Procesos 36, II semestre 2012 9
¿eran ciudadanos Los afrodescendientes
Libres en Las sociedades escLavistas?
cuba, brasiL y estados unidos en eL sigLo XiX
Jochen Kemner*
Universidad de Bielefeld
RESUMEN
Se analiza el tema del estatus de los afrodescendientes libres en las sociedades
esclavistas más pobladas de América, desde el punto de vista de los derechos
políticos y sociales de súbditos y ciudadanos. Con la carta de libertad, los antiguos
esclavos y sus descendientes libres adquirieron teóricamente los mismos derechos
y obligaciones que la población blanca eurodescendiente. Sin embargo, por razo-
nes de “seguridad pública” y de “mantención del orden establecido”, en la prác-
tica, se establecieron restricciones y privilegios para mantener la distancia social
entre blancos y afrodescendientes. Desde una perspectiva comparada se estudian
Brasil, Cuba y los Estados Unidos, las tres sociedades esclavistas más notorias en
América durante el siglo XIX, y se examina este proceso tomando como objetos
de análisis los derechos de libre movimiento, el acceso a la enseñanza superior, el
sufragio y la propiedad.
Palabras clave: ciudadanía, derechos civiles, afrodescendientes, es cla vi tud, Brasil,
Cuba, Estados Unidos, siglo XIX, historia comparada.
ABSTRACT
This article addresses the status of free people of African descent in the Ameri-
cas’ largest slave societies using the point of view of social and political rights of
subjects and citizens. With the letter of freedom, former slaves could obtain for
themselves and their freeborn descendants, in theory at least, the same rights and
obligations that had been conferred to the population of European origin. Howev-
er, for reasons of “public safety” and the desire to “maintain the established order”,
restrictions for some and privileges for others were established in order to preserve
the social distance between Whites and African-Americans. Comparing the three
* Agradezco al editor del dossier, Marc-André Grebe, y al examinador encomendado
por los editores de Procesos: revista ecuatoriana de historia por sus valiosos comentarios y
sugerencias. Igualmente agradezco a Rosa Isabel Castillo Macías y a Fernando Balseca por
el trabajo de revisión y edición del artículo. Cualquier error queda de parte del autor.
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most notorious slave societies in the Americas during the nineteenth century, Bra-
zil, Cuba and the United States, this article examines the right of free movement,
access to higher education, as well as suffrage and property rights.
Keywords: citizenship, civil rights, African descent, slavery, Brazil, Cuba, United
States, 19
th
Century, comparative history.
introducción
En 1946 el sociólogo estadounidense Frank Tannenbaum publicó un ensa-
yo titulado “Slave and Citizen” que llegó a convertirse en un clásico para el es-
tudio comparado de los sistemas esclavistas en América. La tesis principal de
Tannenbaum se deja resumir en que las diferencias en cuanto a las relaciones
raciales entre Estados Unidos y América Latina se fundamentan en el legado
legal y moral de la esclavitud. Mientras las tradiciones jurídicas en el mundo
ibérico medieval facilitaban no solamente la expansión de la esclavitud a sus
respectivas colonias, sino que también la enmarcaron en códigos que se asen-
taban en la aceptación de los africanos como miembros de la familia humana
cristiana, en las colonias anglosajonas los esclavos se encontraban fuera de
la comunidad humana y, por lo tanto, podrían ser tratados como bienes. El
argumento principal de Tannenbaum se basa en la comparación del acceso a
la libertad de los esclavos en ambos sistemas y, por consiguiente, en la posi-
bilidad del esclavo de convertirse en ciudadano.
1
Lo curioso del ensayo es que la palabra ciudadano solamente aparece en
el título. Tannenbaum la emplea en el sentido de que los esclavos en el mun-
do iberoamericano eran reconocidos como seres humanos con derechos le-
gales y morales, sobre todo el de poder adquirir su libertad. Esto les facilitaba
la integración en la sociedad después de la abolición final, lo que explicaba,
según Tannenbaum, las diferencias en las relaciones de raza entre los Estados
Unidos y los países latinoamericanos.
Lo que propone este artículo es profundizar en la noción de ciudadanía
para los esclavos libertos y sus descendientes. Mientras que gran parte de la
investigación reciente se ha concentrado en las sociedades posabolicionistas,
John D. Garrigus empezó a aplicar la idea de la ciudadanía para los libres
de color a una sociedad en pleno auge del sistema esclavista: Saint Domin-
gue antes de la revolución haitiana.
2
Argumentaré, igualmente, que ya antes
1. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. The Negro in the Americas, Boston, Vintage
Books, 1946. Ver también Alejandro de la Fuente, “Slave Law and Claims-Making in Cuba:
The Tannenbaum Debate Revisited”, en Law and History Review, vol. 22, 2004, pp. 339-369.
2. John D. Garrigus, Before Haiti, Race and Citizenship in French Saint-Domingue,
Nueva York, Palgrave Macmillan, 2006.
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de la emancipación, cuando aún perduraba e incluso se expandía el trabajo
forzado, el avance de las ideas políticas, que se fundamentaban en el reco-
nocimiento de libertades del individuo y en la participación de la población
en la toma de decisiones, requería una respuesta en cuanto al papel de la
población afrodescendiente libre en la sociedad esclavista. Lo que dificulta el
panorama es que, mientras los Estados posabolicionistas compartían más o
menos el mismo sistema político republicano, las tres principales sociedades
de la ‘segunda esclavitud’ del siglo XIX se levantaban sobre distintos modelos
de gobierno. El caso cubano sirve como punto de partida para conocer en
qué medida los afrocubanos libres podían beneficiarse de libertades políticas
y civiles dentro del sistema colonial español que podrían considerarse, en otro
contexto, como derechos ciudadanos. A continuación se analizarán las situa-
ciones en Brasil y en el sur de los Estados Unidos, naciones independientes en
los cuales las asambleas constituyentes y los parlamentos habían establecido
reglas y normas que determinaban los derechos y las responsabilidades de los
miembros de la nación. El objetivo no será determinar si los esclavos podían
ser al mismo tiempo ciudadanos, como sugiere el título de Tannenbaum, sino
formular esta pregunta con respecto a la población afrodescendiente libre, y
contribuir de este modo al estudio comparativo de los sistemas esclavistas y la
historia de los afrodescendientes en América.
Ciudadanía y sistemas PoLíticos
en eL sigLo XiX americano
En el mundo occidental, la ciudadanía es un concepto fundamental en la
organización de la sociedad que se remonta a la antigüedad griega y roma-
na.
3
En las dos últimas décadas, estudios que se ocupan de diversos aspectos
teóricos y prácticos de la ciudadanía han proliferado y la han convertido en
un campo académico vivo y polifacético. La ciudadanía está relacionada con
la idea de la nación, la república y la democracia. Las personas a las que se
refiere el concepto son revestidas con derechos y obligaciones con respecto
a sus conciudadanos y el Estado al que pertenecen. Uno de los campos más
discutidos tiene que ver con los procesos de inclusión y exclusión y con la
pregunta: ¿quién pertenece a la comunidad y puede disfrutar de los derechos?
4
3. Derek Benjamin Heater, A Brief History of Citizenship, Edinburgh, Edinburgh
University Press, 2004.
4. En América Latina estas cuestiones han sido tratadas principalmente por Hilda Saba-
to. Para una discusión de la temática ver su artículo “On Political Citizenship in Nineteenth-
Century Latin America”, en American Historical Review, No. 4, vol. 106, 2001.
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Un repaso a las teorías de ciudadanía tiene que arrancar casi obligato-
riamente con la idea de la ciudadanía liberal propuesta por T. H. Marshall,
concebida como compilación de derechos, diferenciados en tres categorías:
derechos civiles que incluyen las libertades básicas de vida, movimiento, jus-
ticia, expresión, asociación, propiedad; derechos políticos relacionados con
el ejercicio del sufragio; y, finalmente, los derechos sociales entre los cuales
destacan los servicios relacionados con la salud, el desempleo o la jubilación.
Marshall desarrolló sus categorías pensando en la evolución de la ciudadanía
en Inglaterra y propuso un orden cronológico de la conquista/concesión de
derechos. Como indican Isin y Turner, tanto la cronología como la combina-
ción concreta de estos derechos varían considerablemente y dependen de los
contextos sociales y culturales. Por lo tanto, en su estudio comparativo sobre
el desarrollo de la ciudadanía en el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia
y Alemania, Fahrmeir propone una concepción ligeramente diferente a la de
Marshall, introduciendo como categoría adicional la idea de ciudadanía eco-
nómica como derecho de ganar un salario.
5
Aplicar esta percepción de la ciudadanía a contextos prenacionales, que
además estaban marcados por la esclavitud, la colonialidad y una jerarquía
racial-estamental, requiere alguna aclaración. Utilizaré el término “ciudada-
nos” en referencia a los ‘libres de color’ del siglo XIX para reflexionar sobre
las formas de inclusión y exclusión instaladas por las clases dominantes en
los sistemas esclavistas. La situación de este estamento que se encuentra con
mayor o menor peso demográfico en todos los países americanos que expe-
rimentaron con el trabajo forzoso, siempre ha sido descrita en términos de
un estatus intermediario entre esclavistas y esclavos.
6
Esta posición se puede
traducir en el lenguaje de derechos y obligaciones ciudadanos como medio
integrado y medio marginado. La pregunta que planteo aquí es: ¿de qué ma-
nera el sistema político sobre el que se erguía la esclavitud –republicano,
monárquico constitucional y colonial– afectaba las posibilidades de adquirir
derechos ciudadanos de la gente de color libre y las nociones de igualdad?
5. T. H. Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge, Cambridge University Press,
1950; Engin F. Isin y Bryan S. Turner, edits., Handbook of Citizenship Studies, Londres, Sage,
2002; Andreas Fahrmeir, Citizenship. The Rise and Fall of a Modern Concept, New Haven,
Yale University Press, 2007.
6. Ver, de modo general, las diversas contribuciones en las compilaciones de David
W. Cohen y Jack P. Greene, Neither Slave nor Free. The Freedman of African Descent in
the Slave Societies of the New World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1974; Marc
Kleijwegt, edit., The Faces of Freedom. The Manumission and Emancipation of Slaves in Old
World and New World Slavery, Leiden, Brill, 2006. Una lectura básica la proporcionan Geor-
ge Reid Andrews, Afro-Latin America, 1800-2000, Nueva York, Oxford University Press,
2004 y la obra de Stewart R. King, edit., Encyclopedia of Free Blacks & People of Color in the
Americas, vol. II, Nueva York, 2012.
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Para llegar a conclusiones aplicaré las categorías de derechos políticos,
civiles y económicos de Fahrmeir, que me parecen más adecuadas para el
contexto histórico y social en cuestión que las de Marshall. Respecto a la ciu-
dadanía política, el foco estará sobre las posibilidades de votar, ser elegido
y participar en la toma de decisiones. En cuanto a los derechos civiles, se
piensa que para los descendientes, y en algunos casos parientes de esclavos,
las nociones de seguridad jurídica y de libertad de movimiento tenían una im-
portancia particular. De acuerdo con Fahrmeir daré finalmente a la posibilidad
de ganar el sustento, de elegir la profesión y de tener propiedad privada una
preeminencia sobre los derechos sociales que en el siglo XIX se encontraban
todavía en un estado embrionario y recaían fuera del ámbito del Estado sobre
sociedades religiosas, laicas y de beneficencia mutua.
Este enfoque no considera dos importantes aspectos de la ciudadanía.
Primero, obvia las obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos, princi-
palmente sus deberes como contribuyente, militar y jurado en un tribunal de
justicia. En segundo lugar, no tiene en cuenta de qué manera la ciudadanía
contribuía a crear una identidad nacional.
7
Los dos puntos son temas impor-
tantes, pero necesariamente van más allá de las posibilidades de este ensayo.
comParar derechos ciudadanos
en sistemas escLavistas
La proliferación de investigaciones que se centran en los sistemas esclavis-
tas de América ha demostrado que los antiguos esclavos y sus descendientes
libres eran más que un fenómeno marginal de la esclavitud. Más bien eran
un elemento constitutivo que explica en parte la perduración del sistema. Sin
embargo, durante largo tiempo, los especialistas enfatizaban únicamente las
dificultades y obstáculos que los africanos y sus descendientes criollos libres
encontraban en su camino aspirando a la integración en la sociedad y a la mo-
vilidad social, especialmente en el ámbito de la colonización anglosajona. Eti-
quetas como “Slaves without Masters”, “Unappropriated People” o “Bounded
Lifes” señalan que, a menudo, la única diferencia entre los negros y mulatos
7. Solamente cabe indicar algunos de los muchos títulos que utilizan este enfoque. Ver
Charles Tilly, edit., Citizenship, Identity and Social History, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1996; Jürgen Mackert, edit., Moderne (Staats) Bürgerschaft. Nationale Staats-
bürgerschaft und die Debatten der citizenship studies, Wiesbaden, VS/Verlag für Sozialwis-
senschaften, 2007; Paul Kershaw, Carefair: Rethinking the Responsibilities and Rights of
Citizenship, Vancouver, UBC Press, 2005.
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libres y los que se encontraron en cautiverio era la ausencia del propietario.
8
Por lo demás, su situación económica y social era casi idéntica.
Tanto los gens de couleur livre en la colonia francesa de Saint Domingue y
en casi todas las demás islas de las Antillas como los free people of color en los
Estados Unidos no formaban más que una pequeña minoría de sus respectivas
sociedades. No obstante, los “libres de color” en Cuba y algunos otros domi-
nios de la Corona española y en Brasil constituían una sección importante de
la población.
9
Es de suponer que este peso demográfico tenía repercusiones
tanto para los procesos de exclusión social, marginalización, discriminación y
racismo como para las posibilidades de integración y ascenso social.
Aquí entra en escena el análisis comparativo de las distintas sociedades
esclavistas. El discutido ensayo de Tannenbaum allanó el camino para que el
método comparativo se hiciera específicamente fuerte en la historiografía de
la esclavitud. Sin embargo, hasta la publicación de la obra de Bergad en 2007,
aún no había ninguna monografía que se centrara exclusivamente en los tres
centros de la esclavitud del siglo XIX.
10
Este ensayo propone ir más allá de comparar únicamente los derechos
de los afrodescendientes libres en las tres sociedades esclavistas. Atendiendo
las diferencias entre los sistemas de gobierno, se debe hacer una primera lec-
tura sobre la distancia social entre la población blanca y la de color libre en
Brasil, Cuba y los estados del sur de Estados Unidos. De este modo, se podrá
comprobar la dimensión real de la discriminación ciudadana. En segundo
lugar, esto conlleva a reflexionar sobre la necesidad de diferenciar entre el
contenido de las leyes y su sustancia práctica. Con razón los estudios que se
asientan principalmente en los textos legales han sido criticados por no tener
suficientemente en cuenta que la teoría de las leyes y las prácticas del racismo
y de la discriminación podían diferir considerablemente. La tercera mirada re-
cae sobre las diferentes categorías de derechos ciudadanos y tiene como meta
8. Ira Berlin, Slaves without Masters. The Free Negro in the Antebellum South, Oxford,
Oxford University Press, 1974; Jerome S. Handler, The Unappropriated People: Freedom in
the Slave Society of Barbados, Baltimore, 1974, Kimberley S. Hanger, Bounded Lives, Boun-
ded Places: Free Black Society in Colonial New Orleans, 1769-1803, Durham, 1997.
9. Según los diferentes censos demográficos del siglo XIX, en Cuba el porcentaje de los
libres de color oscilaba entre 15 y 18%. En Brasil constituían incluso unos 44% de la pobla-
ción en el único censo nacional de la época monárquica de 1872. Véase Jochen Kemner,
Dunkle Gestalten? Freie Farbige in Santiago de Cuba (1850-1886), Münster, Lit, 2010, p. 49;
David W. Cohen y Jack P. Greene, Neither Slave nor Free. The Freedman of African Descent
in the Slave Societies of the New World, pp. 313-314.
10. Laird W. Bergad, The Comparative Histories of Slavery in Brazil, Cuba, and the
United States, Cambridge, 2007. Esta obra tiene un valor importante como introducción a las
singularidades de las estructuras sociales y de los sistemas esclavistas en los tres escenarios,
aspecto que no podemos profundizar en este artículo.
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poner de relieve si había ámbitos que eran más propicios que otros a crear
diferencias de derechos entre la población. Y finalmente, desde la perspectiva
de la evolución histórica, se puede sostener que los derechos concedidos a
los libres de color durante la vigencia del sistema esclavista sentaban las ba-
ses para las sociedades posabolicionistas. Sin embargo, la ruptura del sistema
económico no solamente afectó a los esclavos emancipados en masa, sino
igualmente a los afrodescendientes que ya habían gozado de la libertad.
Por razones de espacio no se podrán desarrollar estos niveles de compa-
ración con todas sus complejidades intrínsecas. Sin embargo, en la conclusión
se darán pautas sobre los procesos más relevantes.
cuba
Desde el punto de vista legal, los habitantes de la isla de Cuba eran consi-
derados hasta 1898 súbditos de la nación española. El concepto de ciudadano
está casi ausente en las fuentes consultadas de la época. Aparece en algunos
memoriales y ensayos de los grandes pensadores cubanos del siglo XIX, como
Francisco de Arango y Parreño, José de la Luz y Caballero, Domingo del
Monte o José Antonio Saco. Pero cuando aquellos se referían a los derechos
del pueblo cubano, a su esclavitud, lo que tenían en mente era la población
blanca de la isla. Para Arango, los pardos y morenos libres no se distinguían
en nada de los esclavos.
11
Sin embargo, aunque no eran considerados como ciudadanos, los cuba-
nos gozaban de ciertos privilegios, sobre todo civiles, que les eran reconoci-
dos en su calidad de súbditos de la monarquía española. Al principio del siglo
XIX, la Constitución de Cádiz de 1812 había establecido por primera vez las
categorías de españoles y de ciudadanos. Al primer grupo pertenecían prin-
cipalmente “todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios
de las Españas, y los hijos de estos”.
12
También los libertos estaban explíci-
tamente incluidos en este grupo. De este modo, la nacionalidad española se
extendía a todos los afrodescendientes libres. Para gozar de los derechos de
ciudadanos, el artículo 22 estipulaba que se requería de un reconocimiento
expreso de las Cortes por servicios a la Patria, lo que debería ser como una
distinción por su “talento, aplicación y conducta”. Además, debían demostrar
ser hijos legítimos de padres ingenuos, estar casados con una mujer libre, ejer-
cer una profesión y disponer de algún caudal. Queda patente, entonces, que
11. Eduardo Torres Cuevas, Historia del pensamiento cubano, vol. 2, La Habana, Cien-
cias Sociales, 2006.
12. “Constitución española de 1812”, cap. 2, art. 5.1.
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los autores de la Constitución tenían la intención de asegurar que solamente
una pequeña minoría de la población afrodescendiente en América obtuviera
los derechos de ciudadanos.
Como es bien sabido, esta primera Constitución española estuvo en vigor
solamente durante un breve lapso entre 1812 y 1814 y otra vez entre 1820 y
1823. Su reinstauración en la metrópoli en 1836 originó un importante conflic-
to en Cuba entre el capitán general Tacón y el gobernador del Departamento
Oriental de la isla, Manuel Lorenzo, quien decidió aplicarla por su propia
cuenta sin consultarlo con sus superiores. La Constitución de 1837 ratificaba el
estatus de españoles de todas las personas nacidas en los dominios de España.
Sin embargo, no contenía una referencia a los libertos, por lo cual los africa-
nos libres en Cuba no deberían ser considerados como españoles. En cuanto
a los derechos políticos, el segundo artículo adicional determinaba que para el
gobierno de las provincias de Ultramar se deberían redactar leyes especiales.
De este modo, los cubanos estaban excluidos del ejercicio del poder político
establecido en la Constitución. Cabe recordar que las promesas de leyes es-
peciales para el gobierno de Cuba solamente se cumplieron en noviembre de
1897 como último intento de España de conservar sus colonias.
Desde el punto de vista legal, los habitantes de la isla de Cuba eran incluidos
en las distintas constituciones decimonónicas de la Monarquía española como
miembros de la nación, pero excluidos del disfrute de los derechos políticos.
En cuanto a los derechos civiles, las distintas constituciones (1812, 1837, 1845,
1869, 1876) incluían listas más o menos extensas de privilegios y obligaciones
que, en principio, tenían igualmente validez para los españoles en las posesio-
nes americanas, fuesen blancos o afrodescendientes nacidos en las colonias.
Más allá de los derechos constitucionales existía una legislación inferior
que establecía principios jurídicos generales sobre la conducta de la pobla-
ción, la administración pública y la convivencia. Los Bandos de Gobierno y
Policía eran generalmente promulgados por las autoridades supremas en las
distintas colonias españolas e implicaban disposiciones relativas a la morali-
dad pública, al orden social, a la seguridad pública, a la higiene y a la obser-
vancia de las fiestas religiosas. Desde mediados del siglo XIX, los municipios
incorporaban la mayoría de estas disposiciones en sus ordenanzas locales.
Por lo tanto, estos reglamentos están dotados de mayor relevancia en cuanto
a una posible diferenciación de los derechos y obligaciones de la población,
basados en criterios étnico-raciales.
DERECHOS POLÍTICOS
Hasta el final de la época colonial, todos los intentos de proveer a los habi-
tantes de la isla de Cuba con una representación en las Cortes, o por lo menos
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con un parlamento provincial, habían fracasado. Por lo tanto, el único espacio
político en el que los cubanos podían participar en la toma de decisiones era
a nivel local en los cabildos municipales. Estas corporaciones no eran electivas
sino que acogieron sus miembros por cooptación. Los integrantes de los cabil-
dos representaban el patriciado urbano y no daban acceso a las clases popula-
res. Por supuesto, en una sociedad tan marcadamente mestiza siempre corrían
rumores de que uno u otro miembro de estas familias que ocupaba algún
cargo en el gobierno local tenía antecesores africanos, pero esto no cambiaba
en que oficialmente eran considerados como blancos y no tenían ninguna
agenda reivindicativa en el sentido de abrir este limitado espacio político. Sin
embargo, había una excepción de la regla. En el caso tal, de que la población
de un municipio fuera mayoritariamente de pardos y morenos libres, las leyes
coloniales permitían que ellos pudiesen constituir su propio gobierno local. En
Cuba existía solamente una comunidad de tal calibre, la villa de Santiago del
Prado, popularmente conocida por El Cobre, situada en el oriente de la isla,
cerca de Santiago de Cuba, famosa tanto por los importantes yacimientos del
mineral que le dio el nombre, como por ser hogar de la patrona de la isla, la
Virgen de la Caridad. La villa estaba mayoritariamente poblada por esclavos
del rey y sus descendientes. Según el censo de 1827, había 649 habitantes de
los cuales solamente 41 eran blancos, en su mayoría extranjeros que no po-
dían ejercer cargos públicos. En estas condiciones no había más que aceptar
que los asuntos de la comunidad los decidieran los pardos y morenos libres.
Cuando algunas empresas extranjeras y cubanas retomaron la extracción
minera en la década de los años de 1830, la villa prosperó de nuevo y la
población se quintuplicó en apenas 14 años. Ya era inadmisible para las auto-
ridades de la isla aceptar que el gobierno local estuviera en manos de descen-
dientes de esclavos. Así aprovecharon un conflicto entre el poder civil y las
compañías mineras para liquidar esa anomalía en la estructura administrativa
de la isla. El capitán general Gerónimo Valdés informó a los superiores en
Madrid sobre el asunto:
Las ocurrencias me han proporcionado la ventaja de hacer desaparecer un
ayuntamiento de personas de color, único de su especie y escándalo de esta isla
(...) y es muy importante procurar que cualquiera que sean las resoluciones ulte-
riores, jamás vuelva a ponerse en escena semejante contrasentido.
13
Dadas las dificultades de encontrar personas aptas para el ejercicio de
los cargos del ayuntamiento en una villa todavía habitada en su mayoría por
pardos, morenos y extranjeros, algunos regidores afrodescendientes mantu-
13. Archivo Histórico Nacional (AHN-M), Madrid, Ultramar, leg. 4613, “Valdés al Secre-
tario de Estado”, 11 de septiembre de 1841.
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vieron sus puestos hasta 1844. Finalmente, el nuevo capitán general Leopoldo
O’Donnell suprimió el Cabildo como tal y lo reemplazó con una Junta Muni-
cipal, cuyas facultades eran mucho más limitadas.
14
Este episodio remite al único caso en que afrocubanos podían participar
en la toma de decisiones políticas durante la época colonial cubana. Hubo que
esperar hasta la conclusión de la primera gran contienda por la independencia
de la isla y la paz de Zanjón, para ver de nuevo a afrocubanos participar en el
sistema político, al margen de los cargos militares y civiles que ejercían en el
campo de los rebeldes durante la Guerra Grande de 1868 a 1878.
Entre las medidas del gobierno de restauración para pacificar la colonia
estaba incluida la elección de representantes cubanos a las Cortes, el estable-
cimiento de parlamentos provinciales y la admisión de partidos políticos. En
Cuba se estableció una constelación bipolar con la “Unión Constitucional”,
conservadora y proespañola por un lado, y el “Partido Liberal Autonomista”, al
que se sumaron los reformistas y exrebeldes que tempranamente habían aban-
donado la causa de los independentistas. No eran lideradas por miembros de
las familias patricias como antes el cabildo municipal, sino por intelectuales y
empresarios de la emergente burguesía. El Partido Autonomista representaba
socialmente la clase media urbana criolla, incluidos los artesanos y pequeños
propietarios. Esto abrió la posibilidad de participación a varios afrocubanos
que pertenecían a esta capa social. En los documentos de la fundación del
Partido Liberal en Santiago de Cuba aparecen los nombres de varios pardos y
morenos libres. Sin embargo, el primer Ayuntamiento de esta ciudad, elegido
por voto secreto en 1879, contaba entre sus veintiséis miembros solamente
con un integrante afrodescendiente, el maestro de carpintería Luis Ramos.
15
A pesar de que su participación en las diferentes instancias legislativas y
ejecutivas era marginal, las reformas iniciadas después de la Guerra Grande
abrieron a los afrocubanos libres la posibilidad de participar legalmente en el
sistema político. Las leyes electorales que se basaban en los criterios de géne-
ro, edad, educación y propiedad procuraron que solamente una minoría de
los adultos varones disfrutaran de este derecho. Pero hay que reconocer que
la pertenencia racial ya no era un criterio de exclusión.
DERECHOS CIVILES
Aunque no eran vistos y titulados como ciudadanos, los cubanos gozaban
de varias libertades en su calidad de súbditos españoles que en principio de-
14. Inés Roldán de Montaud, “Organización municipal y conflicto en la villa de El Cobre
(1827-1845)”, en Santiago, No. 60, 1985, pp. 121-145.
15. Emilio Bacardí y Moreau, Crónicas de Santiago de Cuba, vol. VI, Barcelona, 1908-
1921, pp. 288, 292.
Procesos 36, II semestre 2012 19
berían estar en vigor para todas las personas libres en términos de igualdad.
Entre estos derechos estaba incluido el de expresar su opinión, el de dirigir
peticiones a las autoridades superiores, y los principios de seguridad jurídica.
La justicia no diferenciaba respecto a la vigencia de un testimonio en un jui-
cio. Era lícito que un afrodescendiente declarara contra una persona blanca y
su testimonio fuera considerado con el mismo valor que la declaración de un
testigo blanco.
16
No obstante, la práctica cotidiana muestra casos en los cuales la población
era tratada jurídicamente conforme a su estatus racial. Al revisar los relatos
mensuales de la policía se encuentran varios delitos de los cuales únicamen-
te afrocubanos eran acusados. El más antiguo se refería a la prohibición de
portar armas que existía en todas las colonias hispanoamericanas desde los
primeros años de la colonización. En general, las autoridades coloniales no
tenían ningún interés en que la población civil se armara. Sin embargo, un
puñal o una escopeta en manos de un pardo o moreno libre representaba
un peligro adicional. El Bando de Gobernación y Policía del capitán general
Gerónimo Valdés de 1842 declaraba que:
Se prohíbe a las gentes de color la simple portación de las otras armas permi-
tidas a los hombres blancos, pena de perderlas y sin perjuicio del procedimiento
que corresponda.
17
En cuanto a la aplicación de la sentencia, el derecho penal colonial no
diferenciaba entre reos blancos y afrodescendientes, a no ser que los últimos
fuesen esclavos o libertos que actuaron en contra de su antiguo amo. Sin em-
bargo, parece que la justicia tendía a imponer castigos ejemplares cuando el
acusado era ‘de color’ y la víctima ‘blanca’. En el juicio contra Nicolás Donse-
re, acusado de haber dado golpes a la dueña de la casa en la que habitaba, el
fiscal categóricamente advertía sobre la implicación de la infracción:
Tengo el honor de pasar a manos de V. E. esta parte y averiguación practi-
cada sobre los insultos inferidos a doña Joaquina del Río por el moreno Nicolás
Donsere, llamando la superior atención de V. E. sobre la oportunidad de imponer
una correctiva al citado moreno para que sirva de ejemplo y no sufra detrimento
el respeto que debe la clase de color a la blanca y cuyo particular está tan reco-
mendado por la superioridad en recientes disposiciones.
18
16. Richard Henry Dana, A Steam Trip to Cuba, Londres, s. e., 1859, p. 218.
17. Gerónimo Valdés, “Bando de Gobernación y Policía”, La Habana, 1842, art. 143.
18. Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba (AHPSC), Fondo Gobierno Pro-
vincial (FGP), leg. 425, exp. 24, 1867.
Procesos 36, II semestre 201220
Con el incremento de la conflictividad política en la primera mitad del si-
glo XIX, las autoridades cubanas miraban a los pardos y morenos libres como
elementos específicamente peligrosos. La posible incitación de la población
de color por agentes extranjeros era un tema recurrente desde los días de la
Revolución haitiana y la emancipación de los esclavos en las islas vecinas del
Caribe. Por lo tanto, aumentó el control de la población de color y, sobre
todo, de los que tenían contacto con el extranjero.
Como parte de las medidas para promover la inmigración de mano de
obra libre, la “Junta de Inmigración Blanca” y, más tarde, la “Junta de Fomen-
to” siempre se manifestaron reacias a permitir la inmigración de personas de
color libres extranjeras.
19
Por decreto se prohibió en 1838 la residencia de los
morenos y pardos libres procedentes de otros países y se adoptó un proceso
para su repatriación.
20
A los marineros y a los viajeros extranjeros de color les
fue vetado poner un pie en suelo cubano y deberían permanecer a bordo de
su barco mientras este estuviera anclado en puerto cubano.
21
Las autoridades cubanas del siglo XIX no solamente se esforzaban en
evitar que hubiesen contactos con afrodescendientes de otros países; corrían,
incluso, propuestas para expulsar a toda la población de color libre. El capitán
general Vives advirtió en contra de estas ideas, consciente de la importancia
económica y social de esta población, y propuso, por el contrario, una vigi-
lancia más estrecha de los residentes.
22
La desconfianza en contra de la población de color aumentó además en
la medida que los esclavos fugitivos, los cimarrones, trataron de escaparse
de sus perseguidores buscando refugio en las ciudades con la intención de
desaparecer allí entre la multitud de pardos y morenos libres. En algunos
casos contaban con documentos falsificados. Las autoridades terminaron por
sospechar contra toda persona que se encontraba fuera de la localidad donde
estaba registrada. Para facilitar el control, el código negro de 1842 permitía a
cualquier blanco parar a todo individuo de color desconocido si lo encontraba
en zonas fuera de las ciudades y exigirle su pasaporte de tránsito. Si no pre-
sentaba este papel, el que lo había aprehendido estaba autorizado de llevarlo
19. AHN, Fondo Ultramar, Fomento: Cuba, leg. 90, exp. 14: “Solicitudes para introducir
negros libres por José Suárez y Argudín”, Madrid, 1856-1861.
20. Pedro Deschamps, El negro en la economía habanera del siglo XIX, La Habana,
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1971, pp. 21-22. Real Orden del 25 de enero de 1838.
21. Gerónimo Valdés, “Bando de Gobernación y Policía”, arts. 18, 22, 23, 30. Ver tam-
bién el caso de dos marineros ingleses que llegaron en 1865 a Santiago de Cuba con un
barco procedente de Filadelfia. AHPSC, FGP, leg. 783, exp. 3, 1865.
22. “Un interrogatorio absuelto por el Capitán General don Francisco Dionisio Vives”
del 10 de septiembre de 1832, en José Antonio Saco, Historia de la esclavitud, La Habana,
1938, Bd. IV, pp. 354-355.
Procesos 36, II semestre 2012 21
al puesto del pedáneo más próximo para investigar sus credenciales.
23
Aparte
de esta medida, y debido al número elevado de cimarrones urbanos, también
los jornaleros y trabajadores portuarios, en su mayoría afrocubanos, debían
registrarse y obtener un papel para poder ofrecer legalmente sus servicios.
24
A mediados del siglo XIX las autoridades cubanas establecieron otro me-
canismo de control sobre la población libre de color. A partir de 1855 todos
los pardos y morenos libres tenían que sacar una cédula con la cual identifi-
carse.
25
De esta manera, el gobierno colonial cubano inventó el primer car
de identificación para una parte de la población de la isla. Además se aseguró
de paso una fuente de ingresos adicional.
26
DERECHOS ECONÓMICOS
El sistema estamental colonial de América Latina se basaba en un esfuerzo
para excluir de la práctica de determinadas profesiones a los miembros de las
castas y, por lo tanto, para controlar la estratificación social. De este modo, la
23. Reglamento de Esclavos de 1842, art. 20. Esta disposición se refería, al principio,
solamente a los esclavos. Sin embargo, para poder comprobar si la persona era libre o no,
finalmente todos los libres de color se vieron afectados.
24. El Bando de Gobernación y Policía de la Isla de Cuba espedida [sic] por el Escmo.
Sr. Don Gerónimo Valdés, Presidente, Gobernador y Capitán General, art. 17, La Habana,
1842: “Ningún maestro recibirá operario de color siendo de condición libre sin que acredita
esta circunstancia en papeleta del pedáneo de su barrio, y si fuera esclavo sin la licencia de
su amo. Lo mismo se observará respecto de los hombres de color aplicados a los trabajos del
muelle, siendo responsables de la infracción los capataces de cuadrilla”. La escritura consta
así en el original.
25. “Decreto del gobierno sobre las cédulas a los individuos de la clase libre de color”,
AHN, Ultramar, leg. 4.655, exp. 183, 1855; “Sobre modificación de las cédulas de los libres de
color”, leg. 4.655, exp. 29, 1858. Así mismo, Fondo Colección Reales Cédulas, Archivo Nacio-
nal de Cuba (ANC), Nos. 35, 97, 1858. No se deben confundir estas cédulas con los pasaportes
de tránsito. Los esclavos requerían de un permiso especial cuando su amo les mandaba a otro
lugar para desempeñar algún trabajo. Debían pedir el permiso de un representante del ejecu-
tivo y explicar detalladamente cuándo el esclavo iba a emprender el viaje, con qué finalidad y
a dónde se iba a dirigir. Al avanzar el siglo XIX, esta medida de control se expandió también
a la población de color libre y blanca para combatir el vagabundeo y el bandolerismo.
26. “Estado que demuestra el número de personas de color libres clasificados por sexo
y edad, correspondiente al 2o. semestre de 1857 en esta Isla de Cuba”, AHN, Ultramar, leg.
4.655, exp. 29. Mientras que a los niños de menos de siete años se les expandía la cédula gra-
tuita, todos los demás pagaban una tarifa de entre uno y cuatro pesos. Las personas encontradas
sin la correspondiente cédula pagaban multas de cinco pesos o más. Los informes de la policía,
publicados regularmente en los periódicos de la época, dan constancia de la frecuencia con la
que afrodescendientes eran aprehendidos y amonestados por carecer de este papel. Ver “Multa
de cinco pesos al pardo Juan de Dios Hechevarria por no haber sacado en su época la cédula
especial de libre”, El Redactor, 11 de octubre de 1859.
Procesos 36, II semestre 201222
población de color siempre fue marginada de los puestos de la burocracia co-
lonial, de los grados militares y del clero. Igualmente muchos gremios habían
prohibido la entrada de mestizos, indios, negros y pardos en sus filas y, por
consiguiente, obstaculizaban sus posibilidades de ejercer ciertas profesiones.
27
Sin embargo, al menos en Cuba, actividades como las del zapatero, tintorero,
carpintero o albañil eran dominios de la población de color libre.
Las restricciones laborales eran reacciones políticas a los temores de cons-
piraciones y rebeliones que conmovieron a Cuba en la primera mitad del siglo
XIX. Como consecuencia de la creciente inquietud en la isla, el capitán ge-
neral Valdés reservó en su Bando de 1842 exclusivamente varias profesiones
para la población blanca, entre ellas la del mayoral en las plantaciones.
28
Su
sucesor, Leopoldo O’Donnell, tras la fallida conspiración de esclavos, pardos
y morenos libres y abolicionistas ingleses en 1843-1844, entre otras medidas,
prohibió el empleo de oficiales de color en las farmacias.
29
No obstante, este
tipo de prohibiciones laborales era más bien la excepción en comparación
con los métodos de discriminación informal que afectaban a comerciantes,
médicos y a otros profesionales de color.
Probablemente, la medida más eficaz para mantener la posición privilegia-
da de la población blanca en el ejercicio de profesiones de alto prestigio era la
restricción del acceso a la educación. Si bien es verdad que las escuelas prima-
rias estaban teóricamente abiertas a todos los niños en edad escolar, debido a
la política de segregación y la prohibición de formar profesores, a mediados
del siglo XIX menos del 5% de los alumnos en las escuelas cubanas eran par-
dos o morenos.
30
Con respecto a la enseñanza superior, todas las instituciones
cubanas mantenían como criterio de inscripción de candidatos la prueba de la
“limpieza de sangre”, que tenía como consecuencia la exclusión de la pobla-
ción afrodescendiente de los estudios de medicina, teología o jurisprudencia.
31
A pesar de todos los rumores, afirmando que había muchos pardos que bur-
27. Ver Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación
social de Hispanoamérica, 1493-1810, Nos. 262, 348, 247, 322, 353, 129, 423, 469, tomo
I; Nos. 36, 44, 75, 91, 123, 126, 209, tomo II; No. 369, tomo III, vol. 3, Madrid, 1953-1962.
28. Ver art. 77 del Bando de Valdés: “El mayoral de toda finca de campo será siempre
blanco, pena de 100$ de multa al dueño, á quien además se obligará por todos los medios
coercitivos de que el gobierno puede hacer uso á que cumpla con esta disposición”.
29. “O’Donnell al Secretario de Estado”, AHN, Ultramar, Fomento, leg. 17, 31 de mayo
de 1844.
30. Jochen Kemner, Dunkle Gestalten? Freie Farbige in Santiago de Cuba (1850-1886),
Münster, Lit, 2010, p. 225.
31. “R. C. que excluye de las matrículas y grados de la Universidad a los mestizos, zam-
bos, mulatos y cuarterones”, Buen Retiro, 27 de septiembre de 1752, en Richard Konetzke,
Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, No.
163, tomo III. Esta disposición fue revalidada en 1765 y 1768. Ídem, No. 199, unidad 205.
Procesos 36, II semestre 2012 23
laron esta prohibición e ingresaron con papeles falsificados en la Universidad
de La Habana, no hay evidencia de que en el siglo XIX estudiantes de color
fueron admitidos en la universidad o que ejercieron profesiones que requerían
una carrera académica. En lugar de eso, algunos padres mandaban sus hijos
a Europa, para completar su formación. Muchos, sin embargo, decidieron no
regresar.
32
Mientras el libre ejercicio de la profesión estaba de este modo restringido
para los afrodescendientes cubanos, la propiedad era un derecho que se reco-
nocía para todas las personas libres residentes en la isla, inclusive el derecho
a la propiedad humana. Era un fenómeno común en todas las sociedades
esclavistas de América que antiguos esclavos se convirtieran en propietarios
de otras personas. La isla de Cuba no forma ninguna excepción de la regla.
El establecimiento de jerarquías de este tipo entre personas que no formaban
parte de las élites era visto como factor estabilizante para la conservación del
sistema porque dificultaba la formación de alianzas antihegemónicas. Quien
quería proteger su caudal no conspiraba contra el poder colonial y no aboga-
ba por el abolicionismo. Esa máxima valía tanto para los reformistas y anexio-
nistas blancos respecto a sus ideas sobre la independencia de la isla como
para los afrodescendientes libres.
Todavía a principios de la década de 1860 poseer esclavos era un fenóme-
no extendido mucho más allá de la élite acaudalada. El bajo prestigio de las
labores manuales y un mercado de trabajo limitado eran responsables de que
incluso familias de las capas medias y bajas de la sociedad invirtieran sus aho-
rros en la compra de esclavos. Estos eran muchas veces la principal fuente de
ingresos. Un análisis estadístico sobre la base de las testamentarias de pardos
y morenos libres en Santiago de Cuba muestra, por ejemplo, que a mediados
del siglo XIX todavía más de un tercio de todos los testadores de este grupo
tenían algún esclavo entre sus bienes.
33
brasiL
Cuando Brasil alcanzó la independencia en 1822 era el único país en Amé-
rica que no optó a largo plazo por un sistema republicano de gobierno. El rey
portugués João VI fue reemplazado en un proceso negociado y casi ausente
de violencia por su hijo, Pedro I, que encabezó una monarquía constitucional
32. Pablo Lafargue, yerno de Carlos Marx, Hyppolite Pirón y Juan Gualberto Gómez son
los ejemplos más conocidos de pardos nacidos en Cuba que recibían educación en Europa.
33. Jochen Kemner, “¿No soy un hombre y un hermano? Los significados de la libertad
para los afrodescendientes en la sociedad colonial cubana del siglo XIX”, en Actas del XVI
Congreso Internacional de AHILA, CD-room, San Fernando, 2012.
Procesos 36, II semestre 201224
y asumió el título de emperador. De esta manera, el vasto territorio conservó
su integridad política y evitó la fragmentación. Siguiendo el modelo de Turner,
José Murilo de Carvalho describe a Brasil como un caso en que la ciudadanía
fue impuesta por el Estado en un acto que involucró a la población civil en
la formación de la nación.
34
Los poderes del emperador, de la legislativa y del
ejecutivo fueron determinados en la Constitución de 1824 que, además, defi-
nía como ciudadanos a todas las personas libres que habían nacido en tierras
brasileñas, sean ingenuos o libertos, y además ofrecía este estatus a los portu-
gueses residentes en Brasil que decidieron quedarse en tierras americanas. De
este modo, solamente los extranjeros, entre ellos los esclavos traídos de África,
no eran considerados ciudadanos.
Lo que se distingue a Brasil de los otros casos es su alto porcentaje de
pardos y morenos libres. Para la época de la Independencia no hay datos fide-
dignos acerca de la composición demográfica del imperio de Brasil. No obs-
tante, los padrones locales y provinciales hacen suponer que más de un tercio
de la población era de afrobrasileños libres. Sobre todo en las provincias del
nordeste, que durante la Colonia eran el centro de la industria azucarera, los
pardos y morenos libres eran más numerosos que los blancos. En 1872, cuan-
do finalmente se efectuó el primer conteo, Brasil tenía una población de casi
diez millones de habitantes, entre los cuales los afrobrasileños libres seguían
siendo el grupo mayoritario. En 1890, después de la abolición de la esclavitud
y la proclamación de la República, de 14,3 millones, 8 millones indicaban su
color de piel como “preto” o “pardo”.
35
Por lo tanto, podemos concluir que
durante toda la época imperial, descontando a los africanos, el número de
ciudadanos afrodescendientes no era mucho menor que el de los blancos.
DERECHOS POLÍTICOS
El sistema electoral del Imperio se basaba en elecciones indirectas en las
que los ciudadanos activos votaban a los electores en asambleas parroquia-
les que después elegían los diputados y representantes a nivel provincial y
nacional. El derecho de voto recaía sobre todos los ciudadanos, con algunas
excepciones como los menores de 25 años, los religiosos y los empleados
dependientes. Además se requería una renta anual de 100 mil reis. Todos los
que cumplían estos requisitos podrían ser elegidos como electores, siempre
34. José Murilo de Carvalho, “Cidadania: Tipos e Percursos”, en Revista Estudos Históri-
cos, No. 18, vol. 9, 1996, pp. 337-359. El autor se refiere a la clásica teoría de la ciudadanía
propuesta por Bryan S. Turner, edit., Citizenship and Social Theory, Londres, Sage Publica-
tions, 1993.
35. Censo do Imperio de Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE),
en [http://www.ibge.gov.br].
Procesos 36, II semestre 2012 25
y cuando no fueran criminales ni libertos y dispusieron de ingresos por en-
cima de 200 mil reis. Para ser diputado esta suma se duplicaba. Además, los
extranjeros naturalizados y las personas que no profesaban la religión católica
eran apartados.
Llama la atención que, a pesar del requisito de renta, no había ninguna
limitación en cuanto a la capacidad de saber leer y escribir. Y como bastaba
presentar un testigo para comprobar la liquidez, el porcentaje de votantes
en las elecciones durante el Imperio superaba considerablemente todos las
comparaciones con los sistemas electorales en Europa o Estados Unidos. La
cruz era que el proceso electoral estaba abierto a todo tipo de irregularidades
y falsificaciones.
36
No hay datos sobre la proporción de afrobrasileños que votaban en las
elecciones de primera instancia. Richard Graham indica que en 1872 casi un
millón de personas participaron en la primera ronda de las elecciones.
37
Se-
gún el primer censo imperial de 1872, había 2 millones de hombres blancos
comparado con 2,15 millones de “pardos” y “pretos”. Para llegar al número
de los posibles votantes hay que descontar, en primer lugar, los menores de
25 años que representaban casi un 60% de la población y, en segundo lugar,
todos los que no disponían de la renta estipulada en la ley electoral. Entre los
afrobrasileños, además, no tenían derecho a votar los que habían nacido en
África y los libertos. Por ende, es probable que la mayoría de los ciudadanos
activos fueran blancos pero con una alta representación de votantes de color.
De alguna manera este hecho se trasladó también a las personas que ejer-
cieron cargos políticos. Probablemente en ningún otro país el “pueblo” estaba
tan ampliamente representado en los órganos de la legislativa como en Brasil.
La viajera inglesa Mary Graham lo observó en Salvador de Bahía y Recife, y el
alemán Carl Seidler estaba indignado cuando visitó la Cámara de Diputados
en Río de Janeiro durante el período del reinado en la década de 1830, en par-
ticular por los representantes pardos de las provincias nordestinas de Bahía y
Pernambuco. En su opinión, estos diputados no se habían ganado sus cargos
por su virtud o habilidad política, sino por la solidaridad entre la población
de color que en estas provincias tenía un alto porcentaje entre los electores.
38
Ciertamente había varios afrobrasileños que durante el primer y segundo
reinado ascendieron a cargos importantes en la legislativa y el ejecutivo. Los
36. Ver José Murilo de Carvalho, Ciudadanía en Brasil: el largo camino, La Habana,
Ciencias Sociales, 2004, pp. 30-32.
37. Richard Graham, Patronage and Politics in Nineteenth-Century Brazil, Stanford,
Stanford University Press, 1990.
38. Maria D. Graham, Journal of a Voyage to Brazil. And Residence there during Part of
the Years 1821, 1822, 1823, Nueva York, AMS Press, 1969, p. 125; Carl Seidler, Dez anos no
Brasil, Belo Horizonte, Itatiaia, 1980, p. 46.
Procesos 36, II semestre 201226
distintos miembros de la familia Rebouças en Salvador de Bahía y Río de Ja-
neiro, o el destacado político Francisco de Sales Torres Homem, son solamen-
te algunos ejemplos. Sin embargo, lo que llamó tanto la atención a los viajeros
extranjeros fue la presencia de afrodescendientes en parlamentos de una mo-
narquía del mundo occidental, no correspondía al peso demográfico de esta
población. El discurso del igualitarismo, tan prominente en la Constitución,
no se plasmaba en igualdad de oportunidades. Así lo vio el abogado Felipe
Nery Collaço que editó en 1877 un semanal titulado O Homem. Era el primer
periódico que se dirigía explícitamente a la población de color en Recife, la
capital de la provincia de Pernambuco. Hasta este momento, publicaciones de
este calibre solo se conocían en Río de Janeiro, donde al final de la década de
1820 se editaban periódicos como O Pardo Brasileiro y O Mulato.
Nery Collaço justificó la tirada del semanario por la necesidad de denun-
ciar la escasa representación de la población de color en diversas áreas de la
administración, en la política y en los rangos militares. El editor explicaba que:
El objetivo de O Homem es la promoción de la unidad y la instrucción de
la población de color de Pernambuco. Se compromete a defender sus intereses
legítimos y sus derechos políticos, de modo que la Constitución para todos los
brasileños sin distinción de clases se convierta en realidad. Las injusticias cometi-
das contra ellos se dan a conocer al público para que el desprecio general recaiga
contra los que son responsables. Lo mismo se aplica a la opresión y persecución
que sufren.
39
Parece que con estas reclamaciones se tocó una fibra sensible. Tres días
más tarde, el editorial del periódico A Província; que estaba políticamente
ligado al Partido Liberal, refutó las recriminaciones por completo. Dirigirse
a una parte de la población específica solamente llevaría a crear odio y ren-
cor y estaría en contra de los sentimientos filantrópicos y humanitarios de la
sociedad; además, continuaba el impreso, todas las esferas públicas, desde
el senado, hasta la administración y el clero admitían a los afrobrasileños en
términos de igualdad. El artículo concluía con la siguiente expresión: “Dado
que vivimos en estos tiempos en perfecta comunidad y mayor solidaridad de
los intereses políticos y sociales, esta propaganda a favor de la ‘autonomía’
política de la población de color destruye la armonía, el respeto y el aprecio
mutuo”.
40
En los siguientes números, O Homem se empeñó en concretar su crítica
con datos empíricos. Dadas las dificultades de obtener ese tipo de informa-
ción racial-fenotípico de otras fuentes de la época, no es posible comprobar-
39. O Homen, 13 de enero de 1876. Traducción del autor.
40. A Província, 16 de enero de 1876. Traducción del autor.
Procesos 36, II semestre 2012 27
las. Según los datos presentados por Nery Collaço en la Cámara Municipal, al
consejo de la ciudad de Recife, desde 1848 no había entrado ningún diputado
de color. En la asamblea provincial, desde este mismo año hasta 1876, de 546
diputados elegidos solamente tres no eran blancos. En la Guardia Nacional, el
ejército y otras secciones de la administración la situación no era diferente.
41
Esta exclusión de los afrobrasileños de los puestos superiores en los dis-
tintos ramos de la sociedad era vista por Collaço como resultado del desarrollo
demográfico de largo plazo y de acontecimientos políticos coyunturales. La
competencia por los escasos puestos en el sector público aumentó consi-
derablemente con el crecimiento de la población; para acceder a ellos, las
camarillas políticas adquirieron gran importancia. De este modo, varios afro-
brasileños que tenían buenas posiciones –entre ellos el mismo editor de O
Homen– habían perdido sus cargos con el cambio del gobierno local.
Lo que se puede resaltar de esta breve disputa en una de las regiones
más turbulentas del Imperio es que, por un lado, el discurso de la igualdad
de derechos y de oportunidades, establecido en la Constitución de 1824, era
extremadamente poderoso. Quien lo ponía en duda recibía el reproche uni-
versal por parte de la clase política. No obstante, Nery Collaço demostró que
la realidad difería considerablemente de la teoría. En la práctica, los prejuicios
raciales y la falta de aliados políticos no permitieron que la representación
política de los afrobrasileños se convirtiera en una realidad cotidiana.
La reforma electoral de 1881 que no solamente elevó las exigencias de
patrimonio, sino que introdujo además el criterio de saber leer y escribir como
requisito para poder votar, significó para la población afrodescendiente un
descenso considerable en su capacidad de participar en el sistema político.
Según Carvalho, el número de los votantes disminuyó en un 90%.
42
Aunque
no estaba dirigida explícitamente en contra este grupo, se puede suponer que
ellos estaban más afectados y que, al final de la época imperial, el derecho de
voto recaía en su gran mayoría sobre la población blanca.
DERECHOS CIVILES
El artículo 179 de la Constitución de 1824 garantizaba a todos los ciuda-
danos brasileños la inviolabilidad de los derechos civiles que se basaban en
la libertad, la seguridad personal y la propiedad. Esto abarcaba el derecho de
expresar su opinión libremente, la libertad del culto religioso, la seguridad
jurídica, la educación primaria gratuita, la inviolabilidad del hogar, la igualdad
41. O Homen, 18 y 25 de febrero y 5 de marzo de 1876.
42. José Murilo de Carvalho, Ciudadanía en Brasil: el largo camino, p. 36.
Procesos 36, II semestre 201228
ante la ley y un largo etcétera. Las restricciones coloniales relacionadas con el
color de la piel fueron derogadas.
Con respecto al ámbito jurídico, el código criminal y civil de 1834 espe-
cificaban el funcionamiento de los procesos y, sobre todo, de los jurados. No
había calificación respecto al valor de un testimonio en un proceso judicial.
Además, todos los brasileños que tenían el derecho a votar podían también
ser elegidos para desempeñar el cargo de jurado.
Evidentemente, el Imperio de Brasil no era un paraíso para los pardos y
morenos libres en el siglo XIX. Específicamente, viajar largas distancias podía
ser un problema porque siempre incluía el peligro de ser considerado un es-
clavo fugitivo y sufrir represalias. La amenaza de ser reesclavizado no era des-
conocida en Brasil. De hecho, algunas políticas del gobierno, como el plan de
introducir el Registro Civil, fueron interpretadas por una parte de la población
como un plan secreto para esclavizar la población de color.
43
DERECHOS ECONÓMICOS
La Constitución de 1824 garantizaba a los ciudadanos tanto el pleno de-
recho a la propiedad como el ejercicio de todo tipo de trabajo, industria y
comercio. No había ninguna disposición o ley que prohibiera el empleo de
afrobrasileños como mayorales en las plantaciones u otras instalaciones. El
discurso de igualitarismo, inspirado en la Revolución americana, y sobre todo
la francesa, autorizaba a los descendientes de esclavos incluso a estudiar y
seguir carreras académicas.
Los viajeros europeos hicieron frecuentemente alusión a pardos y hasta
a morenos que desempeñaban cargos públicos como jueces, abogados, es-
cribanos, médicos o eran miembros del clero. Es difícil cuantificar a las per-
sonas que de esta manera lograron el ascenso social, principalmente porque
las fuentes disponibles rara vez mencionan el color de la piel. Sin embargo,
lo mismo que hemos afirmado con respecto al número de diputados en los
parlamentos vale más o menos para estas profesiones que identifican a las
personas que las ejercen como miembros de la clase media ilustrada: la pre-
sencia de pardos y morenos libres entre ellos era tanto una realidad como una
excepción. No existía ninguna base jurídica que les bloqueara la posibilidad
de ejercer cualquier profesión y llegar a las más altas posiciones en el Impe-
43. Judy Bieder Freitas, “Slavery and Social Life: Attempts to Reduce Free People to
Slavery in the Sertão Mineiro, Brazil, 1850-1871”, en JLAS, No. 3, vol. 26, 1994, pp. 597-619.
Respecto a la resistencia de la población contra las políticas del gobierno como la introduc-
ción del Registro Civil, el sistema métrico o la conscripción, ver José Murilo de Carvalho,
Ciudadanía en Brasil: el largo camino, pp. 61-69.
Procesos 36, II semestre 2012 29
rio, pero sí factores estructurales y prejuicios arraigados que dificultaban el
ascenso social.
44
En cuanto a la propiedad privada, no aparecen diferencias llamativas entre
la situación de los afrocubanos y afrobrasileños libres. Adquirir un esclavo era
muchas veces el primer paso del avance económico. Los estudios disponibles
confirman que en Salvador de Bahía o Río de Janeiro muchos afrodescen-
dientes, incluso libertos, se convirtieron en dueños de esclavos. El motivo
era casi siempre la explotación: aprovecharse de la mano de obra y obtener
ganancias.
45
estados unidos
De las tres sociedades en cuestión, indudablemente los Estados Unidos
ofrecían un panorama más amplio para el goce de derechos ciudadanos en el
siglo XIX. La Declaración de Independencia de 1776, la Constitución, redac-
tada en 1787 y la Carta de Derechos, acordada en 1791, estipulaban no sola-
mente las acotadas competencias del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
sino que también establecieron los límites de las acciones del gobierno en lo
que respecta a las libertades personales, guiadas por el precepto de la liber-
tad del individuo. No obstante, mientras que la declaración de 1776 partía de
la idea filosófica de la igualdad humana y la inalienabilidad de los derechos
fundamentales, la Constitución y los diez primeros artículos adicionales no
contienen ninguna referencia explícita igualitaria, y tampoco circunscriben el
grupo de personas que se beneficiaban de los derechos civiles y políticos. De
este modo abrieron la posibilidad de restringir la ciudadanía según los intere-
ses políticos de las clases dominantes. O, como decía Shklar, “la igualdad de
derechos políticos, que es la primera marca de la ciudadanía estadounidense,
fue proclamada en la presencia aceptada de su negación absoluta”.
46
La ciudadanía se obtenía por nacimiento o mediante la naturalización. En
una sociedad de colonizadores la inmigración tenía un peso mucho mayor
que en las viejas naciones europeas. En 1790 el Congreso adoptó una ley que
44. Celia María Marinha de Azevedo, Onda negra, medo branco. O negro no imaginá-
rio das élites - século XIX, Río de Janeiro, Paz e terra, 1987; Richard Graham, “Free African
Brazilians and the State in Slavery Times”, en Michael Hanchard, edit., Racial Politics in
Contemporary Brazil, Durham, Duke University Press, pp. 33-53.
45. María Inés Côrtes de Oliveira, O Liberto. O seu mundo e os outros, Salvador 1790-
1890, São Paulo, Corrupio, 1988; Katia M. de Queirós Mattoso, To Be a Slave in Brazil:
1550-1888, New Brunswick, Rutgers University Press, 1986.
46. Judith N. Shklar, American Citizenship. The Quest for Inclusion, Cambridge, Har-
vard University Press, 1991, p. 1.
Procesos 36, II semestre 201230
estipulaba que solamente los inmigrantes blancos que cumplían con el requi-
sito de un período de residencia podían lograr la ciudadanía.
47
Era la primera
ley a nivel federal que excluía a personas, que no eran blancas, de la ciudada-
nía. Entre los perjudicados se encontraban sobre todo esclavos africanos que
habían alcanzado la libertad.
DERECHOS POLÍTICOS
En cuanto al sufragio y las exigencias para ejercer un puesto público, la
Revolución americana no llegó a redefinir radicalmente el derecho al voto.
De hecho, no se estableció un derecho electoral unificado. Los estados po-
dían decidir a quiénes iban a delegar este derecho y se dejaban guiar por el
principio de la igualdad. Hasta 1786, de los trece estados fundadores de la
Unión, solamente Georgia y Carolina del Sur habían restringido expresamente
el derecho de voto a la población blanca.
Con la expansión territorial y la inclusión de nuevos estados, restricciones
de elegibilidad basadas en la raza de los votantes se hicieron cada vez más
comunes. Al mismo tiempo que se suprimían los requisitos de propiedad o de
impuestos, lo que facilitaba la ampliación del voto blanco universal, el sufra-
gio de los afrodescendientes se convirtió en una excepción. Entre los veinte
primeros estados admitidos en la Unión después de 1787, solamente Vermont,
Maine, Kentucky y Tennessee no limitaban el derecho de voto explícitamente
a la población blanca masculina. Paralelamente, la mayoría de los estados fun-
dadores cambiaron sus leyes electorales, liderados por Maryland, New Jersey
y Connecticut. En 1860 cuando Lincoln ganó las elecciones presidenciales, los
afroamericanos pudieron participar únicamente en cinco estados en Nueva
Inglaterra (Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine y Rhode Island)
en las elecciones a nivel estatal y nacional, aunque en otros conservaban por
lo menos el voto para cargos locales e incluso podrían salir elegidos.
48
Las leyes electorales eran, de este modo, una herramienta eficaz para res-
tringir la ciudadanía política de la población afrodescendiente en los Estados
Unidos, y no solamente en los estados esclavistas del sur y del medio oeste.
La exclusión de los votantes respondía al incremento de los prejuicios raciales;
al mismo tiempo, el crecimiento de la población de color en varios estados los
hubiera convertido en un electorado serio a no ser por la privación del voto.
47. Acta de naturalización estadounidense de 1790. La ley fue reformulada en 1795,
1798 y 1802 con respecto a las exigencias de tiempo de residencia. Sin embargo, se mantuvo
la restricción de que únicamente “personas libres y blancas” podían aspirar a la ciudadanía.
48. Alexander Keyssar, The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the Uni-
ted States, Nueva York, Basic Books, 2000; James H. Kettner, The Development of American
Citizenship. 1608-1870, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1978.
Procesos 36, II semestre 2012 31
DERECHOS CIVILES
En cuanto a la fijación de los derechos civiles, los representantes que
redactaron la Constitución y el Bill of Rights optaron por desvincularse del
asunto y utilizaron expresiones que se podían interpretar tanto en pro como
en contra de la inclusión de los afroamericanos libres. Lo importante era no
causar motivos para poner en peligro la frágil comunidad de intereses entre
los estados fundadores. No obstante, parece que estaban conscientes de sa-
crificar el ideal de la igualdad de todos por las exigencias de la ‘Realpolitik’.
49
El silencio de la Constitución y de las disposiciones legales posteriores
crearon una situación ambigua. Mientras que en muchos de los estados de
la Nueva Inglaterra, que sucesivamente introducían leyes de emancipación
gradual y paulatina, se les reconocía por lo menos en las primeras décadas
sus derechos sin reservas, en los estados del sur, la situación era totalmente
distinta y empeoraba con el tiempo.
Los estados establecían sus propios códigos que, en mayor o menor me-
dida, restringían las libertades de la población de color libre. Hubo una ten-
dencia generalizada de emitir leyes cada vez más opresivas y racistas. En la
primera mitad del siglo XIX, los derechos civiles de los afroamericanos libres
que residían en los estados esclavistas sufrieron varios reveses. Se les quitó
el derecho de dar su testimonio en contra de un blanco en el juzgado y la
libertad de movimiento fue limitada severamente. Mientras que los afroame-
ricanos, que ya en el momento de la revolución habían alcanzado la libertad,
podían residir en su lugar de nacimiento sin hostigamientos, los nuevos liber-
tos que habían sido manumitidos experimentaban en seguida la hostilidad de
la sociedad. De hecho, hasta 1850, cinco de los diez estados esclavistas en el
sur habían dictado leyes que exigían a los libertos salir del estado en un plazo
de tiempo limitado, bajo amenaza de ser reesclavizados en caso de no cumplir
la ley.
50
Además, la mayoría de los estados prohibieron la entrada de pardos
y morenos libres y establecieron mecanismos de control para los residentes.
En algunos casos, los libertos tenían que buscarse un fiador blanco que se
responsabilizara de su conducta. De nuevo se encontraban en una situación
de dependencia y subordinación.
49. Kenneth L. Karst, Belonging to America. Equal Citizenship and the Constitution,
New Haven, Yale University Press, 1989; Jeff Spinner, The Boundaries of Citizenship. Race,
Ethnicity, and Nationality in the Liberal State, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1994.
50. Thomas D. Morris, Southern Slavery and the Law, 1619-1860, Chapel Hill/Londres,
University of North Carolina Press, 1996, p. 372.
Procesos 36, II semestre 201232
Con motivo de la petición del territorio de Missouri para ser admitido
como nuevo estado miembro de la unión en 1820, las dos posiciones respecto
al trato de los afroamericanos libres chocaron por primera vez en un debate
nacional. La constitución de Missouri no solamente permitía la introducción
de esclavos, sino que mandaba que la legislatura dictara leyes para impedir,
bajo cualquier pretexto, la inmigración de morenos y pardos libres. Sin em-
bargo, en este momento para la mayoría de los miembros del congreso, este
artículo era una violación de la Constitución que declaraba que “los ciudada-
nos de cada Estado tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades de
los ciudadanos de los diversos Estados”.
51
A mediados del siglo XIX, esta noción ya no prevalecía. El senador William
H. Seward tuvo que apelar a la famosa idea de la “ley superior” para encontrar
motivos en contra de la expansión de la esclavitud, admitiendo implícitamente
que tanto el trabajo forzoso como la falta de reconocimiento de la ciudadanía
de los afroamericanos libres estaban justificados por la Constitución.
52
El punto culminante de esta negación de los derechos constitucionales
de los negros y pardos libres fue, años más tarde, el famoso fallo de la Corte
Suprema en el caso Dred Scott contra Sandford, que estipulaba que ni los es-
clavos ni sus descendientes libres eran entendidos como ciudadanos incluidos
en la Constitución. En su decisión, el juez supremo Taney argumentaba que:
[…] un negro libre de la raza africana, cuyos ancestros fueron traídos a este
país y vendidos como esclavos, no es un “ciudadano” en el sentido de la Cons-
titución de los Estados Unidos. Cuando la Constitución fue aprobada, no se les
consideraba en ningun Estado como miembro de la comunidad que constituye el
Estado, y no se contaba entre sus “personas” o “ciudadanos”. En consecuencia,
los derechos e inmunidades garantizados a los ciudadanos no se aplican a ellos.
53
La decisión de la Corte era interpretada como un intento de facilitar la
expansión de la esclavitud en los territorios nuevos y, de paso, decidir la
controversia sobre los derechos de los esclavos libertos y sus descendientes.
La rotunda negación de la ciudadanía de los afrodesciendientes confirmaba la
interpretación de la Constitución y la práctica cotidiana de la mayoría de los
estados en el sur; mientras en el norte era considerado como una provocación
para los abolicionistas. La decisión de la Corte Suprema no cambiaba la rea-
lidad de los derechos civiles de los libres de color ni en el norte ni en el sur,
pero sí contribuía a radicalizar las posiciones en ambas regiones.
51. William Yates, Rights of Colored Men to Suffrage, Citizenship and Trial by Jury,
Filadelfia, 1838, pp. 38 y ss.
52. Gregg D. Crane, Race, Citizenship, and Law in American Literature, Ohio, Cam-
bridge University Press, 2002, pp. 12-55.
53. Scott vs. Sandford - 60 U.S. 393, 1856. Traducción del autor.
Procesos 36, II semestre 2012 33
DERECHOS ECONÓMICOS
Como decía Ira Berlin, al principio del siglo XIX no quedaba mucho del
igualitarismo inicial de la Revolución americana en los estados del sur con res-
pecto a la población afrodescendiente que estaba marginada y se encontraba
en una situación de inferioridad perpetua.
54
Sus posibilidades de avance eco-
nómico también sufrieron serias restricciones, no solamente por prohibiciones
explícitas, sino por el ambiente cada vez más hostil. Ciertamente había regio-
nes donde algunos afrodescendientes podían conservar una posición social
elevada o por lo menos mediana, especialmente en la región de Nueva Or-
leans por su pasado colonial francés y español, y en ciudades como Charles-
ton, Baltimore o Savannah. A largo plazo, la situación económica de los libres
de color en el sur empeoraba y la mayoría vivía en dependencia y pobreza.
Es llamativo que en todo ese ambiente de hostigamiento e intimidación,
en el que los derechos civiles sufrieron un proceso aparentemente imparable
de restricciones, no se tocó el derecho a la propiedad. De hecho, en lo que
no se distinguían los pardos y morenos libres en los estados del sur de sus
‘homólogos’ en Cuba y Brasil era en la posibilidad de poder comprar y poseer
esclavos. En esta política se reconoce que para los estados esclavistas nor-
teamericanos la propiedad era un derecho sagrado que ni siquiera se negaba a
los negros libres. Ser amo de esclavos era considerado como símbolo de estar
al lado de los poderosos y acomodados en esta sociedad. Larry Koger, que es-
tudió el fenómeno de los dueños de esclavos afroamericanos en Carolina del
Sur, cree que el deseo de poseer esclavos era consecuencia de una percepción
afirmativa de la “institución peculiar”:
Los sentimientos de muchos esclavos libertos que se convirtieron en amos
eran muy ambiguos respecto a la esclavitud. No obstante de haber pasado años
en cautiverio, los libertos no guardaron sentimientos negativos respecto a sus an-
tiguos dueños y no mostraron señales de un rencor profundo hacia la institución
que los había esclavizado. Los antiguos esclavos que poseían propiedad humana
consideraban la esclavitud no como un sistema opresivo, sino como una necesi-
dad económica de la cual dependía su sustento.
55
Sí hay una diferencia marcada en la composición de los esclavistas
afroamericanos. Mientras que en Cuba o Brasil la posesión de esclavos era
un fenómeno global en todas las capas de la comunidad de color libre, los
54. Ira Berlin, Slaves without Masters. The Free Negro in the Antebellum South, p. 97.
55. Larry Koger, Black Slaveowners. Free Black Slave Owners in South Carolina, 1790-
1860, Jefferson/Londres, McFarland, 1985, p. 31. Traducción del autor.
Procesos 36, II semestre 201234
propietarios afrodescendientes en el sur de los Estados Unidos eran en su gran
mayoría completamente aculturados, mestizos y, muchas veces, hijos ilegíti-
mos de un padre blanco.
Surgió además otra diferencia como consecuencia de que algunos estados
del sur prohibieron la manumisión de los esclavos para obstruir el crecimiento
de la población de color libre. Esta disposición afectaba en principio tanto a
los propietarios blancos como a los afroamericanos, y puede ser considerada
como una limitación en el derecho de hacer con su propiedad lo que uno es-
time. Sin embargo, en la práctica significaba, sobre todo, que afroamericanos
libres ya no podían comprar la libertad de parientes, familiares o amigos. Lo
que sí se admitía adquirirlos como esclavos. De este modo proliferaban casos
en que pardos o negros libres se convirtieron en dueños formales de sus hijos
o padres, por la imposibilidad de dejarlos en libertad. Eran propietarios en
teoría y de ley, pero no en el sentido cabal de la palabra.
56
concLusión
Volviendo a los cuatro puntos de historia comparativa identificados al
principio de este ensayo, llama la atención que el sistema político más liberal
y democrático de la región, el de los Estados Unidos, en términos jurídicos
y sustanciales, discriminaba mucho más agudamente a la población afrodes-
cendiente frente a la población blanca que el colonialismo español en Cuba o
la monarquía constitucional en Brasil. Mientras en la época de la Revolución
americana predominaba todavía una convicción bastante liberal en cuanto a la
inclusión de los afroamericanos libres en la nación, la primera mitad del siglo
XIX observaba un proceso generalizado de privación de derechos. No cabe
duda de que no había otra región en América donde la posición de los libertos
fuera tan precaria como en los estados del sur. La diferencia entre los derechos
de los ciudadanos blancos y los no-ciudadanos ‘de color’ era abismal. Mientras
tanto en Brasil, tanto la Constitución como el código penal y diversas disposi-
ciones no hacían distinción según el color de la piel. Los afrobrasileños eran
considerados ciudadanos y, por lo tanto, tenían los mismos derechos que los
blancos.
Sin embargo, respecto al segundo nivel del análisis comparativo y la dife-
renciación necesaria entre teoría y práctica de la ley, hay que tomar en cuenta
56. Los primeros estudios sobre el fenómeno de esclavistas “negros” en los Estados
Unidos acentuaban esa forma de relación. Si la filantropía era realmente el motivo principal
para estos propietarios es un tema todavía en debate. Ver David I. Lightner, “Were African
American Slaveholders Benevolent or Exploitive? A Quantitative Approach”, en The Journal
of Southern History, No. 3, vol. 71, 2005, pp. 535-559.
Procesos 36, II semestre 2012 35
que en el Brasil monárquico la gran mayoría de la población vivía en el campo
como trabajadores dependientes de latifundistas que ejercían un control abso-
luto sobre sus vidas. Los estudios de Carvalho Franco y Mattos de Castro son
todavía los mejores sobre esas relaciones de dominio personal casi feudal.
57
Por lo tanto, no se debe de confundir la existencia de derechos ciudadanos
con la ausencia de discriminación o mejores condiciones de vida.
En cuanto al tercer cuestionamiento que coloca los distintos derechos ciu-
dadanos en el centro del análisis, es llamativo que el derecho a la propiedad,
incluida la propiedad humana, fuera el más estable y nunca puesto en tela
de juicio, ni siquiera en las condiciones más represivas. Mientras el sufragio,
la libertad de movimiento, el derecho a asociarse o llevar armas eran poten-
cialmente privilegios peligrosos, poseer esclavos era visto por las autoridades
y legisladores como la última prueba de respaldo al sistema. Un dueño de
esclavos difícilmente conspiraba contra el orden, el sistema económico y el
gobierno. Concederles el derecho a convertirse en esclavistas debe ser inter-
pretado de esta manera como una de las medidas más eficientes para contener
la conflictividad de la población afrodescendiente libre.
Finalmente, atendiendo las consecuencias de la abolición para la situación
de los afrodescendientes en las tres sociedades esclavistas, el carácter gradual
y paulatino de la misma implicó que ni en Brasil ni en Cuba la emancipación
de los esclavos trajo cambios sustanciales para los que ya habían estado li-
bres. Los respectivos gobiernos no emprendieron políticas de integración o de
aprendizaje de los derechos y las obligaciones ciudadanas. Por el contrario, el
masivo fomento de la inmigración blanca europea empujaba a las poblaciones
afrodescendientes a una posición cada vez más marginada. Por consiguiente,
no había procesos de expansión de los derechos ciudadanos. Mientras tanto,
en los Estados Unidos, las enmiendas 14 y 15 a la Constitución otorgadas en
1865 y 1868 no solamente eran garantías diseñadas para los esclavos libertos,
sino que elevaban sustancialmente la posición de los que ya eran libres. Du-
rante los años de la “reconstrucción”, cuando el gobierno federal emprendió
iniciativas para facilitar la integración de los libertos en el nuevo orden, los
libres de color aprovecharon sus experiencias y conocimientos para alcanzar
puestos políticos inalcanzables hasta entonces. La igualdad y la expansión
de derechos duraban poco tiempo y solamente se recuperaron con el movi-
miento de derechos civiles en la segunda mitad del siglo XX. Inmediatamente
después de la abolición, sin embargo, existió un espacio de tiempo durante el
57. María Sylvia Carvalho Franco, Homens livres na ordem escravocrata, Río de Janei-
ro, UNESP, 1997; Hebe María Mattos de Castro, Das cores do silêncio. Os significados da
liberdade no sudeste escravista. Brasil. Seculo XIX, Río de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995.
Procesos 36, II semestre 201236
cual los afroamericanos podían sentirse más ciudadanos que los afrocubanos
o afrobrasileños.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2012
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2012
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