RESUMEN
El artículo analiza el proceso de elaboración de la Constitución ecuatoriana de
1861, sus principales innovaciones y los debates que suscitó. Esta carta constitu-
cional amplió el sufragio y modificó la estructura administrativa territorial, y sus-
tituyó la división geográfica del Ecuador en departamentos por provincias.
También revisa los impactos regionales que produjo la nueva estructura admi-
nistrativa. Además, el estudio realiza una descripción de la coyuntura en que
ascendió Gabriel García Moreno a la jefatura del Estado ecuatoriano y las dis-
crepancias en torno a las libertades individuales, las políticas económicas y las
relaciones entre la Iglesia y el Estado católico.
P
ALABRAS CLAVE: Ecuador, siglo XIX, Constitución, Estado, Iglesia, autonomía regio-
nal, Revolución marcista, guerra civil, García Moreno.
ABSCTRACT
The article analyzes the process of drafting the Constitution of 1861, its major
innovations and controversies. The 1861 Constitution extended the franchise and
changed the territorial administrative structure replacing Ecuador’s “departamen-
tos” geographical division into provinces. It also reviews the regional impacts
that produced the new administrative structure. Moreover, the study makes a
description of the circumstances in which Gabriel García Moreno ascended to
the presidency of Ecuador and the disagreements over individual liberties, eco-
nomic policies and relations between the Catholic Church and State.
K
EY WORDS: Ecuador, Nineteenth Century, Constitution, State, Church, regional
autonomy, March Revolution, civil war, García Moreno.
LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA DE 1861:
EL DEBATE
Peter V. N. Henderson
Winona State University
N. del E.: Abreviaturas de las fuentes documentales utilizadas: Archivo Nacional
Histórico (ANH/Q); Banco Central del Ecuador, Fondo Jacinto Jijón y Caamaño
(BCE/FJJC); Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit (BEAEP).
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INTRODUCCIÓN
Ninguna otra Constitución ecuatoriana ha recibido más atención acadé-
mica que la de 1861, con la posible excepción de la que culminó la Re vo -
lución Liberal en 1895. Aunque los historiadores coinciden en que la
Constitución de 1861 establecía transformaciones, no existe ningún acuerdo
sobre el porqué. Los primeros historiadores norteamericanos se equivocaron
totalmente al asumir que, por haber escogido la asamblea a Gabriel García
Moreno como presidente, se había creado un gobierno centralizado y con-
servador.
1
Por el contrario, los historiadores ecuatorianos tenían más razón
al ver las reformas constitucionales como el resultado del cambio en las
influencias regionales. Manuel Medina Castro, por ejemplo, planteó (aunque
sin mucha evidencia) el importante papel que la burguesía rural de la costa
había tenido en la Carta, mientras Rafael Quintero argumentó (con bases
más sólidas) que el documento señaló la llegada al poder de los propieta-
rios serranos.
2
En un artículo reciente, el historiador Juan Maiguashca toma
una perspectiva más matizada, y destaca cuidadosamente las divisiones que
existían dentro de la élite de la sierra” y enfoca dos cuestiones políticas: la
definición decimonónica del sufragio universal y el problema de la repre-
sentación proporcional.
3
El presente artículo no solamente modificará algu-
nos de los argumentos ya mencionados, sino que explorará otras preguntas
constitucionales que la historiografía ha ignorado, pero que influirán en las
presidencias de García Moreno.
Los hombres que deliberaban en Quito creían que una nueva era había
nacido. La idea de un rompimiento con el pasado se encuentra en gran parte
de la correspondencia que generaron durante el año y medio previos a 1861.
Tal vez la intuición de una nueva era hizo que los participantes ordenaran
la publicación de las deliberaciones de la asamblea, cosa inédita para los
48
PROCESOS 30, II semestre 2009
1. Frank MacDonald Spindler, Nineteenth Century Ecuador: An Historical
Introduction, Fairfax, V. A., George Mason University Press, 1987, pp. 57-59.
2. Manuel Medina Castro, “Proceso evolutivo del electorado nacional”, en Enrique
Ayala Mora, edit, La historia del Ecuador, ensayos de interpretación, Quito, Corporación
Editora Nacional, 1985, pp. 310-325; Rafael Quintero, “El carácter de la estructura institu-
cional de representación política en el Estado ecuatoriano del siglo XIX”, en Revista
Ciencias Sociales, vol. II, Nos. 7-8.
3. Juan Maiguashca, “The Electoral Reforms of 1861 in Ecuador and the Rise of a New
Political Order”, en Eduardo Posada-Carbó, edit., Elections before Democracy: The History
of Elections in Europe and Latin America, London, University of London, 1996, pp. 87-115.
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procedimientos del siglo XIX.
4
En las décadas de 1850 y 1860 otras naciones
del hemisferio occidental reconocían también nuevas formas de gobernar.
En Argentina, por ejemplo, una rebelión liberal logró poner fin al largo régi-
men del caudillo Juan Manuel de Rosas, inaugurando un gobierno dedicado
a promover la modernización. En el norte, la república de Nueva Granada
emprendió un experimento radical con el federalismo, relegando mucha
soberanía a los gobiernos regionales. En los Estados Unidos, el gran con-
flicto entre los esclavistas y los propugnadores del cultivo libre finalmente se
resolvió en el campo de batalla. Conscientes de este contexto más amplio,
los grandes políticos ecuatorianos de la década de 1860 veían su propio
experimento gubernamental como parte del movimiento hemisférico hacia
un futuro mejor.
Quisiera dejar constancia de la metodología que utilizo en este artículo.
Originalmente, mi idea era seguir la estrategia innovadora que usó el histo-
riador Richard Sinkin en su análisis de la Asamblea Constitucional de México
en 1857; o sea, construir, en primer lugar, una biografía colectiva de los par-
ticipantes más importantes, y, de allí, analizar sistemáticamente las pautas de
sus votos.
5
Desafortunadamente, la naturaleza de los documentos hace muy
difícil construir la biografía colectiva (aunque incluiré algunos datos clave) e
imposibilita totalmente el análisis sistemático de los votos. Mientras Sinkin
descubrió que muchos de los delegados mexicanos eran de origen pobre o
provenían de la clase media, la mayoría de los asambleístas ecuatorianos en
1861 pertenecía a las élites regionales. Solo había algunas excepciones,
como el novelista Juan León Mera que logró escapar de la pobreza con la
ayuda de su tío Nicolás Martínez. Y el hecho de que los amanuenses ecua-
torianos no registraban los votos impedía un análisis cuantitativo. Sin embar-
go, los mismos debates nos pueden revelar mucho sobre las posiciones polí-
ticas de los delegados. En este articulo, entonces, llevaré a cabo un análisis
cualitativo de los argumentos de los participantes principales y ofreceré un
resumen general de las diferentes posiciones políticas.
49
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4. Los debates están en la biblioteca de la Universidad de Indiana, Diario de los tra-
bajos de la convención nacional reunida en la capital de la republica el año de 1861,
Quito, Imprenta del Gobierno, 1861. Los decretos están en ANH/Q, Serie Gobierno,
Pichincha, 1861.
5. Richard N. Sinkin, The Mexican Reform, 1855-1876: a study in Liberal Nation
Building, Austin, University of Texas Press, 1979.
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LA LLEGADA DE UNA NUEVA ERA
Como se sabe, el Ecuador empezó su historia independiente en 1830
como una república aristocrática. Por razones políticas, fue nombrado
“Ecuador” en reconocimiento de la línea meridiana que atraviesa el territo-
rio. Era de esperar que los líderes escogieran como presidente de la nueva
republica a Juan José Flores, discípulo de Simón Bolívar y héroe nacional de
la Independencia. Aunque Flores nació en Venezuela de orígenes humildes,
se casó luego con Mercedes Jijón, hija de una familia de la élite quiteña y
así aseguró su entrada en la alta sociedad ecuatoriana. Flores y su sucesor,
Vicente Rocafuerte, un liberal de Guayaquil, se alternaron en la Presidencia,
y así continuó la republica autocrática hasta 1845, cuando los rebeldes lla-
mados marcistas expulsaron finalmente a Flores. Con Flores en el exilio y
Rocafuerte muerto, una nueva generación de líderes asumió el mando de la
republica.
6
Hacia 1861 quedaban solamente dos hombres de la época de la
Independencia: el propio Flores y Pedro José Arteta, un político conserva-
dor quiteño. Por ser los más viejos y experimentados de la asamblea, Flores
y Arteta fueron llamados en seguida a ofrecer, o mejor dicho ellos mismos
ofrecieron, sus memorias históricas sobre los congresos constituyentes ante-
riores.
7
Ciertamente los marcistas se imaginaban a mismos como los repre-
sentantes de la época nueva. Emulando el ejemplo de la Revolución
Francesa, designaron el año 1845 como Año 1 de la era revolucionaria en
todos los documentos oficiales. Después de anular la última Constitución de
Flores, se sentaron a escribir su propia Carta Magna en 1845 (que luego
modificarían en 1851 y 1852). Sin embargo, a los ojos de muchos, el idea-
lismo liberal de los marcistas dio un paso atrás cuando el general José María
Urbina tomó las riendas del poder en 1852. Aunque Urbina y su sucesor mili-
tar, el general Francisco Robles, llevaron a cabo algunas reformas liberales,
parecía claro que sus gobiernos favorecían a los soldados y los políticos de
la costa. Ninguna de sus dos principales reformas la abolición de la escla-
vitud y la supresión del tributo indiano– afectó mucho a las élites propieta-
rias; pues aquella incluía una buena compensación para los esclavistas y esta
quitó un gran peso a los propietarios de la sierra que detestaban ser recau-
50
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6. Mark Van Aken, King of the Night: Juan José Flores and Ecuador, Berkeley,
University of California Press, 1989, p. 7 (trad. cast.: El rey de la noche. Juan José Flores y
el Ecuador. 1824-1864, Quito, Banco Central del Ecuador, 1994). José Tobar Donoso,
“Pedro José Arteta”, en Monografías históricas, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1937.
7. Ídem.
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dadores de impuestos del gobierno. No obstante, la postura básicamente
hostil de los militares reformistas enajenaba a las élites de otras regiones del
país como la Sierra del centro norte, el sur lejano (Loja) y la Sierra del sur
(Azuay).
8
Y si bien las reformas pusieron fin a la vieja división colonial del
territorio en dos repúblicas (una de españoles y otra de indios) y crearon en
su lugar una sola nación de ciudadanos ecuatorianos, también causaron una
falta enorme de ingresos para el gobierno; falta que seguía siendo un grave
problema en 1861. Peor aún, las reformas empezaron una larga tradición de
dependencia casi total en los impuestos indirectos (como los derechos de
aduana), dejando al Estado ecuatoriano con una carencia aguda y perma-
nente de fondos.
Hacia 1858 el gobierno reformista de los militares se desmoronaba.
Específicamente, el presidente Robles había tramado un plan para cancelar
gran parte de la deuda externa otorgando tierras en el Oriente a los tene-
dores de bonos británicos. A estos, que habían luchado en vano por casi tres
décadas para cobrar sus préstamos, la solución les parecía muy interesante,
pues soñaban con las historias de exuberancia amazónica narradas por el
naturalista Richard Spruce y por otros botánicos que habían visitado la parte
oriental del Ecuador. Sin embargo, el presidente del Perú, mariscal Ramón
Castilla, protestó reclamando que las tierras demarcadas en la propuesta per-
tenecían al Perú y no al Ecuador. En realidad, ninguno de los países sabía
esto a ciencia cierta. Los límites fronterizos, mal definidos desde tiempos
coloniales, serán motivo de conflicto entre las dos naciones hasta finales del
siglo XX. En el caso en cuestión, Castilla aprovechó la oportunidad para ser
el agresor. Seguramente había puesto sus miras en el sur del Ecuador, y
quizá también en la ciudad de Guayaquil con sus astilleros (aunque el Perú
no tenía facilidades para construir barcos, Castilla anhelaba convertir al Perú
en una potencia naval del Pacífico). Además, Castilla odiaba a Robles por
apoyar a un rival suyo en un atentado fallido de expulsar al dictador perua-
no. No era de sorprender, entonces, que Castilla llegara a un acuerdo con
Tomás Cipriano de Mosquera, caudillo del sur de Nueva Granada, para des-
membrar al Ecuador; acuerdo que hubiera terminado en lo que un historia-
dor llama la balcanización del país.
9
Como primera maniobra, Castilla orde-
el bloqueo de la bahía de Guayaquil en octubre de 1858.
51
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8. Derek Williams, “Popular Liberalism and Indian Servitude: The Making and
Unmaking of Ecuador’s Anti-Landlord State, 1845-1868”, en Hispanic American Historical
Review (HAHR), vol. 83, No. 4, nov. 2003, pp. 697-733.
9. Jorge W. Villacrés Moscoso, Historia diplomática de la república del Ecuador, t. III,
Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 1972, pp. 16-18.
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La respuesta de Robles fue transferir la sede de la capital a Riobamba y
buscar fondos para la guerra, pidiendo permiso al Congreso para contratar
un nuevo préstamo extranjero. Estas peticiones animaron a sus opositores,
ahora asentados en el Congreso. Dos senadores, el conservador Gabriel
García Moreno de Quito y el liberal Pedro Carbo de Guayaquil, levantaron
sus voces en protesta ante estas medidas. Entonces Robles tomó medidas
enérgicas contra ellos, cerrando el Congreso y enviando a sus opositores al
exilio. Aunque pensaba mandar a García Moreno a Europa, éste escapó pri-
mero a Paita, Perú. La situación continuó agudizándose a principios de 1859
mientras la diplomacia se estancaba. Aunque algunos militares desertaban,
Robles logró mantener unida su coalición hasta el 1 de mayo de 1859, cuan-
do en Quito estalló una rebelión.
10
Es claro que la rebelión de mayo no fue conservadora. A pesar de los
esfuerzos de muchos historiadores que han tratado de presentarla así, proba-
blemente debido al papel prominente que Gabriel García Moreno tuvo en
estos acontecimientos. Al principio de la rebelión, sin embargo, él era solo uno
de los principales protagonistas, varios de los cuales se alternaban en el gobier-
no como miembros de un triunvirato. Algunos eran marcistas desilusionados,
incluyendo (entre los delegados de 1861) al mismo García Moreno y Manuel
mez de la Torre. Otro marcista conocido era Roberto de Ascásubi, cuñado
de García Moreno y secretario del “Gobierno Provisional” del 1 de mayo. La
popularidad de la rebelión se difundió por toda la Sierra gracias a la virulen-
cia de un lenguaje al estilo de la Revolución Francesa. Los oficiales de Robles
fueron reemplazados por líderes locales cuya eleccn popular fue vista como
“la voluntad del pueblo”. Tanto los gobernadores, como miembros de los con-
cejos municipales, así como los jefes políticos fueron receptivos a la “voluntad
popular”.
11
A pesar del apoyo popular que los revolucionarios de mayo pudie-
ron haber disfrutado, Robles todavía contaba con el apoyo del ejercito, permi-
tiéndole derrotar a García Moreno en la batalla de Tumbuco y desbaratar el
Gobierno Provisional en el verano de 1859. Pero la voluntad popular no se
podía negar, y, en septiembre, el renaciente Gobierno Provisional retoel
control del centro y norte de la Sierra. Seguidamente, en el mismo mes, el
general Guillermo Franco se volvió en contra de sus antiguos colegas, exilió a
Robles y a Urbina y tomó control de la ciudad de Guayaquil y sus alrededo-
res, incluyendo la provincia de Manabí.
52
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10. Peter V. N. Henderson, Gabriel García Moreno and Conservative State Formation
in the Andes, Austin, University of Texas Press, 2008, pp. 34-38.
11. “Bernardo Dávalos a Roberto de Ascásubi, 11 de mayo, 1859”, en ANH/Q, Serie
Gobierno, Chimborazo, 1854, No. 12; “Ascásubi al gobernador de León, 18 y 20 de mayo,
1859”, en ANH/Q, Serie Gobierno, León, Comunicaciones, Nos. 11 y 14.
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Hubo otras dos rebeliones en el otoño de 1859. Un movimiento en
Cuenca, encabezado por Mariano Cuenca y los hermanos Borrero (Antonio
y Ramón), ocupó la capital provincial y expulsó a los oficiales que habían
apoyado a Robles y Urbina. El nuevo gobierno en Cuenca buscaba mante-
ner su autonomía, adhiriéndose al Gobierno Provisional de Quito solamen-
te de manera limitada. Sin embargo, después de exiliar a Robles y Urbina,
Guillermo Franco envió tropas a Cuenca y logró establecer su autoridad en
casi toda la provincia. Del mismo modo, la provincia rebelde de Loja, bajo
el mando de su caudillo Manuel Carrión Pinzano, declaró su autonomía. Por
su ubicación remota (a ocho días de Cuenca y bastante lejos del Perú) y su
relativa poca importancia, Loja tuvo la suerte de evitar un conflicto armado
en 1859-1860. La nueva “republica” autónoma logró aun crear nuevos can-
tones y promulgar una serie de medidas típicas de un Estado soberano. Al
mariscal Castilla le fastidiaban todos estos eventos hasta el punto de mandar
su numeroso ejército a Guayaquil, establecerse en una hacienda en las afue-
ras de la ciudad e insistir en que las diferentes facciones ecuatorianas se
reconcilien y negocien con él sobre los límites fronterizos. El 25 de enero de
1860, bajo mucha presión política para volver al Perú, Castilla convenció al
general Franco para que firmara el oneroso Tratado de Mapasingue, conce-
diendo al Perú las tierras en cuestión a cambio de su apoyo militar.
Concluidas las negociaciones, Castilla salió para el Callao.
EI Tratado de Mapasingue era el mecanismo que permitiría a García
Moreno y al Gobierno Provisional alzar la bandera nacional, identificar a
Franco como traidor y cambiar el curso de la guerra civil. Pocos ecuatoria-
nos sabían en ese momento que García Moreno también había comprome-
tido la soberanía nacional, tramando un plan llamado “Trinite” con Napoleón
III que hubiera establecido un protectorado francés sobre el Ecuador. En
Azuay, el grupo anti-Franco recobró fuerzas y expulsó a la pequeña guarni-
ción militar de Cuenca. Aprovechando el momento y prescindiendo de sus
obligaciones de Semana Santa en Quito, García Moreno cabalgó al sur para
dialogar con los rebeldes de Cuenca, y, sobre todo, con los Borrero (a quie-
nes conocía desde la universidad de Quito). Llegaron a un acuerdo para
apoyar juntos al Gobierno Provisional hasta el final de la guerra. De allí
García Moreno se dirigió otra vez al sur para reunirse con Carrión Pinzano.
Éste accedió a contribuir mensualmente con un contingente de hombres y
dinero para la guerra y adherirse a los principios del Gobierno Provisional.
Por su parte, después de recurrir a amenazas y adulaciones e insistir en la
necesidad de unirse las provincias en un frente común contra el traidor
Franco, García Moreno fue forzado a reconocer la autonomía de Loja.
Con el poder de Franco limitado a las provincias costeñas y la provincia
de Bolívar, el Gobierno Provisional concentró sus esfuerzos en derrocar lo
53
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que quedaba del ejército federal. Dos de los generales más importantes
(Secundino Darquea, que pronto sería delegado de Guayaquil, y el excén-
trico Manuel Tomás Maldonado) ya habían desertado y compartían sus cono-
cimientos militares con el voluntario Bernardo Dávalos, quien luego sería
delegado de Chimborazo. A pesar de estas deserciones, el resultado final no
quedó claro hasta que García Moreno reclutó al exiliado Juan José Flores,
fácilmente el mejor estratega de todas las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La
guerra avanzó rápidamente una vez que Flores llegó en mayo de 1860.
García Moreno se volvió Comisario Ordenador del nuevo ejército, prove-
yendo comida, uniformes y dinero a las tropas y supervisando la producción
de municiones. Las fuerzas rebeldes rodearon la ciudad de Guayaquil, que
cayó el 24 de septiembre de 1860. La guerra civil, una de las dos más largas
del siglo XIX, había terminado por fin con la victoria del Gobierno
Provisional.
12
Los triunfadores eran una coalición política de regiones que
desconfiaban entre sí, cada una ansiosa de guardar los privilegios y princi-
pios por los que había peleado. Los grupos regionales entonces eligieron
delegados a una asamblea constitucional cuyas deliberaciones supuesta-
mente empezarían en enero de 1861 en Quito.
DEFENDIENDO LA AUTONOMÍA REGIONAL
O LA CENTRALIZACIÓN DEL
ESTADO
Por supuesto, lo que más preocupaba a los hombres que discutían la
Constitución de 1861 era las teorías políticas y sus aplicaciones prácticas. No
es de sorprender que más de tres cuartos de las deliberaciones se centraran
en dos cuestiones políticas, sobre las cuales el historiador Juan Maiguashca
ha escrito acertadamente; según él, tras prolongados debates, la asamblea
finalmente apoyó los dos decretos introducidos por García Moreno: uno que
garantizaba el sufragio a todo hombre que supiese leer y escribir; y el otro
que convertía la estructura colonial de departamentos en un sistema de pro-
vincias. Estas dos reformas darían pruebas de que la Revolución de Mayo
había sido para realizar “la voluntad del pueblo”. Habría largos debates
sobre si crear un Estado centralizado (como querían los militares Flores y
Pedro José Arteta) o un sistema federal del tipo que estaba de moda y que
había triunfado en Colombia y Argentina. Como era de esperar, esta opción
atraía sobre todo a los representantes de la Sierra del sur como el vicepresi-
dente Mariano Cueva, Ramón Borrero y otros líderes de Loja. Igual que en
54
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12. Peter V. N. Henderson, García Moreno…, pp. 38-55; Wilfrido Loor, La victoria de
Guayaquil, Quito, La Prensa Católica, 1960.
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otras asambleas constitucionales en América Latina, los federalistas ecuato-
rianos emplearon dos estrategias para lograr su objetivo: dar a los gobiernos
provinciales los poderes suficientes para asegurar su autonomía regional y
quitarle poder a la Presidencia en tal grado que el ejecutivo se encontraría
limitado por un sistema administrativo que no podía dominar.
13
Los desafíos a la autoridad presidencial empezaron en seguida. Después
de la derrota de Franco en septiembre, García Moreno usó el nombre del
Gobierno Provisional para promulgar varios decretos como si fuera presi-
dente –una acción típica de revolucionarios una vez en el poder–. Además
de sus medidas políticas ya mencionadas, García Moreno repartió premios
y honores. Le devolvió al general Flores todas las propiedades que le habí-
an sido confiscadas y promovió a los oficiales que se habían distinguido en
la guerra contra Franco. Echó los cimientos de un Estado conservador al
mandar un enviado al papa Pío IX para negociar un concordato. Sin embar-
go, para disgusto de García Moreno, la Asamblea Constitucional se enreda-
ba cada día en debates sobre aprobar o no esos decretos. Ninguna asam-
blea previa había siquiera cuestionado los deseos de un presidente provi-
sional, pero ésta estaba resuelta a establecer la supremacía del Poder
Legislativo sobre el Ejecutivo. Por ejemplo, la asamblea revouna parte del
decreto que le devolvió al general Flores su propiedad, obligando a su fami-
lia a litigar sobre el asunto. García Moreno se enfurecía con la mala volun-
tad de los delegados a aprobar automáticamente sus decretos. “Tengo
muchos motivos para renunciar”, afirmó.
14
Pero el vicepresidente Cueva le
contestó que: “las actas del presidente son sujetas a previa aprobación de
los representantes del pueblo”.
15
Aunque la asamblea logró cuestionar los
decretos ejecutivos de García Moreno, a final de cuentas no podía crear un
gobierno dominado por la legislatura, como pretendieron hacer los libera-
les mexicanos en 1857. Fracasaban los intentos de tener un sistema unica-
meral en vez del sistema bicameral más conservador. Tampoco se instituía
el requisito de que el congreso se reuniera cada año, a pesar del argumen-
to de que “una hacienda se gobierna mejor cuando el dueño está presen-
te.” Nombrar a los miembros del Consejo del Estado seguía siendo la pre-
rrogativa del presidente y no de la legislatura. Pero el Congreso obtuvo
control de la bolsa, el derecho exclusivo de declarar la guerra y el privile-
55
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13. Juan Maiguashca, “The Electoral Reforms of 1861…”, pp. 101-105. “Decreto de
García Moreno, 26 de octubre, 1860”, en ANH, Serie Gobierno, Pichincha, 1860, No. 35.
14. “Decreto de García Moreno”, en BCE/FJJC, libro 01459, No 5; García Moreno a
Flores, 6 de febrero, 1861, BCE/FJJC, libro 00157, No. 227; Flores a García Moreno, 16 de
enero, 1861, en BEAEP, rollo 35.
15. “Oración de Mariano Cueva”, en Diario…, p. 23; “Oración de Felipe Serrade”, en
ídem, p. 210.
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gio de nombrar a los jueces de la Corte Suprema, en cada caso invadiendo
un área tradicional de influencia ejecutiva.
16
En general, la lucha para la autonomía provincial solo tuvo un éxito
moderado, a pesar del gran esfuerzo de los delegados de Cuenca y Loja.
17
Al principio, éstos querían crear legislaturas provinciales poderosas (como
sus colegas en Nueva Granada) y elegir a los gobernadores, jefes políticos y
tenientes en vez de dejar que el presidente los nombrara. Al fracasar la idea
de las legislaturas provinciales, los defensores de la autonomía provincial
ganaron una ventaja inicial en los debates sobre la elección de los goberna-
dores. Muchos delegados aceptaron el argumento de que unas elecciones
continuas ayudarían a realizar la voluntad del pueblo. Pero poco a poco
Flores, Arteta y otros persuadieron a los delegados para que cambiaran de
opinión. Aquellos razonaban que, aunque la Constitución ordenaba la elec-
ción eventual de gobernadores, el “mientras tanto” no especificado permitía
que el presidente los nombrara en el ínterin. ¿Por qué cambiaron de opinión
los delegados? Tiene que ver sobre todo con tres factores. Primero, García
Moreno resistió las versiones “monstruosas” de los artículos 101, 102 y 103
que “atarían mis manos y terminarían en el desorden, la anarquía, la sangre
y la miseria; en fin, los contenidos de la Caja de Pandora.”
18
En segundo
lugar, Flores dominó la discusión en el Congreso sobre estos artículos y
parece haber convencido a muchos ofreciendo ejemplos del federalismo fra-
casado de otras partes de América Latina, sobre todo en Nueva Granada
donde se vivía en ese momento lo que el historiador James Sanders ha lla-
mado “un republicanismo contencioso”.
19
Finalmente, y quizá de igual
importancia, los que querían más autonomía regional solamente podían
alcanzarla por medio de medidas legislativas que crearan una estructura
administrativa capaz de resistir los intentos de García Moreno de centralizar
el gobierno nacional.
Dos ejemplos son suficientes. Hoy se reconoce a García Moreno más
que nada por sus esfuerzos por crear un sistema de educación pública que
impartiría los valores básicos de alfabetización y cristianismo a los jóvenes
56
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16. Ramiro Borja y Borja, Las constituciones del Ecuador, Madrid, Cultura Hispánica,
1951; Diario…, Oración de Francisco Eugenio Tamariz, p. 341.
17. “Miguel Heredia a Flores, 16 de enero, 1861”, en BCE/FJJC, libro 000157; No. 55;
“Luis Malo a Flores, 16 de enero, 1861”, en BCE/FJJC, libro 00015, No. 56.
18. “García Moreno a Felipe Serrade, 15 de febrero, 1861”, en Wilfrido Loor, edit,
Cartas de Gabriel García Moreno, t. II, Quito, La Prensa Católica, 1956, p. 370; “García
Moreno a Flores 23 de febrero, 1861”, en BCE/FJJC, libro 000157, No. 220.
19. “García Moreno a Flores, 6 de marzo, 1861”, en BCE/FJJC, libro 000158, No. 7;
James E. Sanders, Contentious Republicans: Popular Politics, Race and Class in Nineteeth
Century Colombia, Durham, Duke University Press, 2004.
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del país y también por crear el sistema moderno de transporte, especial-
mente la gran carretera garciana que conectó Quito con Guayaquil. Los auto-
nomistas llegaron a bloquear estos dos proyectos en 1861. Primero estable-
cieron Consejos Provinciales de Educación para supervisar las escuelas pri-
marias y secundarias en cada provincia. Aunque estos consejos tenían que
contratar inspectores y escribir reportes regulares para garantizar la calidad
de la educación, casi nada de eso ocurrió entre 1861 y 1869, para disgusto
de García Moreno. En segundo lugar, el congreso reestableció el viejo siste-
ma colonial de municipalidades fuertes y autónomas que no estaban sujetas
a la autoridad presidencial. En particular, el congreso designó las entradas
de la renta local, llamada trabajo subsidiario, a las cajas municipales. Aunque
García Moreno quería usar estos ingresos para construir nuevas carreteras,
varias municipalidades, incluida la de Guayaquil, rehusaron entregar sus
ingresos al proyecto. EI programa de obras publicas avanzaba lentamente
debido a varios problemas, entre ellos la escasez de fondos, y tuvo un éxito
bastante limitado hasta 1869.
20
En fin, hay que ver la Constitución de 1861 como un compromiso polí-
tico que dio lugar a un sistema administrativo más o menos conservador
pero con algunas tendencias liberales. Ciertamente, liberalizó el electorado.
Sin embargo, el compromiso administrativo resultó difícil de manejar. Las éli-
tes de la Sierra sur, y sobre todo las de Cuenca, se desilusionaron. Antonio
Borrerro hasta rehusó el puesto de vicepresidente cuando se lo ofrecieron
en 1863. El mismo García Moreno se quejó de la situación. Supuestamente
les dijo a sus amigos: “Me han elegido presidente pero ataron mis manos.
Yo las desataré”. Se comparó a sí mismo con el Sansón bíblico cuyos pode-
res fueron limitados por Dalila. Añadió que “la Constitución es una trampa
que pusieron en mi camino, pero si tengo que escoger entre salvar a la
nación o sacrificar la Constitución, no vacilaré en escoger al país”.
21
No obs-
tante lo interesante de este debate entre las opiniones liberales y conserva-
doras acerca del Estado, no era éste el único tema en la asamblea de 1861.
Ahora examinaré algunos otros debates entre los delegados y lo que nos
pueden revelar sobre el naciente Estado ecuatoriano.
Históricamente, la razón para mantener débil al Poder Ejecutivo era pre-
servar las libertades individuales. No es de sorprender, entonces, que los
delegados de la asamblea deliberaran largamente los artículos 121 y 131 que
57
PROCESOS 30, II semestre 2009
20. Peter V. N. Henderson, García Moreno…, pp. 79-80; “Ley de Municipios, 4 de
junio, 1861”, en AHN/Q, Serie Gobierno Pichincha, s.n.
21. “García Moreno a Antonio Borrero, 23 de febrero, 1861”, en Wilfrido Loor, Cartas
de Gabriel García Moreno, t. II, pp. 374-375; “García Moreno a Serrade, 15 de febrero,
1861”, en ídem, p. 370.
01.Estudios:02.rubio/E 7/8/10 10:17 AM Page 57
trataban sobre estos temas. Primero, discutían los límites de las libertades de
expresión y de prensa. Juan León Mera defendió la sociedad enteramente
abierta: “Como principio republicano, no debe haber límites a la libertad de
pensamiento que garantiza la democracia”, pero su moción no encontró
ningún apoyo. En términos más circunscritos, Felipe Serrade habló de la
necesidad de modernizar la definición de la difamación. Tradicionalmente
en casos de difamación al gobierno, los castigados eran los que publicaban
las palabras injuriosas y no los que las habían escrito en primer lugar.
Serrade, como promotor de la expresión responsable, defendió la idea de
castigar también a los autores. Aunque su argumento contra los panfletos
incendiarios convenció a varios delegados, prevaleció la posición más
moderada y tradicional de la Constitución de 1852.
22
Después, los delega-
dos discutieron la delicada cuestión de si el gobierno podía obligar a los ciu-
dadanos a hospedar a los soldados en sus casas. Aunque prohibida esta
práctica por las constituciones anteriores, se recurrió a ella durante la recien-
te guerra civil. Para cuidar de sus 3.000 soldados armados, razonó el gene-
ral Flores, no había opción; no podían dejarlos en campo abierto expuestos
a los elementos de la naturaleza. A pesar de su argumento, la prohibición
se mantuvo en la nueva Constitución. Al mismo tiempo, parece que los
delegados tácitamente aceptaron que, en casos de emergencia, algunas vio-
laciones ocurrirían.
23
Ninguna cuestión sobre las libertades causó tanta controversia como la
de suprimir o no la pena de muerte en casos de rebelión u otros crímenes
políticos”. García Moreno estaba muy decidido en esto, diciendo que “tene-
mos que poner un ejemplo terrible” para que “los malhechores” se absten-
gan de rebelarse. Oponiéndose a la clemencia automática que se daba antes
de 1861, García Moreno demandó que los conspiradores aparecieran ante un
tribunal militar porque, de otra forma, “no tendrían nada que temer”.
24
Pero
los otros delegados se opusieron a esta táctica draconiana. Muchos querían
suprimir completamente la pena de muerte. Mera se mantuvo en que solo
Dios podría administrar la justicia final; otros mencionaron la posibilidad de
errores judiciales y la necesidad de concentrarse en la rehabilitación.
Mientras tanto, los proponentes defendían la pena de muerte como un fac-
tor disuasivo en la historia desde el tiempo de los griegos. Todavía más con-
vincente era el argumento adelantado por algunos delegados (Miguel
58
PROCESOS 30, II semestre 2009
22. “Oración de Juan León Mera”, en Diario… pp. 426-427; “Oración de Felipe
Serrade”, en ídem, pp. 427-434.
23. Oraciones de Tamariz, Flores, y Secundino Darquea”, en ídem, pp. 439-442.
24. “García Moreno a Flores, 2 de enero, 1861”, en BCE/FJJC, libro 000157, No. 5;
“García Moreno a Flores, 9 de enero, 1861”, en BCE/FJJC, libro 000157, No. 8.
01.Estudios:02.rubio/E 7/8/10 10:17 AM Page 58
Albornoz, Juan Aguirre y el cura Tomás Noboa) de que todas las naciones
civilizadas, incluyendo los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, habían
conservado la pena de muerte pese a tener modernas penitenciarías.
2
5
Al
final, la Constitución mantuvo su postura tradicional al prohibir la pena de
muerte por crímenes políticos, a pesar de las amenazas de García Moreno
sobre la anarquía que vendría. Como bien se sabe, él violó esta disposición
de la Constitución durante su primera presidencia (con las ejecuciones del
general Tomás Maldonado y los rebeldes en Jambelí), provocando la cólera
de los grupos liberales. No obstante, lo cierto es que los autores de la
Constitución intentaban debilitar la presidencia por medio de la reafirmación
de las libertades tradicionales del ciudadano.
El lenguaje liberal también se infiltraba en los debates sobre la política
económica en la Asamblea Constituyente. Los liberales creían que los meca-
nismos del mercado liberarían el comercio y traerían la prosperidad donde
antes había solo pobreza. Creían que, con el capital y la tecnología extran-
jera, la nación progresaría y entraría en la edad moderna; es más, que la
modernización reinventaría la nación. Nuevos productos de exportación
trae rían prosperidad a regiones económicamente deprimidas, y los inmi-
grantes proveerían nuevos valores a los indígenas. Aunque los proyectos de
modernización se emprendieron de verdad solamente durante la segunda
presidencia de García Moreno (1869-1875), ya para la Convención de 1861
muchas de las ideas estaban presentes. Ningún artículo de la Constitución
trataba específicamente estos asuntos, pero la Asamblea los discutía conti-
nuamente como parte de su papel legislativo.
Desde temprano, los delegados se ocupaban con el problema de recu-
perar los ingresos perdidos con la supresión en 1857 del tributo indiano, la
segunda fuente de ingresos más importante para la tesorería federal. Todos,
hasta los delegados de la sierra, coincidían en que esta pérdida se justificó
por los beneficios realizados (la destrucción del sistema colonial de dos
republicas, el reconocimiento de todo ecuatoriano como ciudadano y la
demolición de barreras feudales). Sin embargo, en 1861, hacían falta los
ingresos. Nadie quería reestablecer el tributo (como había pasado en el
Perú), pero la asamblea consideraba algunas alternativas. Francisco Tamariz
propuso la medida colonial de monopolizar la producción de la sal, pero
había mucha oposición. Además del alto costo y las posibilidades del fraca-
so, los opositores hicieron notar el alza de precios que el monopolio impli-
caría para los consumidores y los daños que causaría a los intereses de los
empresarios privados (mineros, arrieros y vendedores) cuyas ganancias
59
PROCESOS 30, II semestre 2009
25. “Oraciones de Mera, Miguel Albornoz, Tomas Noboa y Napoleón Aguirre”, en
Diario…, pp. 442-452.
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dependían de la libre producción de sal. Miguel Albornoz se opuso al mono-
polio por principio y se declaró en favor del libre comercio.
26
Al final de
cuentas, el gobierno continuaría su política de libre comercio, incluyendo el
rechazo de los impuestos directos, hasta el siglo XXI. Durante la época de
García Moreno y durante todos los años que dominó el Partido Liberal
(1895-1944), el gobierno dependía de los aranceles y otros impuestos indi-
rectos.
Solamente cuando el país ampliaba el rango de productos que ofrecía y
aumentaba la exportación de cacao, podrían subir los ingresos disponibles
y así permitir que el gobierno gastara más a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX.
27
Pero durante el gobierno garciano, el cacao todavía no domi-
naba la exportación; en su lugar había una variedad de productos primarios,
tanto agrícolas como forestales, incluyendo cinchona, tagua (para hacer
botones de ropa), pieles, café y otros. Los sombreros de paja toquilla, mal
conocidos como sombreros panameños, se habían puesto muy de moda en
Europa y los Estados Unidos. Para aumentar sus ingresos, el gobierno recu-
rría a unos aranceles moderados sobre estos productos, pero por lo demás,
se aferraba a la doctrina de libre comercio. Hubo bastante discusión en la
asamblea de 1861 sobre esta excepción a la política general. Con un discur-
so apasionado, el delegado Tamariz logró que se prohibiera la exportación
de la semilla de cinchona.
28
Señaló que los británicos habían importado
plantas exóticas de Sudamérica, cultivándolas en Kew Gardens, luego tras-
plantándolas en sus colonias asiáticas (el árbol del caucho es el ejemplo más
destacado), socavando aa los productores originales de Sudamérica.
Los delegados también creían que los proyectos de modernización
dependían de la llegada de inmigrantes al país. Muchas naciones en
Sudamérica –Argentina, Chile y Brasil– y obviamente los Estados Unidos y
Canadá, habían prosperado gracias al trabajo y el ingenio de sus inmigran-
tes. Los delegados ecuatorianos de 1861 también soñaban con dar la bien-
venida a inmigrantes “respetables”. De ahí que secundaron el lenguaje de la
Constitución de 1852 que había permitido que los extranjeros se volvieran
ciudadanos naturalizados si eran científicos, inversionistas con capital, o
gente con alguna habilidad especial u oficio útil. El diputado Toribio Mora
de Loja quiso extender los criterios, quizá creyendo que muchos de los
60
PROCESOS 30, II semestre 2009
26. Oraciones de Cueva, Mora, Albornoz y Tamariz”, en ídem, pp. 40-44; Mark Van
Aken, “The Lingering Death of Indian Tribute in Ecuador, 1857”, en HAHR, vol. 61, No. 3,
agosto 1981, pp. 429-460.
27. Linda Alexander Rodríguez, The Search for Public Policy; Regional Politics and
Government Finances in Ecuador, 1830-1940, Berkeley, University of California Press,
1985.
28. Oración de Tamariz”, en Diario…, pp. 487-488.
01.Estudios:02.rubio/E 7/8/10 10:17 AM Page 60
beneficios que disfrutaban los países con políticas pro-inmigrantes se ha bían
incrementado con las multitudes de trabajadores no especializados que lle-
gaban a América buscando tierras y oportunidades. Sin embargo, la moción
de Mora fracasó.
2
9
La inmigración al Ecuador enfrentaría otro obstáculo
importante: la religión. El dictado de la Constitución que prohibía cualquier
religión que no fuera el Catolicismo Romano era una barrera insuperable a
los pocos protestantes que hubieran pensado establecerse en los Andes.
Otro elemento necesario para liberar las energías empresariales de la
nación era un mejor sistema de transporte. Por eso, los delegados aproba-
ron el plan de García Moreno para construir una nueva y moderna carrete-
ra entre Quito y Guayaquil, autorizándolo para contratar a un ingeniero
extranjero como diseñador del proyecto. Eventualmente, Sebastián Wisse, un
científico francés, mentor de García Moreno y que había llegado por prime-
ra vez al Ecuador durante la administración del general Flores, aceptó el tra-
bajo. La carretera avanzó lentamente durante la primera presidencia de
García Moreno, pero surgieron varias controversias sobre las finanzas del
proyecto. Como ya anoté, cuando García Moreno pretendió usar los ingre-
sos del trabajo subsidiario para construir los caminos, los líderes provincia-
les se opusieron vigorosamente. Vicente Cuesta de Cuenca, por ejemplo,
reclamó el derecho de las provincias al control exclusivo sobre sus caminos,
escuelas y cárceles. Mientras la Constitución de 1861 estaba vigente, esta dis-
puta causaba estragos. García Moreno logró convencer a algunos goberna-
dores aliados de que le mandaran voluntariamente los ingresos del trabajo
subsidiario. Pero otros gobernadores, como los de Cuenca y Guayas, se
resistieron a hacerlo.
30
En cuanto al desarrollo económico, los delegados
actuaban con moderación, generalmente apoyando las iniciativas de García
Moreno. En ese sentido, se puede considerar la Constitución de 1861 como
documento conservador solo en cuanto a sus ideas religiosas y educativas,
que ahora conviene examinar.
LA IGLESIA Y EL ESTADO CATÓLICO
Aunque los liberales y conservadores del siglo XIX podían eventual-
mente llegar a algunos acuerdos sobre la economía y los poderes del Estado,
las facciones se mantenían totalmente divididas sobre el papel de la Iglesia.
En ese sentido, para entender la ideología que servía de base para la Cons -
61
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29. “Oraciones de Mora, Cueva, Borrero y Serrade”, en ídem, pp. 160-161.
30. “Oraciones de Vicente Cuesta”, en ídem, pp. 156, 267; Peter V. N. Henderson,
García Moreno…, pp. 83-85.
01.Estudios:02.rubio/E 7/8/10 10:17 AM Page 61
titución de 1861, es útil examinar las posiciones frente a la Iglesia. Varios po -
le mistas han insistido durante años en que García Moreno pretendía crear
un Estado teocrático en 1861 en el cual la Iglesia dominaría el poder secu-
lar como en la época medieval. En cambio, estudios más recientes han pre-
sentado al régimen garciano como un Estado que usaba la fe católica como
cimiento para unificar a una población dividida por la geografía, el idioma
y la etnicidad.
31
Sin embargo, hacia 1861, la mayoría de los liberales eran
católicos devotos que querían reducir el poder temporal de la Iglesia sin
interferir en las actividades y creencias religiosas.
Los delegados se centraban en primer lugar en los asuntos eclesiásticos
más pragmáticos, y en particular en el nombramiento de las tres sedes epis-
copales vacantes. Probablemente los militares al mando del gobierno liberal
en la década de 1850 veían en estas vacantes una oportunidad de ahorro;
pues, sin titulares, el dinero para los salarios se quedaba en manos del Es -
ta do. Hasta ese momento, en el Ecuador como en todas las otras republicas
latinoamericanas, el poder colonial de nombramiento eclesiástico, o el real
patronato, había recaído sobre el Estado republicano (García Moreno trata-
ba en vano de renunciar a este derecho). Entonces, la asamblea designó
rápidamente a tres personas para las sedes vacantes: José María Riofrío como
arzobispo de Quito, Remigio Esteves Toral como obispo de Cuenca y José
Tomás Aguirre como obispo de Guayaquil. García Moreno estaba en contra
de estos candidatos, considerándolos como meros nombramientos políticos
que carecían de las competencias necesarias. Le preocupaba especialmente
el arzobispo Riofrío, “demasiado débil para administrar siquiera un monas-
terio”. García Moreno temía (y no sin razón) que Riofrío no estuviera dis-
puesto a llevar a cabo las reformas que aquél impulsaba. La designación del
obispo Toral era otra maniobra política. Su tío era Benigno Malo, un políti-
co conocido y poderoso de Cuenca que si no estaba en la convención era
solo porque realizaba en ese momento una misión diplomática en Lima.
Entre los delegados también había mucha oposición a los nombramientos.
El diputado Daniel Salvador, un militar, señaló que el gobierno podría aho-
rrar mucho dinero si retiraba sobre todo el nombramiento del Obispo de
Guayaquil. Pero otros insistieron en que los obispos eran indispensables
para el bienestar de las diócesis.
32
También los delegados aprobaron la peti-
62
PROCESOS 30, II semestre 2009
31. J. Lloyd Meacham, Church and State in Latin America: A History of Politico-
Ecclesiastical Relations, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1966; Derek
Williams, “Assembling the ‘Empire of Morality’: State Building Strategies in Catholic
Ecuador”, en Journal of Historical Sociology, vol. 14, No. 2, junio 2001, pp. 149-174.
32. García Moreno a Flores, 12 de enero, 1861, en Wilfrido Loor, Cartas de Gabriel
García Moreno, t. II, pp. 341-342; García Moreno a Antonio Borrero, 19 de junio de 1861,
01.Estudios:02.rubio/E 7/8/10 10:17 AM Page 62
ción de García Moreno para negociar un tratado comprehensivo, o concor-
dato, con el papa Pío IX.
Una controversia importante durante las negociaciones del concordato,
y que también se discutía en la asamblea, se centró en la asignación de los
ingresos generados por los diezmos. El delegado Tamariz puso en tela de
juicio la manera tradicional de asignar estos ingresos. Por ser bastante rica la
diócesis de Guayaquil, su obispo recibía una cantidad grande de los ingre-
sos, mientras el Obispo de Cuenca recibía una porción moderada y el Arzo -
bispo de Quito una cantidad menor. Otros estaban de acuerdo con el dele-
gado Miguel Egas al insistir en dejar la asignación de los diezmos en manos
de la Iglesia.
33
Durante los próximos dos años, la asamblea deliberaría varias
veces sobre las injusticias del sistema de los diezmos, y García Moreno ter-
minaría apoyando un plan para crear nuevas diócesis en Loja, Riobamba e
Ibarra. Al final, los delegados se quedaron contentos con un arreglo nego-
ciado que aumentó hasta el 50% de los ingresos de los diezmos retenidos
por el Estado. Por su parte, los delgados de Cuenca hablaron con vehe-
mencia contra la idea de crear un obispado en Loja con rentas cobradas en
Azuay. El diputado Francisco Arias de Loja refutó sus argumentos, soste-
niendo que Cuenca había tratado mal a Loja y que la provincia sufría de una
falta de administración espiritual”; causada en parte por los malos caminos
que hacían casi imposible cualquier comunicación con Cuenca.
34
A eso el
delegado Manuel Villavicencio, que había guardado silencio hasta ese punto,
notó con sarcasmo que si los malos caminos eran el criterio, su provincia,
Esmeraldas también merecía su propia diócesis.
35
Para ser una asamblea supuestamente dominada por los conservadores,
ocurrió un debate bastante franco sobre los fueros, esos baluartes de privi-
legio legal que disfrutaban militares y eclesiásticos. Miguel Albornoz, de
Ambato (provincia de Tungurahua), declaró anti-republicana la mera idea de
los fueros porque “va en contra del principio de la igualdad”.
Sorpresivamente, el general Flores también se expresó contra los fueros,
pero dijo que no podía apoyar su abolición porque la gran mayoría de los
delegados estaba a favor. Vicente Cueva notó que el fuero no era privilegio
divino porque el mismo Jesús se había sometido a Poncio Pilato. No obs-
tante, la mayoría de la delegación de Cuenca defendió los fueros con argu-
mentos prácticos y filosóficos. Manuel Cuesta advirtió que un juez de pri-
63
PROCESOS 30, II semestre 2009
en ídem, pp. 408-409; García Moreno a Ignacio Ordóñez, 10 de abril, 1861, en Loor,
Cartas…, t. III, pp. 59-60. Diario…, Oraciones de Salvador, p. 73; y Serrade, pp. 73-74.
33. “Oraciones de Tamariz, Mera y Egas”, en Diario…, pp. 487-494.
34. Oraciones de Borrero, Arias, Cuesta y Salvador”, en ídem, pp. 323-329.
35. Oración de Villavicencio”, en ídem, p. 329.
01.Estudios:02.rubio/E 7/8/10 10:17 AM Page 63
mera instancia tendría mucha dificultad al juzgar a un oficial mayor. Y los
conservadores más tradicionales sacaron el viejo argumento de que juzgar
curas y militares en cortes regulares les quitaría prestigio en la sociedad.
3
6
Al
final, el debate sobre los fueros continuaría en las negociaciones del con-
cordato, pero en la Constitución de 1861 no aparecía ninguna provisión
suprimiendo los fueros.
Otra discusión larga de los delegados se enfocó en el papel de los jesui-
tas en el Ecuador. Una de las primeras acciones tomadas por García Moreno
en 1850 fue convencer al gobierno marcista de que permitiera a los jesuitas
expulsados de Colombia entrar al país. Sin embargo, al cabo de dos años, el
presidente Urbina cambió de opinión y también los expulsó. A su salida for-
zada de Quito, García Moreno supuestamente hizo esta promesa a los curas:
“Adiós, en diez años a su vuelta estaremos celebrando un Te Deum”.
37
García Moreno luego cumplió su promesa, al autorizar a sus agentes en
Europa negociar un nuevo contrato para la orden. Los delegados de la asam-
blea entonces expresaron sus opiniones sobre el regreso de los jesuitas. AI
principio, varios delegados pidieron que la Asamblea aprobara el decreto de
García Moreno que restauraba los privilegios de la orden en cuanto al dere-
cho de tener propiedades y el permiso para enseñar y hacer trabajo misio-
nal en el Oriente. Había más énfasis en los abusos posibles de los jesuitas
que en sus posibles contribuciones al país. El diputado Tamariz preguntó:
“¿Qué van a comer? ¿Dónde van a vivir?” (si, como querían los delegados
Luis Albornoz y Borrero, les privaban el derecho de la propiedad). Aunque
la mayoría de los delegados (incluyendo a Arteta) valoró las contribuciones
de los jesuitas al sistema educativo y a los avances científicos, Luciano Moral
de Guayaquil los caracterizó de “inútiles” y despóticos” por los eventos
recientes en Nueva Granada y por su historia colonial en el Paraguay.
38
Pero
las palabras de Moral fueron rechazadas y el decreto de García Moreno se
aprobó, aunque serían varios años antes de que él y el Jefe de la Orden fina-
lizaran los detalles del contrato.
De todas las discusiones de la asamblea, tal vez la más interesante fue
aquella sobre la exclusividad del catolicismo, una provisión tradicional que
formaba parte de las constituciones anteriores. Era de esperar que tal provi-
sión estuviera incorporada sin debate en la Constitución de 1861. Pero, sor-
64
PROCESOS 30, II semestre 2009
36. “Oraciones de Miguel Albornoz, Cueva, Cuesta, Juan Antonio Hidalgo y Salvador”,
en ídem, pp. 415-423.
37. García Moreno a Roberto de Ascásubi, 6 de octubre, 1852”, en BEAEP, rollo 33;
Wilfrido Loor, Los Jesuitas en el Ecuador: su ingreso y expulsión, 1850-1852, Quito, La
Prensa Católica, 1959.
38. “Oraciones de Tamariz, Luis Albornoz, Borrero, Luciano Moral y Arteta”, en ídem,
pp. 135-149.
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presivamente, uno de los delegados habló en favor de suprimir la provisión.
Al proteger su argumento con repetidas proclamaciones acerca de su fe, Luis
Albornoz mantuvo que no era papel del Estado el garantizar una religión en
particular, y dijo que cualquier Estado que pusiera la religión en su consti-
tución sería un Estado tiránico. No obstante, los otros delegados, aun los
liberales, no veían ningún problema en la exclusividad de la fe católica. En
palabras del vicepresidente Cueva, la gente necesita religión”.
39
No
obstante, es interesante notar que se expresó la idea de la tolerancia religiosa
en la Asamblea, probando otra vez que el tono del producto final era más
moderado que conservador.
CONCLUSIÓN
La Constitución de 1861 se centró fundamentalmente, como casi toda
constitución, en temas políticos. Según Maiguashca, era un documento inno-
vador porque abrió de manera significativa el sufragio y otor el poder
regional a las provincias en vez de a los departamentos coloniales. Sin
embargo, tengo algunos problemas con tres de las conclusiones de
Maiguashca. En primer lugar, García Moreno no estaba en condiciones de
demandar un gobierno centralizado en 1861. Aunque era el líder que ejer-
cía más influencia sobre la coalición, aún no dominaba el gobierno del todo.
Como muy buen político, había hecho muchos acuerdos con los líderes de
Azuay y Loja durante la guerra civil, y los representantes de estas provincias
trataron, con algo de éxito, de hacer cumplir al gobierno esos acuerdos
durante la asamblea. En segundo lugar, el resultado final de la Constitución
era un gobierno bastante más descentralizado que lo que nos describe
Maiguashca, no tanto por el lenguaje del documento en como por la
maquinaria reglamentaria que dio forma a la nueva administración. Como
ejemplos tenemos el control regional de la educación y el control local de
impuestos que fue inscrito en la Ley de Municipalidades tras un debate feroz.
Finalmente, insisto en que las reformas electorales debilitaban mucho a las
élites de Cuenca e impactaban aunque en escala menor a las de la Costa
(donde los aliados de García Moreno, o sea los banqueros y cultivadores de
cacao, ejercían todavía mucha influencia). Por eso los delegados de Cuenca
se oponían a muchas de las decisiones políticas que prevalecían.
40
Al final
de cuentas, la Constitución de 1861 no era ni el documento totalmente cen-
65
PROCESOS 30, II semestre 2009
39. Oraciones de Luis Albornoz, Camilo García, y Cueva”, en ídem, pp. 133-135.
40. Juan Maiguashca, “The Electoral Reforms of 1861…”, pp. 109-111.
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tralizado que hubiera querido García Moreno ni la carta federalista que los
líderes regionales de Cuenca y Loja anhelaban. Tal vez ningún otro resulta-
do era posible, ya que los delegados decidieron reescribir la Constitución
anterior en vez de crear una totalmente nueva.
En fin, los delegados deliberaron las cuestiones fundamentales que defi-
nirían las décadas de 1860 y 1870, y tanto el lenguaje que usaron sobre las
formas del gobierno como el acercamiento general a las cuestiones políticas
eran moderados. La Constitución se declaró a favor de las libertades indivi-
duales, una meta central de los liberales decimonónicos, y prohibió la pena
de muerte para los líderes de las revueltas fallidas, para disgusto de García
Moreno. La opinión de éste reflejaba no solo su lucha por el poder sino tam-
bién la idea (que compartía con muchos otros delegados en 1861) de que
no había lugar para rebeliones armadas en la nueva era que había nacido.
Los constituyentes favorecían los planes liberales del desarrollo que promo-
vían el libre comercio. Intentaban recuperar los ingresos perdidos del tribu-
to con un programa que estimularía las economías de zonas deprimidas por
medio de la inversión, la construcción de carreteras y la inmigración euro-
pea. En cuanto a la cuestión central del papel de la Iglesia, los constituyen-
tes se volvían más conservadores, y reafirmaron las creencias tradicionales
sobre los diezmos, los fueros, los jesuitas y la exclusividad de la religión
católica romana. Pero ninguna de estas posiciones fue adoptada sin debate,
lo que destacó una vez más el carácter moderado de la Constitución de 1861.
Fecha de recepción: 24 abril 2009
Fecha de aceptación: 16 julio 2009
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PROCESOS 30, II semestre 2009
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