
En México, dominado por la protección del “orden moral” y la salud pú-
blica, la ley de 1908 intencionalmente no se refiere a grupos según sus oríge-
nes, como expresa la “exposición de motivos” que subraya “la más completa
igualdad de todos los países y de todas las razas, no estableciendo un solo
precepto especial para ciudadanos de alguna nación, ni para los individuos
de raza determinada”.
82
Pero, a partir de la década de 1920, las leyes empie-
zan a expresar, de manera explícita, la idea de restricción racial. Incluso la
“exposición de motivos” de la ley de 1926 ya especificaba que el “peligro de
degeneración física para nuestra raza” requería la “posibilidad de seleccionar
los inmigrantes”.
83
Como continuación, la “Ley de Migración” de 1930 enfatiza
la importancia de ciertas razas “asimilables”:
[…] se considera de público beneficio la inmigración individual o colectiva,
de extranjeros sanos, capacitados para el trabajo, de buen comportamiento y per-
tenecientes a razas que por sus condiciones, sean fácilmente asimilables a nuestro
medio, con beneficio para la especie y para las condiciones económicas del país.
84
El resultado más visible del pensamiento racial –y, en última instancia,
eugénico– es la ley “de Población” que, en 1936, se prescribe para el “mejo-
77. “Ley No. 6 de 1904”, art. 1.
78. “Ley 50 de 1913”, art. 1.
79. “Ley 26 de 1932, art. 5.
80. “Ley 46 de 1934”, art. 1.
81. “Ley de Migración”, art. 25 y 26, 1933. Cabe destacar que los últimos se entienden
como “braceros que vengan a desplazar a trabajadores salvadoreños”, y por eso se rechazan
a ellos como inmigrantes.
82. Instituto Nacional de Migración, Compilación histórica de la legislación migratoria
en México: 1909-1996, México, Secretaría de Gobernación, 1996, p. 3.
83. Ídem, p. 19f.
84. “Ley de Migración”, art. 60, 30 de agosto de 1930.
Procesos 36, II semestre 201260
ramiento de la especie” mexicana. En el Artículo 1, tratando de resolver los
“problemas demográficos fundamentales”, la ley se dedica a “la racial distri-
bución” de la población, la “fusión étnica” de los grupos nacionales entre
sí”, “el acrecentamiento del mestizaje nacional mediante la asimilación de los
elementos extranjeros” y “la protección general, conservación y mejoramiento
de la especie”.
85
¿Pero cómo fueron calificadas las distintas razas? Tenemos que buscar fue-
ra de la legislación, ya que, paralelas a ella, se dan fuertes restricciones para
la entrada de ciertos grupos categorizados ahora como “razas”, una circular de
1923 restringía la “inmigración de individuos de raza negra”;
86
un “Acuerdo”
de 1927, la de “trabajadores de origen sirio, libanés, armenio, palestino, árabe
y turco”.
87
En octubre de 1933, por cuestiones “étnicas”, se prohíbe el ingreso
de las “razas negras, amarillas, malaya e hindú”.
88
En 1934, otra circular, titu-
lada “estrictamente confidencial”, dicta la exclusión de diversas “razas” (“raza
negra o australiana”, “raza amarilla o mongólica”, “raza aceitunada o mayala
[sic]” etc.) y varias nacionalidades (“polacos, lituanos, letones, […]”). Por “sus
malas costumbres y actividades notoriamente inconvenientes”, también se ex-
cluye a los “individuos designados por el vulgo con la clasificación genérica
de ‘gitanos’ ”; y no faltan tampoco los “judíos” y los “individuos de la raza
semítica”.
89
Con esa lista, comenta Pablo Yankelevich, “el prohibicionismo
alcanzó uno de sus momentos cumbres”.
90
Otros países definen al extranjero deseado como “europeo”, devaluando
así la inmigración de otras regiones. Un decreto brasileño de 1874 nos muestra
que la política de inmigración en Brasil imaginó al inmigrante “deseado” como
el de Europa –preferiblemente aun del norte de Europa– al autorizar la contra-
tación de: “Alhemães, Austriacos, Suissos, Italianos do norte, Bascos, Belgas,
Suecos, Dinamarquezes e Francezes, agricultores, sadios, laboriosos e mora-
85. Los impedimentos a la entrada se quedan básicamente similares a las leyes anterio-
res; el art. 84 dicta además: “Se prohíbe por tiempo indefinido la entrada al país de inmi-
grantes trabajadores”. “Ley General de Población”, 29 de agosto de 1936.
86. “Circular No. 33”, 13 de mayo 1924. Ver Pablo Yankelevich, ¿Deseables o inconve-
nientes?: Las fronteras de la extranjería en el México posrevolucionario, Fráncfort/Madrid,
Iberoamericana/Vervuert, 2011, p. 39.
87. “Acuerdo por el cual se restringe la inmigración de trabajadores de origen sirio,
libanés, armenio, palestino, árabe y turco”, 8 de julio de 1927. En abril de 1929 se prohibía
“la entrada de inmigrantes trabajadores” con la “Circular No. 37; Pablo Yankelevich, ¿Desea-
bles o inconvenientes?: Las fronteras de la extranjería en el México posrevolucionario, p. 43.
88. “Circular No. 250”, 17 de octubre de 1933.
89. “Circular No. 157”, 27 de abril de 1934.
90. Pablo Yankelevich, ¿Deseables o inconvenientes?: las fronteras de la extranjería en
el México posrevolucionario, p. 44.
Procesos 36, II semestre 2012 61
lisados [...]”.
91
La jerarquía que contiene esa enumeración se transforma, en
1890, en una clara exclusión de grupos no deseados, criminales y no blancos:
Art. 1º E’ inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos individuos
válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos á acção criminal do
seu paiz, exceptuados os indigenas da Asia, ou da Africa que sómente mediante
autorização do Congresso Nacional poderão ser admittidos de accordo com as
condições que forem então estipuladas.
92
Esta limitación, “solo mediante autorización del Congreso Nacional”, se
remueve, dos años después de la ley citada, pero solamente en cuanto la in-
migración de Asia. En 1892, la Ley 97 permite:
[…] a livre entrada, no territorio da Republica, a immigrantes de nacionalidade
chineza e japoneza, comtanto que, não sendo indigentes, mendigos, piratas, nem
sujeitos à acção criminal em seus paizes, sejam válidos e aptos para trabalhos de
qualquer industria.
93
A partir de la ley de 1907 no había ninguna exclusión explícita racial, o
definiciones según nacionalidades o países de origen de los inmigrantes.
94
La política de exclusión de grupos indeseados por su calidad no blanca, sin
embargo, siguió en las instrucciones internas del servicio consular, que dic-
taba el negar la expedición de visas, por ejemplo, a afroestadounidenses.
95
Durará hasta la década de 1930, cuando, en cambio, las exclusiones por la
putativa cualidad “étnica” se hacen explícitas. En 1934 la exclusión racial entra
en la Constitución al introducir “las restricciones necesarias” para garantizar
“la integración étnica” de los inmigrantes. La norma a continuación copia el
sistema de cuotas estadounidense y reglamenta que nunca pueda “a corrente
imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre
91. “Decreto No. 5663, de 17 de junio de 1874”.
92. “Decreto No. 528, de 28 de junio de 1890”. La escritura consta así en el original.
93. “Lei No. 97, de 5 de octubre de 1892”. Los gobiernos brasileño y japonés aprobaron
un tratado de comercio en 1896, pero solo se mantendrá hasta 1908 cuando cantidades
notables de japoneses ingresaron al país. Entre 1908 y 1923 se cuentan 32.000 entradas de
japoneses; ver María Luiza Tucci Carneiro, “Inmigración en Brasil: racismo y racistas”, en Pa-
blo Yankelevich, edit., Nación y extranjería: la exclusión racial en las políticas migratorias
de Argentina, Brasil, Cuba y México, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
2009, p. 72.
94. “Lei Federal do Brasil No. 1641 de 1907”.
95. Ver Jeffrey Howard Lesser, “Are African-Americans African or American? Brazilian
Immigration Policy in the 1920s”, Review of Latin American Studies, No. 1, 1991, pp. 115-
137.
Procesos 36, II semestre 201262
o número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os últimos
cinqüenta anos”.
96
Otras legislaciones que favorecieron a ciertas “razas” deseadas y, con ello,
perjudicaron de manera implícita a todas las demás,
97
son, aparte de Bra-
sil (antes de 1934) y Argentina (como hemos visto arriba), Chile, donde el
“Reglamento de Inmigración Libre” de 1905 pone énfasis en la calidad de
inmigrantes deseados, declarando como “inmigrante libre” solamente al “es-
tranjero de oríjen europeo o de los Estados Unidos […];
98
y Perú. Este país,
después de permitir explícitamente la entrada de “colonos de la China” entre
1849 y 1853,
99
en 1872 optó por “establecer agencias en Europa para facilitar
la inmigración”.
100
Se osciló entre apertura y rechazo de chinos hasta el fin del
siglo, solo para retornar a su exclusión otra vez en 1893 con una ley que de-
finía a los inmigrantes como “extranjeros de raza blanca […]”.
101
Otro decreto
de la década de 1930, considerando que “constituye una finalidad inexcusable
del Estado velar por la conservación y mejoramiento del patrimonio étnico y
económico de la nación”, determina en 1936, y sin cualificación racial, que el
“número de inmigrantes que ingrese al territorio nacional no podrá exceder
de dos por mil (0,002) de la población total”.
102
En Venezuela, pocos meses después del establecimiento político de un
Estado independiente, el Congreso encargaba al gobierno venezolano a “pro-
mover la inmigración de canarios”
103
en 1831 y, pocos años después en la
primera ley sobre la materia, se abre la promoción de inmigración “á todos
los europeos que quieran venir á la República para dedicarse á la agricultura
ó á otras empresas útiles”.
104
En las leyes de 1837, 1840 y 1845 la descripción
de los inmigrantes deseados cambia poco: la “inmigración de europeos y ca-
96. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (16 de julio de 1934), art.
119, § 6.
97. El efecto de rechazar a los no mencionados como “deseados” lo subrayan correcta-
mente David Cook-Martín y David FitzGerald, “Liberalism and the Limits of Inclusion: Race
and Immigration Law in the Americas, 1850-2000”, en Journal of Interdisciplinary History,
No. 1, vol. 41, 2010, pp. 7-25.
98. “Reglamento de Inmigración Libre”, 24 de junio de 1905. La escritura consta así en
el original.
99. “Ley 17 de noviembre de 1849”, art. 2; esa ley fue derogada después de tan solo
cuatro años por la “Ley 6 de octubre de 1853”.
100. “Decreto 17 de noviembre de 1872”.
101. “Ley 28 de abril de 1873”; “Decreto 31 de enero de 1884”; “Ley de 14 de octubre
de 1893”.
102. “Decreto supremo del 26 de junio de 1936”, No. 1.
103. Decreto autorizando al Poder ejecutivo para promover la inmigración de cana-
rios”, 13 de junio de 1831.
104. “Ley protegiendo en general la inmigración de extranjeros”, 19 de mayo de 1837.
La escritura consta así en el original.
Procesos 36, II semestre 2012 63
narios” sigue siendo el objeto de las normas.
105
En 1854, por primera vez –y
la única vez durante las décadas venideras– la ley no menciona ningún grupo
específico.
106
No es una coincidencia que, en el mismo año, Venezuela haya
abolido la esclavitud; a partir de este momento crece la presión para atraer a
trabajadores “libres” al país que pudieran ocupar el lugar de los trabajadores
esclavos.
107
Abandonar la exclusividad de “proteger la inmigración de euro-
peos” abre tanto la posibilidad del reclutamiento de trabajadores, incluso en
Asia, como también nos muestra, en retrospectiva, que preferir a los europeos
sí fue una decisión consciente. La ley de inmigración de 1912 vuelve a la ex-
plícita exclusión racializada mostrada arriba.
En este punto es necesario mencionar también a Colombia, donde el ideal
de un inmigrante “civilizador” fue tan importante como en los demás países
vecinos americanos.
108
No resulta sorprendente que aquí también se describa
la calidad de los inmigrantes deseados con un vocabulario racial. La ley “sobre
inmigración y colonias agrícolas” de 1922 define su propósito en el primer
artículo:
Con el fin de propender al desarrollo económico e intelectual del país y al
mejoramiento de sus condiciones étnicas, tanto físicas como morales, el Poder
Ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y de familias que por sus con-
diciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo de precauciones
respecto del orden social […] y en general, que sean elementos de civilización y
progreso”. Consecuentemente, “queda prohibida la entrada al país de elementos
que por sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la
nacionalidad y para el mejor desarrollo de la raza.
109
Una discriminación por grupos “étnicos” concretos se aplica no antes de
1935, cuando se introducen cuotas muy limitadas de inmigrantes permitidos
por nacionalidades: “cinco armenios, cinco búlgaros, cinco chinos, cinco egip-
105. “Ley de 12 de mayo de 1840 reformando la de 19 de mayo de 1837 sobre inmi-
gración de extranjeros”; “Ley de 24 de mayo de 1845 reformando la de 12 de mayo sobre
inmigración”; “Ley de 6 de mayo de 1854 protegiendo la inmigración de extranjeros”.
106. “Ley de 6 de mayo de 1854 que protege la inmigración de extranjeros”, art. 1.
107. “Ley declarando abolida para siempre la Esclavitud en Venezuela”, 24 de marzo
de 1854. La ley de 1845 pone “mayor énfasis en la obtención de mano de obra para los
hacendados que en la fundación de pueblos, sin duda como consecuencia directa de la
situación generada por la abolición de la esclavitud”, Adela Pellegrino, Historia general
de la inmigración en Venezuela: siglos XIX y XX, Caracas, Academia Nacional de Ciencias
Económicas, 1989, p. 88.
108. Álvaro Villegas Vélez, “¡A poblar! Representaciones sobre los salvajes, colonos,
inmigrantes y territorios periféricos en Colombia, 1904-1940”, en Historia y espacio, No. 30,
2008, pp. 169-192.
109. “Ley No. 114 de diciembre de 1922”; arts. 1 y 11.
Procesos 36, II semestre 201264
cios, cinco estones, diez griegos, cinco hindúes, cinco letones, diez libaneses,
cinco lituanos, cinco marroquíes, cinco palestinos, veinte polacos, cinco per-
sas, diez rumanos, diez rusos, diez sirios, cinco turcos y diez yugoslavos”.
110
En el año siguiente, la legislación colombiana decreta que la entrada de
inmigrantes requiere una documentación abundante y tasas exorbitantes, pero
solamente para los siguientes grupos: “búlgaros, chinos, egipcios, estones,
griegos, hindúes, latvios, letones, libaneses, lituanos, marroquíes, palestinos,
polacos, rumanos, rusos, sirios, turcos y yugoeslavos”.
111
Solo ellos debían en-
tregar “certificado de conducta” (de los últimos 10 años), y, además, pagar para
un “depósito de inmigración” mil pesos el padre o esposo, quinientos pesos la
esposa, y entre ciento y mil pesos cada uno de los hijos. Finalmente, se decretó
que “los gitanos, sea cual fuere su nacionalidad, no podrán entrar en el país”.
LA DISCRIMINACIÓN ADMINISTRATIVA
La estrategia de pedir tasas diferenciadas según los orígenes o “razas” de
inmigrantes fue aplicada en otros países. En México, después de 1922, “chi-
nos” y “negros” tenían que pagar impuestos de entrada diez veces más altos
que otros grupos racializados.
112
En Honduras también se opta por la exclu-
sión mediante la discriminación fiscal. En vez de exclusión directa, un decreto
de 1929 introduce un sistema de discriminación administrativa: solamente los
inmigrantes “árabes, turcos, sirios, armenios, negros y chinos” tienen que pa-
gar una tasa absurdamente alta de 2.500 dólares estadounidenses antes de la
entrada al país.
113
Más aún, la siguiente “Ley de Inmigración”, de 1934, define
a grupos de inmigrantes según sus orígenes racializados, y solamente “per-
mitía la entrada de árabes, turcos, sirios, armenios, palestinos, checoslovacos,
libaneses y polacos, siempre que le garantizaran a la Oficina de Inmigración y
Colonización que se dedicarían exclusivamente a la agricultura o a la introduc-
110. “Decreto No. 148 de 1935”, art. 1; ver María Angélica Gómez Matoma, “La política
migratoria internacional colombiana a principios del siglo XX”, en Memoria y sociedad, No.
26, vol. 13, 2009, pp. 7-17.
111. “Decreto No. 1194 de 1936”. “Decreto No. 397 de 1937”, arts. 1 y 11, 17 de febrero
de 1937.
112. Theresa Alfaro-Velcamp y Robert H. Mclaughlin, “Immigration and Techniques
of Governance in Mexico and the United States: Recalibrating National Narratives through
Comparative Immigration Histories”, en Law and History Review, No. 2, vol. 29, 2011, pp.
573-606.
113. Darío A. Euraque, “Los árabes de Honduras: entre la inmigración, la acumulación
y la política”, en Lorenzo Agar y otros, Contribuciones árabes a las identidades iberoameri-
canas, Madrid, Casa Árabe/IEAM, 2009, p. 239. Ver también María del Pilar Vargas, “Política
y legislación inmigratoria en Colombia: el caso de los árabes”, en ídem, p. 162.
Procesos 36, II semestre 2012 65
ción o mejoramiento de nuevas industrias”.
114
Y aquí también la ley prohíbe
francamente la entrada de “negros, chinos y gitanos”.
115
En la República Dominicana, país de inmigración desde la segunda mitad
del siglo XIX, los trabajadores migrantes eran reclutados por parte de los pro-
pietarios de las plantaciones (principalmente para la zafra). Los braceros, que
provenían en primer lugar del Caribe anglófono, después de Haití, porque
eran más baratos que los jornaleros locales, no fueron vistos como “inmigran-
tes”, sino que su estancia fue vista nada más que como “temporal”.
116
La “Ley
de Migración” de 1912 ya introducía un “previo permiso para inmigrar al país”
que necesitaban explícitamente solo el siguiente grupo: “los naturales de co-
lonias europeas en América,
117
los de Asia, los de África y los de Oceanía, así
como los braceros de otra raza que no sea la caucasiana”.
118
Así se formularon
categorías administrativas por orígenes racializados, y solamente para los in-
migrantes “caucasianos” no se prescribió la adquisición del permiso especial.
La administración militar por los Estados Unidos, a partir de 1916, mantuvo
formalmente esta estructura de la exclusión racial, con el fin de prohibir “la
inmigración de braceros de cualquier raza que no sea la caucásica” si no era
expresamente aprobada por la autoridad competente, es decir, contratada con
la autorización del Estado.
119
El gobierno de Trujillo continuó con esta política,
a partir de 1930, al adoptar tres leyes de inmigración poco modificadas. Según
la primera ley, aprobada en 1932, los grupos definidos por “razas” tenían que
pagar tasas diferentes para la entrada o residencia (dicha ley se mantuvo vi-
gente en 1934 y 1939 con pequeños cambios).
120
Quienes no pertenecían a la
“raza mongólica” o “negra” recibieron el permiso de residencia por una tarifa
moderada, “los individuos de raza mongólica y los naturales del continente
africano, que no sean de raza caucásica”, tenían que pagar, en 1932, la suma
absurdamente alta de US $ 300 (la moneda oficial de la República Dominicana
114. Darío A. Euraque, “Los árabes de Honduras: entre la inmigración, la acumulación
y la política”, p. 239.
115. Ídem.
116. No solo sus salarios eran más bajos, sus condiciones de vida y de trabajo también
eran mucho peores que las de los trabajadores dominicanos. Inicialmente solo se contrataron
a los hombres; pero en el siglo XX algunos de ellos también viajaron con sus familias, lo que
se perpetúa durante la década de 1960. James Ferguson, Migration in the Caribbean: Haiti, the
Dominican Republic and Beyond, Londres, Minority Rights Group International, 2003, p. 11.
117. Quiere decir de las Antillas francesas y británicas.
118. “Ley de migración”, art. 3, 7 de mayo de 1912. Además, contiene la potestad ili-
mitada de rechazar a los indeseables: “El permiso será solicitado del Poder Ejecutivo, quien
deberá negarlo cada vez que no esté convencido de la utilidad general del inmigrante”.
119. “Orden ejecutiva No. 372”, art. 1, 16 de diciembre de 1919.
120. “Ley No. 739”, 14 de agosto de 1934. “Ley No. 95”, 21 de marzo de 1939.
Procesos 36, II semestre 201266
desde la dominación de los Estados Unidos).
121
En 1939 se introdujo la distin-
ción entre un “permiso de estadía temporal” y un “permiso de residencia”, con
dos pesos muy diferentes. La residencia permanente para los “inmigrantes […]
que sean predominantemente de origen caucásico o de las razas autóctonas
de América” costaba USD 6, mientras que para el permiso para los “que no
sean predominantemente de origen caucásico” la ley exigía US$ 500.
122
Para
“un permiso de estado temporal”, por otra parte, el cual fue aplicado a los tra-
bajadores para las plantaciones, se pagó la suma real de USD 4,
123
sin ninguna
explicación del origen “racial” de esos inmigrantes temporales.
Estas tres leyes precitadas de 1932, 1934 y 1939 no prohibieron la inmi-
gración permanente de no blancos pro forma, pero lo hicieron imposible de
hecho. Un trabajador, pequeño comerciante o artesano, nunca hubiera podi-
do pagar la cantidad tan alta de varios cientos de dólares. Al mismo tiempo,
todos los trabajadores contratados por las empresas azucareras estaban so-
lamente obligados a pagar el mismo impuesto bajo, independientemente de
la categoría racial en la que fueron clasificados.
124
Por otra parte, por la ley
de 1939, estos braceros extranjeros se clasificaron categóricamente como “no
inmigrantes”,
125
es decir, sin hacer referencia de su “raza”, quedaron fuera de
una residencia legal permanente. La entrada de todos los “que no sean pre-
dominantemente de origen caucásico” así era representada indeseada por el
discurso oficial y su residencia duradera resultaba casi imposible. Al mismo
tiempo, sin embargo, la importación de trabajadores inmigrantes temporales
para las plantaciones se hizo bien posible porque en este sector había una
demanda grande.
126
121. “Ley No. 279”, art. 1, 29 de enero de 1932: “Párrafo 1. Los individuos de raza mon-
gólica y los naturales del continente Africano, que no sean de raza caucásica, pagarán los
siguientes impuestos: a) por permiso para entrar en el territorio de la República $ 300,00
[…]. Párrafo 2. Los individuos que no sean de raza mongólica, ni naturales del continente
Africano, de raza negra, pagarán los siguientes impuestos: a) por permiso para entrar en el
territorio de la República $ 6,00”.
122. “Ley No. 95”, art. 9, b, 21 de marzo de 1939.
123. Ídem, art. 9, d.
124. Ídem, art. 9, d.
125. “Ley No. 95”, art. 3, 1939.
126. Esta práctica de prohibición general en combinación con la posibilidad de permitir
excepciones en circunstancias ‘especiales’ alentó la corrupción, destaca Lauro Capdevila,
“Una discriminación organizada: las leyes de inmigración dominicana y la cuestión haitiana
en el siglo XX”, en Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, anexo
5, 2004, pp. 438-454.
Procesos 36, II semestre 2012 67
concLusión
Comparando las políticas de exclusión de extranjeros indeseables, hay
que señalar que no solo las políticas se desarrollaron paralelamente, a veces
de manera sincrónica, debido a procesos estructurales paralelos, sino que
también se pueden destacar conexiones transnacionales en la génesis de las
leyes nacionales. Podemos suponer que los legisladores nacionales copiaron
el uno del otro. Al respecto, los Estados Unidos son, evidentemente, el mo-
delo más obvio. Si bien no es de sorprender que Estados vecinos, o anterior-
mente unidos, que usan la misma lengua y los mismos términos, construyan
sus normas con el mismo patrón.
Recordemos que las normas sobre nacionalidad y extranjería se relacionan
entre sí debido a que la inmigración está relacionada con el aumento controlado
de la población. Para América Latina este fue un proceso muy importante, tanto
de manera ideológica como material. Fue importante no solo donde el recluta-
miento de miles de extranjeros fue exitoso, sino también en los países que qui-
sieron generar una inmigración masiva y donde, en el transcurso del siglo XIX,
nunca llegaron las olas masivas de los inmigrantes deseados. En todas partes
los Estados planificaron la inmigración, y todos quisieron establecer, a través de
la inmigración y con el régimen del ius soli, una forma de participación legal y
sustantiva en la nación para los inmigrantes deseados. La excepción confirma
la regla: las políticas de inmigración en la República Dominicana detalladas
anteriormente, que se dedicaron precisamente a la exclusión e iban contra un
estatus de ciudadanos con los mismos derechos, solo la hace más evidente.
127
Si los gobiernos latinoamericanos querían formar este “cuerpo” de sus po-
blaciones, tarde o temprano tenían que explicar las cualidades de sus futuros
ciudadanos deseados. En la primera mitad del siglo las normas califican al
inmigrante deseado del mismo modo: el europeo. En el período de una cons-
trucción de la nación “civilizada” en contra la “barbarie”, Europa representó
el modelo de la civilización y el progreso. Las políticas de migración trataron
de producir una nación copiando la imagen europea. Por consiguiente, el
inmigrante europeo era considerado como ciudadano ideal, pero siguiendo
el ideal del liberalismo, fingido como sin género o raza.
128
A finales del siglo
127. Como otro ejemplo se pueden mencionar los rechazos de trabajadores tempora-
les de países limítrofes latinoamericanos, por ejemplo en Argentina, ver Carlos Belvedere
y otros, “Racismo y discurso: una semblanza de la situación argentina”, en Teun van Dijk,
comp., Perspectives on a Multiracial America Series, Racism and Discourse in Latin Ameri-
ca, Lanham, Lexington Books, 2009.
128. Nancy P. Appelbaum, Anne S. MacPherson, Karin Alejandra Rosemblatt, “Introduc-
tion: Racial Nations”, p. 4.
Procesos 36, II semestre 201268
XIX, cuando la caracterización de lo deseado solo a través de rasgos positivos
“civilizados” en la práctica fue difícil de implementar, se definió lo deseado
cada vez más a través de la “defensa de la nación” contra rasgos negativos.
Las enseñanzas de la eugenesia y el racismo “científico” del siglo XIX ya han
preparado el camino para una definición del deseado por la exclusión de las
influencias nocivas. Solo después de 1900 las intervenciones estatales hacen
referencias explícitas a grupos racializados. Vista la construcción de las “razas
perniciosas”, es claro que los efectos negativos y dañinos de las razas supues-
tamente “no blancas” eran percibidas como una “degeneración”. A partir de
esta fase, inspirado por el neolamarckismo latinoamericano, todas las prohi-
biciones para la entrada se basaron en estas mismas consideraciones básicas,
incluso cuando excluyeron a propiedades muy diferentes. Los “mendigos” o
“vagos”, tanto como los enfermos o maníacos, no solo fueron considerados
como inútiles, sino también como portadores de efectos negativos para la
“raza” o “especie”. En analogía, el activismo político fue visto como un ele-
mento que se arraiga y se transmite a los demás y que puede convertirse en
una influencia “degenerante”, así como las enfermedades infecciosas, el alco-
holismo, o la disminución de la moral. Dejar entrar al país a cualquier impacto
negativo –sin importar de qué índole– se consideraba una amenaza para la
existencia continua del pueblo nación.
En este contexto surgen las listas para la regulación de la entrada de inmi-
grantes, en parte muy detalladas, que hoy en día podemos leer como fuentes
históricas si queremos saber cómo veían las élites latinoamericanas de finales
del siglo XIX y principios del siglo XX el ‘ideal’ de su ciudadano.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2012
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2012
Procesos 36, II semestre 2012 69
bibLiografía
Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina, derivados de la ley que preside al desarrollo de la civiliza-
ción en la América del Sud, Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1852.
Alfaro-Velcamp, Theresa, y Robert H. Mclaughlin, “Immigration and Techniques of
Governance in Mexico and the United States: Recalibrating National Narratives
through Comparative Immigration Histories”, en Law and History Review, No.
2, vol. 29, 2011.
Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, Londres, Verso, 1983.
Appelbaum, Nancy P., Anne S. Macpherson y Karin Alejandra Rosemblatt, “Introduc-
tion: Racial Nations”, en Nancy P. Appelbaum Anne S. MacPherson y Karin
Alejandra Rosemblatt, edits., Race and Nation in Modern Latin America, Chapel
Hill/Londres, The University of North Carolina Press, 2003.
Bade, Klaus J., “ ‘Billig und willig’ – ‘die ausländischen Wanderarbeiter’ im kaiserlichen
Deutschland”, en Klaus J. Bade, edit., Deutsche im Ausland - Fremde in Deuts-
chland, München, Beck, 1992.
Belvedere, Carlos, Sergio Caggiano, Diego Casaravila, Corina Courtis, Gerardo Hal-
pern, Diana Lenton y María Inés Pacecca, “Racismo y discurso: una semblanza
de la situación argentina”, en Teun van Dijk, comp., Racism and Discourse in
Latin America, Lanham, Lexington Books, 2009.
Bernal, Beatriz, “México y Cuba: caminos divergentes en materia de expulsión de ex-
tranjeros”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, No. 8, 1996.
Bosniak, Linda, The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership,
Princeton, Princeton University Press, 2006.
Brubaker, Rogers, “Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and
External Dimensions of the Politics of Belonging”, en Journal of Interdiscipli-
nary History, No. 1, vol. 41, 2010.
Bushnell, David, “El sufragio en la Argentina y en Colombia hasta 1853”, en Revista del
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, No. 19, 1968.
______, “La evolución del derecho de sufragio en Venezuela”, en Boletín Histórico,
No. 29, 1972.
Calavita, Kitty, “Immigration Law, Race, and Identity”, en Annual Review of Law and
Social Science, vol. 3, 2007.
Camiscioli, Elisa, Reproducing the French Race: Immigration, Intimacy, and Embo-
diment in the early Twentieth Century, Durham, Duke University Press, 2009.
Capdevila, Lauro, “Una discriminación organizada: las leyes de inmigración dominica-
na y la cuestión haitiana en el siglo XX”, en Tebeto: Anuario del Archivo Histó-
rico Insular de Fuerteventura, anexo 5, 2004.
Castro-Gómez, Santiago, “¿Disciplinar o poblar? La intelectualidad colombiana frente a
la biopolítica (1904-1934)”, en Nómadas, No. 26, 2007.
Cohen, Deborah, Braceros: Migrant Citizens and Transnational Subjects in the Postwar
United States and Mexico, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2011.
Procesos 36, II semestre 201270
Cook-Martín, David, y David FitzGerald, “Liberalism and the Limits of Inclusion: Race
and Immigration Law in the Americas, 1850-2000”, en Journal of Interdiscipli-
nary History, No. 1, vol. 41, 2010.
Costanzo, Gabriela, Los indeseables: las leyes de Residencia y Defensa Social, Buenos
Aires, Madreselva, 2009.
Devoto, Fernando J., “El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas adminis-
trativas en la Argentina (1919-1949)”, en Desarrollo Económico, No. 162, vol.
41, 2001.
Engerman, Stanley L., y Kenneth L. Sokoloff, “The Evolution of Suffrage Institutions
in the New World”, en The Journal of Economic History, No. 4, vol. 65, 2005.
Euraque, Darío A., “Los árabes de Honduras: entre la inmigración, la acumulación y
la política”, en Lorenzo Agar y otros, Contribuciones árabes a las identidades
iberoamericanas, Madrid, Casa Árabe/IEAM, 2009.
Ferguson, James, Migration in the Caribbean: Haiti, the Dominican Republic and Be-
yond, Londres, Minority Rights Group International, 2003.
Gómez Matoma, María Angélica, “La política migratoria internacional colombiana a
principios del siglo XX”, en Memoria y sociedad, No. 26, vol. 13, 2009.
Graham, Richard, “Introduction”, en Richard Graham, edit., The Idea of Race in Latin
America, 1870-1940, Austin, University of Texas Press, 1992.
Guerra, François-Xavier, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciu-
dadano en América Latina”, en Hilda Sabato, Perspectivas históricas de América
Latina, México, El Colegio de México, 2002.
Haney López, Ian F., White by Law: the Legal Construction of Race, Nueva York, New
York University Press, 1996.
Herzog, Tamar, Defining Nations: Immigrants and Citizens in Earlymodern Spain and
Spanish America. New Haven, Yale University Press, 2003.
Hing, Bill Ong, Defining America through Immigration Policy, Filadelfia, Temple Uni-
versity Press, 2004.
Instituto Nacional de Migración, Compilación histórica de la legislación migratoria en
México: 1909-1996, México, Secretaría de Gobernación, 1996.
Irizarry y Puente, J., “Exclusion and Expulsion of Aliens in Latin America”, en The Ame-
rican Journal of International Law, No. 2, vol. 36, 1942.
Irurozqui, Marta, “Ebrios, vagos y analfabetos: el sufragio restringido en Bolivia, 1826-
1952”, en Revista de Indias, No. 208, vol. 56, 1996.
______, “De cómo el vecino hizo al ciudadano en Charcas y de cómo el ciudadano
conservó al vecino en Bolivia, 1809-1830”, en Jaime E. Rodríguez O., Revo-
lución, Independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación
MAPFRE, 2005.
Johnson, Kevin R., The “Huddled Masses” Myth: Immigration and Civil Rights, Filadel-
fia, Temple University Press, 2004.
Keyssar, Alexander, The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United
States, Nueva York, Basic Books, 2000.
Lacerda de Almeida, Francisco de Paula, “O decreto No. 1641 de 7 de janeiro de 1907
sobre expulsão de extrangeiros do territorio nacional, ligeiramente commenta-
do e precedido de alguns capitulos doutrinarios sobre o fundamento juridico e
Procesos 36, II semestre 2012 71
applicação practica do direito de expulsão e com referencias aos autores nacio-
naes e á jurisprudencia patria”, en Revista dos Tribunaes, Río de Janeiro, 1907.
Lesser, Jeffrey Howard, “Are African-Americans African or American? Brazilian Immi-
gration Policy in the 1920s”, Review of Latin American Studies, No. 1, 1991.
Novick, Susana, “Migración y políticas en Argentina: tres leyes para un país extenso
(1876-2004)”, en Susana Novick, comp., Las migraciones en América Latina:
políticas, culturas y estrategias, Buenos Aires, Catálogos, 2008.
Pellegrino, Adela, Historia general de la inmigración en Venezuela: siglos XIX y XX,
Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1989.
Quijada, Mónica, “Las ‘dos tradiciones’. Soberanía popular e imaginarios compartidos
en el mundo hispánico en la época de las grandes revoluciones atlánticas”, en
Jaime E. Rodríguez O., edit., Revolución, Independencia y las nuevas naciones
de América, Madrid, Fundación MAPFRE, 2005.
Rocafuerte, Vicente, “Examen analítico de las Constituciones formadas en Hispano-
américa”, en Ocios de los españoles emigrados, No. 25, tomo V, 1826.
Rosemblatt, Karin Alejandra, “Sexuality and Biopower in Chile and Latin America”, en
Diane E. Davis, Political Power and Social Theory, Emerald Group Publishing
Limited, 2002.
Sabato, Hilda, “Soberanía popular, ciudadanía y nación en Hispanoamérica: la expe-
riencia republicana del siglo XIX”, en Alm. braz. [on line], No. 9, 2009.
Sahlins, Peter, “The Eighteenth-Century Revolution in Citizenship”, en Andreas Fahr-
meir, Oliver Faron y Patrick Weil, edits., Migration Control in the North Atlantic
World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the
French Revolution to the Inter-war period, Nueva York, Berghahn Books, 2003.
Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo o civilización y barbarie en las pampas argen-
tinas, Caracas, Ayacucho, 1977 (1845).
Schwarz, Tobias, “National belonging in the Dominican Republic: The legal position
as an interdependent social categorisation”, en Daniela Célleri, Tobias Schwarz,
Bea Wittger, edits., Interdependencies of Social Categorisations, Fráncfort/Ma-
drid, Iberoamericana/Vervuert, 2013.
Seyferth, Giralda, “Colonização, imigração e a questão racial no Brasil”, Revista USP,
No. 53, 2002.
Stepan, Nancy Leys, The hour of Eugenics: Race, Gender, and Nation in Latin America.
Ítaca, Cornell University Press, 1996.
Tucci Carneiro, Maria Luiza, “Inmigración en Brasil: racismo y racistas”, en Pablo
Yankelevich, Nación y extranjería: la exclusión racial en las políticas migrato-
rias de Argentina, Brasil, Cuba y México, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 2009.
Vargas, María del Pilar, “Política y legislación inmigratoria en Colombia: el caso de los
árabes”, en Lorenzo Agar y otros, Contribuciones árabes a las identidades ibe-
roamericanas, Madrid, Casa Árabe/IEAM, 2009.
Villegas Vélez, Álvaro, “¡A poblar! Representaciones sobre los salvajes, colonos, inmi-
grantes y territorios periféricos en Colombia, 1904-1940”, en Historia y espacio,
No. 30, 2008.
Villegas-Pulido, G. T., Los extranjeros en Venezuela: su no admisión-su expulsión. Ca-
racas, Lit. y Tip. del Comercio, 1919.
Procesos 36, II semestre 201272
Wade, Peter, “Racial Identity and Nationalism: A Theoretical View from Latin America”,
en Ethnic and Racial Studies, No. 5, vol. 24, 2001.
______, “Race in Latin America”, en Deborah A. Poole, A Companion to Latin Ameri-
can Anthropology, Malden/Oxford, Blackwell, 2008.
Wallerstein, Immanuel, “Citizens All? Citizens Some! The Making of the Citizen”, en
Comparative Studies in Society and History, No. 45, 2003.
Yankelevich, Pablo, “Extranjeros indeseables en México (1911-1940): una aproxima-
ción cuantitativa a la aplicación del artículo 33 constitucional”, en Historia
Mexicana, No. 3, vol. 53, 2004.
______, “Nación y extranjería en el México revolucionario”, en Cuicuilco, No. 31, vol.
11, 2004.
______, ¿Deseables o inconvenientes?: las fronteras de la extranjería en el México posre-
volucionario, Fráncfort/Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2011.
Zimmermann, Eduardo A., “Racial Ideas and Social Reform: Argentina, 1890-1916”, en
The Hispanic American Historical Review, No. 1, vol. 72, 1992.

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1390-0099

Licencia de Creative Commons
Procesos: revista ecuatoriana de Historia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.